Hace
muchos años me impresionó la lectura de
aquel libro del joven Kennedy titulado: “Perfiles del valor”. En esa obra reunía una serie de admiradas
figuras de la historia política norteamericana que en momentos de gravedad se atrevieron a
tomar medidas aún a riesgo de la impopularidad, convencidos de que a la larga
servían al interés general de su país.
Sin
lugar a dudas se necesita coraje cívico para este comportamiento y por cierto,
el exigir sacrificios no es de lo que se espera los mejores aplausos ni
euforias de los que son invitados a realizarlos. Entiendo que la virtud cívica de una
sociedad se demuestra en esas coyunturas
y en la asunción de los mismos. El
recuerdo inevitable de Churchill y el comportamiento del pueblo británico
ciertamente en circunstancias excepcionales como los de la guerra, lo
testimonian indubitablemente.
Ahora
bien, los sacrificios deben ser equilibrados con el compromiso de las
recompensas futuras porque en caso contrario estaríamos ante esa gran
injusticia del reparto desigual y de la acumulación asimétrica.
En el
plano privado es el caso de las empresas que exigen a sus trabajadores
sacrificios tanto en los salarios como en el tiempo de actividad para aumentar
la competitividad sacrosanta y la supervivencia empresarial, durante las vacas
flacas pero cuando llega el rebaño engordado
son sólo los beneficios de los propietarios, accionistas y gerentes los
inflados por estas ubres renovadas y hay una gran facilitad de amnesia y olvido
sobre aquellos sacrificios exigidos en las horas difíciles.
Algo
parecido podríamos decir en el plano de la vida pública respecto a la
obligación del Estado, una vez recobrados los equilibrios financieros,
presupuestarios y de déficit, por
compensar a los ciudadanos en el aumento de los servicios públicos, en las prestaciones de subsidios y pensiones
y en general en otorgarles la palabra, más allá del simple derecho de voto,
para oír sus reclamos y reivindicaciones.
Este equilibrio y compromiso debiera ser sacrosanto.
Hay
sacrificios, sin embargo, que no se comprenden: mantener la gran
injusticia de esas hipotecas que se siguen cobrando después de que la banca
acreedora se ha quedado con la vivienda pagada ya en parte y de la que han sido
desahuciados las personas que en ella vivían y a las que el paro ha llevado a
no poder seguir abonando los plazos, o el socorro a una banca gestionada
desastrosamente cuando no deshonestamente.
El Estado lo que debiera
garantizar prioritariamente son los ahorros de los ciudadanos, sorprendidos en
su buena fe y perseguir con todos los instrumentos legales, por medio de la
justicia, a los banqueros incompetentes
y aún más defraudadores.
Por
otro lado, la hora presente exige imaginación, espíritu innovador y audacia en
las decisiones si queremos revertir ese fatalismo de la recesión rampante y el
paro galopante.
El
problema afecta incluso a países que pretenden estar protegidos ante esta
crisis y resulta significativo que un destacado intelectual de izquierdas como
Jacques Attali escribiera este verano que Francia se encuentra al borde de una
profunda recesión con el agravamiento del desempleo y la deuda pública y que
ello exigía audacia para poner en práctica numerosas reformas de poco coste que considera imprescindibles para generar crecimiento. Señala Attali en ese artículo cuyo título es
reproducido en el mío, “L´audace par nécessité” (Véase L´express, nº 3190, 22 de agosto de 2012), que si tales iniciativas no se aplican mediante un acuerdo de todos, nos serán impuestas brutalmente por
los acreedores.
Hay una
docena de estas medidas, sin orden de importancia, que son las que siguen:
1.
Reducir el número de
colectividades territoriales, confiando las actuales responsabilidades de los
Departamentos a otras aglomeraciones urbanas
2.
Reformar la escuela
primaria desarrollando una enseñanza apropiada para reducir el fracaso escolar.
3.
Rescatar de las manos de
los Alcaldes el poder de atribuir los permisos de construir para dar al Estado los medios de liberar los
espacios destinados a la construcción y aumentar masivamente la altura de los
inmuebles en las grandes ciudades.
4.
Reducir a 20 el número
de Ministerios y Ministros, para disminuir el número de autoridades gastadoras
y reagrupar sus servicios.
5.
Prohibir toda
publicación de un nuevo Decreto o una circular que no sea acompañada por la
supresión de, al menos, dos veces más de reglamentaciones existentes.
6.
Concentrar
prioritariamente las inversiones en infraestructuras sobre aquellas que unen
las zonas urbanas a los grandes puertos marítimos y fluviales.
7.
Crear empleos de chófer
de taxi, aprobando por todo el país, numerosas nuevas autorizaciones, dando
prioridad a los asalariados de las compañías.
8.
Crear empleos de
peluqueros a domicilio, liberalizando las condiciones de acceso a esta
profesión.
9.
Vincular los oficios de
Notario y Abogado en una gran profesión del Derecho.
10.
Suprimir las docenas de
“Altas autoridades” y otras “Comisiones permanentes” que no hacen en lo
esencial nada más que retardar las decisiones públicas, sin tener ninguna utilidad
social.
11.
Reducir masivamente el
número de Centros de gestión de viviendas protegidas, (offices HLM) fusionando aquellos que ya no construyen, con
sus vecinos más dinámicos. Igualmente en
relación a las Cámaras de Comercio y a todos los organismos gestionadores de
tasas parafiscales.
12.
Utilizar los enormes
recursos, hoy malgastados, de la formación permanente, para la conversión de
los parados y de los asalariados amenazados de perder su empleo.
Attali
reconoce que estas medidas serán impopulares y que diversos grupos de presión
como los Colegios Profesionales o los electos locales serán claramente hostiles
a estos cambios, pero la democracia deberá salvarse frente a estos intereses.
Podremos
estar más o menos de acuerdo en tales
propuestas, aunque lo que resulta evidente es la necesidad de transformaciones
audaces para salir de la crisis.
Hace
más de 25 años – y no quisiera desempeñar ese papel de profeta a posteriori- en
un texto que después refundí en mi ensayo: “El retorno de Ulises” ya escribí
sobre el necesario saneamiento del sistema económico que tiene que apoyarse en
el fomento de los condicionantes para el trabajo creador, en la apertura de las
oportunidades creativas de todos los hombre y no sólo de unos pocos, lo cual
beneficia a toda la comunidad y alimenta la armonía y la eficiencia del grupo
trabajador.
El
miedo a la lógica del determinismo tecnológico que legitima bajo el imperio de
la competitividad cualquier bajada de salarios y endurecimiento de las
condiciones de trabajo viene de una pretensión monopolística del uso de esas
tecnologías sólo por los detentadores privados, y no un uso social de las
mismas.
Del
mismo modo hay una degradación del método asistencial ya que la situación social del paro humilla y
rebaja la dignidad de la persona convirtiéndola en un objeto inútil y pasivo
del asistencialismo colectivo. Convertir
a todos aquellos desempleados en agentes libres de tareas de reagrupamiento
social, de equilibrio humano, de autoorganización social, de protección a los
ancianos, de salvaguarda del niño, de mejora en la educación, de equipamiento
de los entornos, urbanos o rústicos en los que vivimos, de repoblación
forestal, de animación cultural. En fin,
un conjunto de tareas comunitarias fundamentales y decisivas en esta sociedad
del no trabajo industrial y apoyadas en el uso social de las nuevas tecnologías, que son de todos y para todos.
Del
mismo modo, hemos reivindicado aquellos programas ILE, iniciativas locales de
empleo, por el que se ponen recursos públicos financieros para microcréditos a
la vez que tutelaje de factibilidad y de diseño por expertos que apoyen iniciativas de microempresas, de
jóvenes o veteranos tanto en proyectos que no exijan alta tecnología, tales
como mudanzas, jardinería, etc como para proyectos innovadores que aporten ideas creativas y
renovadoras pensando especialmente en el desempleo de los jóvenes profesionales recién salidos de su formación académica.
Hay una
sordera y una ceguera de los poderes públicos para las ideas renovadoras. Hace ya bastantes meses nos hicimos eco en La
Hora de Mañana del libro del Profesor Francisco Parra Luna titulado :”El paro
permitido” una alternativa para salir de la crisis” – que puede aún consultarse
en nuestras páginas- y que era la continuación de un libro –informe de un
equipo académico más amplio en el que el Prof. Parra Luna era uno de los
coordinadores, con el fin de salir de la crisis y fijar un modelo para la
creación de empleo, teniendo en cuenta la relación entre necesidades y valores
y recursos financieros que a veces se ignora su existencia.
¿Cómo
es posible que iniciativas de este calibre con la que sería perfectamente
posible reducir el paro de España a la mitad no se tengan en cuenta?
Una de
las claves es ciertamente las anteojeras del pensamiento ortodoxo y el miedo a
innovar de los dirigentes de nuestro país que son muy atrevidos con las
palabras en la oposición y muy conservadores en el poder.
Otra
clave es el juego de los intereses y el papel de los grupos de presión al
servicio de esos intereses que fuerzan a tomar medidas que les favorezcan aún a
riesgo de perjudicar a las grandes mayorías.
El
sociólogo Manuel Castell, citado por Parra Luna en su libro, decía en una entrevista
en 2006: “en ese momento aún creía que servía para algo hacer recomendación a
los políticos, ahora ya no lo creo, sólo sirve si los políticos ya lo piensan, es decir, si piensan algo y
entonces hay un informe científico que corrobora su opinión. Quizás es lo normal porque la política está
determinada en función de la política y no en función de la ciencia.”
Tal vez
se necesita un enorme griterío de ese pueblo lacerado por la crisis para destapar los sordos oídos de la clase política dirigente.
Tal vez
se necesita la emergencia de un liderazgo que una a la lucidez de la cabeza la
fortaleza del corazón y que no tenga miedo a la impopularidad de lo justo y el
coraje para enfrentarse tanto a los demagogos como a los egoístas.
