Lunes, 18 de Octubre de 2021
<<A la búsqueda de esa hora futura en la que la libertad sea protagonismo de los ciudadanos>>
Artículos - Editorial - El búho ante el espejo
28/09/2021

La Transición democrática española: una epopeya de nuestro tiempo


por Antonio Colomer Viadel


"Se trata de un homenaje a los hombres y mujeres que apostaron por la convivencia , la reconciliación,la concordia y el consenso desde el respeto al pluralismo democratico en nuestro pais".

Tras la muerte de Franco (20-11-1975) la tensión entre los que querían, a toda costa, la continuidad del Régimen, y los partidarios de homologarnos con los países democráticos para integrarnos en Europa aumentaba de forma creciente. Ahora bien, era patente que una mayoría social apostaba por esta última opción, pero sin riesgos para la paz y con el temor de la tentación de ruptura que provocara un enfrentamiento violento. Con distintos grados la tesis reformista era, pues, mayoritaria y la ruptura, una alternativa teórica pero no dominante.

El impulso desde la Jefatura del Estado para ese cambio y el paso de una Monarquía de plenos poderes, heredera del Régimen franquista, a una Monarquía parlamentaria y democrática, fue decisivo.

La habilidad para utilizar los mecanismos del Régimen para llevar a la Jefatura del Gobierno a partidarios de esta tesis reformista fue un paso fundamental con el nombramiento por el Rey de D. Adolfo Suárez como Jefe de Gobierno el 3 de julio de 1976.

Después de esta operación política en la que la participación de Torcuato Fernández Miranda, antiguo profesor del Rey D. Juan Carlos, y nombrado por éste Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino (1975-1977), fue fundamental; la otra estrategia política decisiva fue utilizar otra Ley Fundamental, la llamada Ley para la Reforma Política al objeto de cambiar el sistema de Leyes Fundamentales.

Se trataba de sustituir el viejo Régimen mediante una Ley con la piel formal del antiguo sistema, pero con un espíritu y cuerpo en el que se incluía la soberanía del pueblo, la primacía de los derechos humanos y la posible convocatoria democrática de elecciones libres.

Este sutil malabarismo jurídico fue elaborado en principio en una base de Fernández Miranda y manejado después por el Gobierno Suárez, con gran habilidad para convencer a las Cortes franquistas que aprobaran una Ley fundamental que implicaba la anulación del antiguo sistema.

Adolfo Suarez y su equipo se emplearon con astucia e ingenio, en conseguir que esta Ley para la Reforma Política se aprobara el 18 de noviembre de 1976 por 425 de los 531 Procuradores de aquellas Cortes.

El sistema de Leyes fundamentales exigía –y además convenía políticamente- que se celebrara un Referéndum nacional de ratificación que tuvo lugar el 15 de diciembre de ese año, 1976. La participación fue del 77% del censo y un 94,17% de votos a favor, en el conjunto del país.

 

La oposición, aún no legalizada, recomendó la abstención desde la Coordinación Democrática y la Plata junta, tal vez aun pensando en la tesis de la ruptura, sin comprender bien la apuesta popular por un cambio profundo, pero sin riesgos para la paz y estabilidad social.

Una vez aprobado el Referéndum, quedaba abierta la vía para legalizar los partidos políticos, convocar elecciones y aprobar una nueva Constitución democrática.

No sería ello sencillo una vez publicada la Ley 1/1977, de 4 de enero –Ley fundamental para la reforma política- y este año iba a ser verdaderamente decisivo para superar obstáculos y aprobar los cambios institucionales, pero era también necesario la presencia de personajes protagonistas de la vida política partidarios de acuerdos y consenso en esta gran tarea transformadora.

Muchos años más tarde, y ya fuera de la política, Adolfo Suárez escribiría, en 1995, “la estrategia de la reforma política implicaba dos tácticas y dos tratamientos distintos: uno para los grupos que pretendían la continuidad del Régimen anterior, otro para las fuerzas políticas de la entonces denominada oposición. Ambos caminos debían converger en la aprobación de una constitución elaborada entre todos para que a todos sirviera. Los primeros tenían que aceptar la dialéctica de la reforma política y eso suponía tres decisiones: Amnistía que permitiera la reconciliación de todos los españoles; legalización de todos los partidos políticos y sindicatos, y aceptación de unas elecciones generales libres, único medio para que el pueblo español recobrase su soberanía y expresase su voluntad"[1].

La importancia de este punto de partida y las consecuencias que arrastró para construir el proceso de la transición lo define muy bien Ramón Tamames cuando habla de los cuatro documentos básicos de esa transición: 1º. La Ley para la Reforma Política, 2º. El reconocimiento y legalización de los partidos políticos y las elecciones Generales del 15 de junio de 1977. 3º Los Pactos de la Moncloa y 4º. La Constitución de 1978.

Tamames me escribía diciéndome que estos cuatro documentos o hitos fueron los que permitieron alcanzar nuestro compromiso histórico y un amigo italiano le decía que fue lo que no consiguieron Aldo Moro y Enrico Belinger, en Italia, para el “Compromesso storico”.

En este año 1977 tuvieron lugar una serie de acontecimientos decisivos para este proceso histórico y el papel de alguno de sus protagonistas más fundamentales.

El 24 de enero se produce el asesinato de tres abogados laboralistas y otros 5 fueron heridos en un despacho de la calle Atocha de Madrid. Eran miembros del Partido Comunista y al servicio de Comisiones Obreras.

El 26 de enero se celebró una gigantesca manifestación en repulsa de estos asesinatos, con gran orden, y en un impresionante silencio, lo que demuestra la actitud conciliadora de la dirección del partido, aún ilegal, y de su secretario General, D. Santiago Carrillo, de no romper el orden público. La legalización de este partido después de los anteriores de la oposición, el famoso Viernes Santo de aquel año, supuso la aceptación por el mismo del Régimen constitucional existente y de los símbolos patrios también existentes. El 13 de mayo llegó a Madrid Doña Dolores Ibarruri, la gran figura simbólica del partido comunista ya legal que, para culminar ese simbolismo, sería la Presidenta de Edad del Congreso que se inauguró tras las Elecciones del 15 de junio de 1977.

 

Adolfo Suárez convocó Elecciones Generales parlamentarias por el Real Decreto 679/1977, de 15 de abril.

Y por Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se anularon todos aquellos delitos de presos políticos, sedición, rebelión, en su mayor amplitud para que nadie tuviera que mirar hacia atrás y se pudiera compartir una nueva etapa de vida política y social española.

El 23 de octubre regresó a Barcelona D. Josep Tarradellas como Presidente de la Generalitat, lo que había sido durante muchos años en el exilio, así como Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya. Había negociado con el Presidente Suárez la aceptación del Régimen constitucional vigente. Y pronunció la famosa frase al presentarse desde el balcón de la Generalitat: “Ciutadans de Catalunya, ¡ja soc aquí!” con una voluntad integradora y no discriminatoria para todos los que vivían en Cataluña. Tarradellas sería otra de esas figuras admirables, valedor de la importancia del acuerdo y el compromiso histórico, y denunciador, uno de los primeros, de la corrupción sistemática e institucional que surgió en Cataluña tras su mandato y el largo período de Jordi Pujol.

El 25 de octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa en los que los dirigentes de los partidos políticos de todo el arco parlamentario acordaron medidas para superar la gran crisis económica y social y se adelantaron acuerdos sobre derechos y libertades, que después se incorporarían a la Constitución del 78, aprobada finalmente el 31 de octubre de 1978 por el Congreso de los Diputados por 326 votos afirmativos, 6 negativos y 13 abstenciones. Tras su paso por el Senado, en el Referéndum Nacional de 6 de diciembre, fue finalmente aprobada por una amplia mayoría de los ciudadanos. El 29 de diciembre, el Presidente Suárez disolvió las Cortes y convocó Elecciones Generales para el 1 de marzo de 1979.

En este proceso tuvieron un papel fundamental Alfonso Guerra y Felipe González al frente del Partido Socialista, que a partir de 1982 gobernarían durante un amplio período. Guerra, en sus Memorias[2], hace un amplio elogio de Adolfo Suárez e incluso corrige algunos juicios suyos, que en la pasión del debate político, habría emitido, y en una entrevista reciente en la prensa, (El Mundo,21 de mayo 2021), incluso, confiesa: contra la opinión de muchos al inicio del Gobierno Suárez, la editorial de El Socialista de 1975, en la que se señalaba a Suárez como una oportunidad, que lo había escrito él.

En la versión definitiva de la Constitución, también su negociación con Fernando Abril Martorell, sería decisiva, insistiendo en que no se podía hacer una Constitución para media Cámara, para media España.

Hay dos frases en esa última entrevista que estamos citando sobre el pacto y el consenso, también muy esclarecedoras: 

“Hay una generación política a la que no le gusta el pacto porque entiende que el pacto es ceder, entregarse. Y no es verdad. Cuando ceden todos, no cede nadie. El pacto es lo que ha traído cuarenta años de derechos, libertades y prosperidad que no habíamos conseguido nunca”.

“Confunden el consenso con la unanimidad. La democracia es opción. Tiene que haber distintas opciones. En tres materias debe haber consenso: Ley electoral, Diseño Constitucional y compromiso contra toda violencia. En todo lo demás, debate. La vida es conflicto, lo que tiene que haber son cauces para resolverlos”.

 

Sin lugar a dudas, Felipe González contribuyó a este consenso desde un Partido Socialista cuyas aristas más radicales consiguió eliminar e hizo que el partido desempeñará una posición centrista dentro de la izquierda, lo que le llevó al triunfo espectacular de 1982. 

Una realidad dramática de este momento histórico fue la violencia de ETA y su reguero de muertes, pero posiblemente ayudó a integrar a los demócratas de distintas tendencias coincidentes en la condena del terrorismo. 

A la hora de evocar el espíritu de concordia viene siempre a la memoria esa frase atribuida a Voltaire, desiderátum del respeto mutuo: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Al parecer, en realidad, esta frase es de Evelyn Beatriz Hall, autora británica de la biografía titulada: “Los amigos de Voltaire” (1906).

Debemos entender el valor ético y político de vivir juntos los distintos, y destacar lo que tenemos en común. Es evidente que esa coincidencia en temas fundamentales –a la que aludía Alfonso Guerra- se puede ampliar a más temas de bien común. Recuerdo hace años en Colombia, en medio de aquella situación terrible de guerra civil permanente, cuando visitaba la Federación de Vecinos leí una frase central de su convivencia estimulada en el ámbito local: “sean cuales sean nuestras ideas, construimos compartidamente en beneficio de nuestra comunidad inmediata”.

Otro testimonio notable es el de Luis Antonio de Villena, que en una entrevista en el Diario El Mundo, de 3 de julio de 2021, y en su ensayo titulado “La tercera España”, aludía a superar el enfrentamiento contumaz de las dos Españas y ese fue el intento de la Transición, acabar con las dos Españas, aunque tal vez con excesivas concesiones a los nacionalismos.

“La tercera España es una forma de intentar que todos quepamos…”

En relación con el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y el asalto al Congreso, hay una versión teatral de “Anatomía de un instante”, el ensayo de Javier Cercas, realizado por Alex Rigola, que constituye un buen testimonio.

Se trata de la observación de un instante, el cómo se quedan sentadas tres personas (Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y el General Gutierrez Mellado) durante un tiroteo en el Congreso y pasamos a la observación de lo que pasó esos días y lo que representó la Transición, ejemplo de legitimidad democrática.

Suárez, en cierto momento se opuso a las decisiones del Rey. Pensaba que la democracia debía ser de una manera y que el rey no debía involucrarse políticamente. Es una decisión más fuerte, señala Rigola, que el hecho de no esconderse de las balas durante el golpe. Apunta también que al Rey se le trata de forma ambivalente: se reconoce el mérito de parar el golpe, pero se señala cómo ya se había extralimitado en la neutralidad de su cargo.

Este espíritu de concordia y acuerdo no sólo tuvo la enemiga del terrorismo, sino también de aquellos para quienes todo acuerdo es una traición. Ya Luis Alberto de Villena, en la referencia anterior, recogía una cita de Gil Albert, “un líder de un partido político no quiere triunfar sobre su opositor, sino verle morder el polvo”. Pero ahora no se trata de enfrentamientos entre personajes sino de revanchas de grupos sociales amplios que quieren invertir de cualquier modo la realidad, y del riesgo de que esta dialéctica crezca y emponzoñe nuestra estabilidad social.

 

Un ejemplo destacado de esta tendencia lo representa Alfredo Grimaldes, cuando publicó “la sombra de Franco en la Transición (Oberón, 2004). Sobre aquel período señala: “Fue un proceso que se cerró en falso. Las direcciones de los partidos de izquierda cedieron a las presiones de los franquistas que dirigieron el cambio y dejaron reivindicaciones elementales de lado. La derecha siempre conservó el control sobre la economía y los aparatos del Estado, incluso durante los gobiernos de Felipe González”.

La conclusión evidente era la exigencia de invertir esta situación de cualquier modo y reconstruir "su justicia histórica".

Hay que recordar que Adolfo Suárez intentó retirar la dimisión de la Presidencia del Gobierno, pero finalmente no se lo permitieron y entonces decidió fundar un nuevo partido: el Centro Democrático y Social (CDS), con lo que se propuso emprender una nueva transición en la búsqueda de cambios más profundos, y desafiar a aquellos poderes económicos que actuaban como unos órganos no institucionalizados, pero muy poderosos en la influencia sobre las instituciones. Así como a los sectores más reaccionarios, tanto de la Iglesia como de las Fuerzas Armadas. Suárez creía que su popularidad `podía transformarse en votos con esta finalidad. Pero se enfrentaba a un cerco político y económico despiadado de tales poderes y también a una opinión pública que, reconociendo el valor de su trayectoria, le preguntaba por qué no había contado al pueblo español la causa de la renuncia a la Presidencia del Gobierno y quién le forzó a ello, no entendiendo su explicación de que lo había hecho para que no se interrumpiera en España la reciente democracia.

En aquel período tuve una relación más intensa con el Presidente Suárez y asesoré al CDS, lo cual he reflejado en un artículo publicado tras su fallecimiento en “El Diario de Ávila”, el 13 de abril de 2014, con el título: “Adolfo Suárez, el caballero sin tacha y sin miedo”, donde intento explicar alguna de esas claves y mi juicio valioso sobre el personaje. Por ello lo incluimos en la sección de Noticias, tras la principal, que es la concesión este año del Premio Gigante del Espíritu, a título póstumo, a D. Adolfo Suárez González.

En esta historia de la Transición hay también claroscuros y uno de ellos es el de la corrupción, en donde se entremezclan política, actividad económica, obras públicas, financiación de los partidos y codicia individual.

Siempre pensé que la legislación sobre la financiación de los partidos políticos debió ser más precisa y exigente. La necesidad de recursos económicos para las elecciones supuso, al principio, pedir ayudas a las entidades financieras, incluso a grupos políticos externos pero afines y a toda clase de donantes que tendían a ser compensados con facilidades para distintas tareas y obras que dependían de la administración.

Del mismo modo, los recursos limitados de los Ayuntamientos y la necesidad de éstos de emprender obras públicas, realmente necesarias, y también para el prestigio de los políticos que lo regían, fue una fuente, en algunos casos, de entrega de concesiones administrativas o de suelo y, de este modo, se suplían las insuficiencias financieras de estos entes locales. Luego fueron apareciendo, no ya los beneficiados institucionales, sino los casos de codicia individual, e, incluso, la corrupción institucional y sistemática como la que se adelantó a denunciar en Cataluña José Tarradellas en el largo período de Gobernanza de Jordi Pujol.

 

Sería injusto, sin embargo, afirmar que éste era un fenómeno universal y generalizado, aunque tampoco era excepcional y episódico.

En el ambiente de aquellas vísperas de las primeras elecciones democráticas de 1977, alguna prensa, ante el desbordamiento de candidaturas, se refería, un tanto despectivamente, a una “sopa de letras”.

En realidad, era una euforia también desbordada ante la fiesta de la democracia recobrada que tantos querían protagonizar, sin ser conscientes de la desigualdad de recursos: los grandes, con facilidades financieras, ya fueran bancarias o de poderosos donantes y los pequeños, protagonistas efímeros sin presencia, más allá de la semiclandestinidad.

En el prólogo al libro “Una solución de izquierda para España”, de Vicente Pérez Sadaba, que edité también en aquellas vísperas electorales y firmé como secretario de la Federación Laborista que se presentaba a las elecciones, ya escribí que esa discriminación de desigualdades existente estaba ensombrecida por el optimismo participativo.

También en el prólogo apuntaba, con anticipación, la necesidad de la exigencia ética en los comportamientos de aquellos que querían inducir al pueblo a optar por determinados caminos. Esta intuición iba a esclarecer toda la trayectoria de la Transición, y la pugna entre los sujetos éticos y los maquiavelistas cínicos, codiciosos de poder, a su servicio, unos, y avariciosos de riquezas, otros.

Ojalá el instinto de justicia y libertad –que allí también afirmé- existe en el hombre, no se logre acallar.

Proyección en Iberoamérica

No sólo incluyo este apartado por la decidida vocación iberoamericanista de nuestra Revista, en donde escriben autores de ambas orillas del Atlántico, sino porque en aquellos años posteriores a la aprobación de nuestra Constitución de 1978 era muy evidente, para los que viajábamos con frecuencia por los países de Iberoamérica, el impacto que en aquellas sociedades se había producido por la incorporación a una democracia plena y un Estado de Derecho en nuestro país, acompañado de un desarrollo acelerado en los años siguientes.

El prestigio de los Presidentes Adolfo Suárez y Felipe González, así como el del Rey Juan Carlos, en sus viajes por estas tierras, y la puesta en marcha de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, así lo demuestra. Un caso concreto de interés es que la institución del Defensor del Pueblo de nuestra Constitución se iba a reproducir en varias de las Constituciones latinoamericanas que se aprobarían o se reformarían en los años sucesivos.

Hay algunos casos que, tal vez por haber sido testigo presencial, quiero citar como ejemplos significativos y además se reflejan en artículos publicados en este número.

En marzo de 1986 fui invitado a Chile para dar una serie de conferencias sobre la Transición Española y nuestra Constitución de 1978, hasta los primeros días de abril de aquel año, por el Grupo de Estudios Constitucionales de Chile, por vía de mi amigo Juan Guillermo Espinosa. Este Centro es el nombre que tomó el Grupo de los Veinticuatro, creado en 1978 como oposición a la dictadura del General Pinochet. En aquellas fechas de mi llegada se decía que en Chile era donde mejor se veía el paso del cometa Halley, y los estudiantes chilenos habían convocado una concentración por la noche en la Plaza de Italia para ver pasar el cometa y pedirle que se llevara en su cola al Capitán General Pinochet.

 

La composición de ese Grupo de Estudios Constitucionales estaba formada por dirigentes de alto nivel de todo el arco parlamentario, entonces ilegalizado, muy interesados por la experiencia española.  Tuvieron una actuación decisiva para aunar todas las posiciones contrarias a la dictadura ante el plebiscito nacional que se iba a celebrar el 5 de octubre de 1988, con la pretensión de que Pinochet siguiera hasta 1997, una vez terminado su previsto mandato. La sorpresa fue que el resultado dio un 44% de síes y un 55,9% de noes.

Ello provocó que se tuvieran que convocar Elecciones presidenciales para el año 1989 y que nuestros amigos del Grupo de Estudios Constitucionales, y los dirigentes de todos los partidos de oposición, constituyeran la Concertación de Partidos por la Democracia, para presentar un único candidato en nombre de todos ellos; lo que llevó a que fuera elegido presidente de la República D. Patricio Aylwin, máximo dirigente de la Democracia Cristiana, respaldado por la Concertación de la que formaban parte también los partidos socialista, comunista, radical y otros menores. Este predominio de los candidatos de la Concertación se repitió años después, aunque con candidatos de otros partidos como el socialista. Era el comienzo del fin del régimen cívico-militar en donde el consenso había sido decisivo para que venciera la oposición.

También reflejamos en este número la experiencia de Colombia y el acuerdo para la paz entre el Gobierno conservador y las guerrillas para que terminara aquella guerra civil encubierta de medio siglo. La firma, hace pocos años, de ese acuerdo no deja de ser la de un gran pacto histórico, pese a que algunos grupos se resistan a desarmarse, y siempre interfiere el problema del narcotráfico en esta terrible realidad colombiana. El académico D. Rodrigo Llano se pregunta" ¿Es posible la paz en Colombia? "

No puedo dejar de citar el caso de El Salvador que, tras una guerra civil cruel (1979-1992) firmó la paz y ya, a principios del siglo XXI, el Fons Valencià per la Solitaritat que agrupa a Ayuntamientos valencianos con tareas de cooperación al Desarrollo, en especial en municipios de América Latina, puso en marcha el Programa Ágora en colaboración con Comunes, Agrupación de Municipios Salvadoreños, ISDEM, Institución pública de aquel país en el ámbito local. Se trataba de elaborar un anteproyecto de la carrera administrativa municipal, a fin de que, en aquel país, se accediera a la condición de funcionarios imparciales y estables en vez de que, con cada cambio de regidores políticos en los Municipios, se sustituyera casi al completo la plantilla de trabajadores municipales. 

El proceso fue bastante largo y recibimos varias veces en Valencia a Alcaldes y Concejales de aquel país y también viajamos al mismo, en mi caso como asesor constitucional. Recuerdo que en uno de esos viajes cenamos con los dirigentes de casi todos los partidos parlamentarios que hasta no hacía mucho se habían enfrentado a tiros en la guerra civil. Fue impresionante que todos ellos, de tendencias muy diferentes y enemigas, proclamaran que estaban dispuestos a aprobar en la Asamblea Legislativa el proyecto de carrera administrativa municipal que les propusimos. Finalmente, por Decreto legislativo de 29 de abril de 2006 se aprobó y entró en vigor el 1 de enero de 2007.

 Fue, por lo tanto, otro triunfo del consenso político para acordar medidas de interés general y común que todos pueden compartir. Es cierto que ha habido algún retroceso cuando se ha excluido tanto a los secretarios municipales como a los tesoreros municipales, en 2009, de este régimen de funcionario público.

Incluso hemos incluido una comparación entre la Transición Italiana y la Transición Española.

En los libros y revistas encontramos un testimonio sobre el que fue el gigante político vencedor de las primeras elecciones democráticas, la Unión de Centro Democrático, el libro de Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona titulado “Triunfo y desbandada del centrismo” (1978-1983), reseñado por José Manuel Canales, y cuyo título ya expresa esa contradicción entre ambas situaciones. Y una experiencia mucho más pequeña, la del laborismo en España que se relata en el prólogo mío al libro, ya citado, de Vicente Pérez Sádaba. 

No puedo dejar de citar la importancia de las colaboraciones de aquellos que fueron protagonistas de la Transición: entre las entrevistas la realizada abriendo la Experiencias Vivas a Joaquín Galant, diputado de Alicante en las primeras Cortes Legislativas, por Alfredo Ramírez; y las diseñadas por José Manuel Canales a Eugenio Nasarre y Bernardo Rabassa y a la profesora Adela Romero, ésta desde una perspectiva posterior. En forma de artículo propio escriben otros protagonistas: Manuel Mella y Ramón Tamames y sobre la figura del profesor Fuentes Quintana hay otro trabajo valioso.

Algunos otros se excusaron o no respondieron. En todo caso, se trata de una fuente fundamental.

En la portada hemos contado con el regalo excepcional de la imagen titulada “Transición”, de esa gran artista que es Adriana Veyrat, gracias a la intermediación de su madre, la también excepcional poeta, y amiga entrañable, Clara Janés.

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Al final siempre se añade una nota triste pero que es de justicia recordar: A lo largo de este año, en concreto el 13 de marzo de 2021, falleció Juan José Sanz Jarque, en Madrid. Era miembro del Consejo de Redacción desde los inicios de la Revista. Nacido en Castel de Cabra (Teruel),habia cumplido 99 años.

Fue Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia de Economía Agraria, luego de la Universidad Complutense de Madrid y también Rector de la Universidad Católica de Ávila. Siempre colaborador entusiasta y militante cooperativista sincero (q.e.p.d.).  



[1] VVAA. “La Transición. Memoria Gráfica de la historia y sociedad española del Siglo XX”. El País, 7, Madrid, 2006, p. 116.

[2] Memorias de un socialista sin fisuras. Editorial Planeta, Barcelona, 2013. Pp. 415-422.

 

 






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