Martes, 26 de Septiembre de 2017    
 
14/03/2016 [[Sociedad]]
La democracia se construye con verdad y con justicia (Argentina)
Historia por la verdad, la memoria y la justicia Ante el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina
por Textos destacados

Nota introductoria: Con una diferencia de poco más de tres meses, hemos recibido dos manifiestos de académicos, investigadores y profesores argentinos distintos pero con una sintonia común: la reeivindicación de la verdad, la justicia y la democracía frente al terrible recuerdo de los años negros de la dictadura y sus desapariciones en Argentina.

Los publicamos en el orden en el que nos llegaron: uno el 23 de septiembre de 2015 y otro el 22 de febrero de 2016, acagoiendolos y apoyando su espíritu compartido para que nunca más sucesos tan terribles ocurran en aquel país y en ningún otro.

La democracia se construye con verdad y con justicia

En nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el CONICET y en diversas universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversas ámbitos académicos – la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés- y la prensa gráfica –el diario La Nación- que relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora.

Consideramos que en la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos y de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar que procuró eliminar la disidencia política con el orden social establecido.

Pensamos que las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional. La CONADEP constituyó la primera comisión de la verdad exitosa a escala global, el Juicio a las Juntas estableció la existencia de un plan represivo, sistemático e ilegal, restauró la dignidad de las víctimas al reconocer su condición de sujeto de derecho y repuso a escala internacional a la justicia penal como herramienta para procesar las violaciones a los derechos humanos; se otorgaron reparaciones económicas y simbólicas, diversos lugares emblemáticos de la represión fueron instituidos como sitios de memoria y este pasado forma parte del currículo educativo. En ese marco se inscriben los juicios actuales en los que algunos de nosotros hemos intervenido en calidad de peritos, testigos o mediante otras maneras a requerimiento del poder judicial. Los juicios en curso, en los cuales los acusados gozan de todas las garantías legales, comenzaron a poner fin a una situación de impunidad contraria al derecho nacional e internacional y reconocieron nuevamente la dignidad de los afectados. Su efecto no ha sido sólo punitivo. Pusieron en evidencia la materialidad de la represión en provincias que se imaginaban al margen de los crímenes de Estado, iluminaron complicidades corporativas e identificaron la sistematicidad de las violencias sexuales padecidas por las/os cautivas/os en los centros clandestinos. En síntesis, consideramos que los juicios forman parte de un conjunto de políticas públicas que deben y merecen ser continuadas.

Como investigadores de la historia reciente sabemos que la elaboración de la verdad no se agota en la que producen los tribunales. Asimismo, entendemos que corresponde que la voluntad y la acción del Estado en esta materia se mantengan al margen de todo uso partidario, sectario o clientelar. El acceso a los archivos públicos de la represión, reconocido en las disposiciones que los constituyeron, no puede ser arbitrario o discrecional. La configuración de los sitios de memoria, su uso, y los relatos que guían a sus visitantes deben comprometer amplios procesos de deliberación colectiva y excluir toda banalización o faccionalismo para así evitar que la elaboración de la historia y el ejercicio de la memoria queden presas de tutelas o monopolios.

Estas ideas forman parte de nuestro compromiso como investigadores de la historia reciente del país pero, también, como ciudadanos que entendemos que el conocimiento de la historia argentina reciente continúa siendo una empresa necesaria para iluminar este pasado que, por sus cualidades, nos sigue interpelando como sociedad y porque comprendemos que, en ello, se expresa nuestra voluntad para con la vigencia presente y futura de los derechos humanos.

Colectivo de trabajo sobre Historia reciente
Gabriela Aguila (CONICET-UNR); Luciano Alonso (CESIL – UNL); Ana Barletta (IDIHCS/UNLP); Ernesto Bohoslavsky (CONICET -UNGS); Vera Carnovale (CONICET- CeDinCI/UNSAM); Jorge Cernadas (UBA-UNGS) - Crenzel, Emilio (CONICET-UBA); Patricia Flier (IDIHCS/UNLP); Marina Franco (CONICET-IDAES-UNSAM); Patricia Funes (CONICET-UBA); Garaño, Santiago (CONICET- UBA-UNTREF); María Paula González (CONICET-UNGS); Jensen, Silvina (CONICET-UNS); Emmanuel Kahan (CONICET-IDIHCS/UNLP); Laura Lenci (IDIHCS/UNLP); Florencia Levín (CONICET-UNGS); Laura Luciani (CLIHOS-UNR); Daniel Lvovich (CONICET-UNGS); César Mónaco (UNGS); Alejandra Oberti (UBA); Alberto Pérez (IDIHCS/UNLP); Roberto Pittaluga (UBA/UNLPam); Luciana Seminara (CLIHOS/UNR); Hernán Sorgentini (IDIHCS/UNLP); Cristina Viano (CLIHOS/UNR)
Para adhesiones: colectivohistoriareciente@gmail.com

Historia por la verdad, la memoria y la justicia

Ante el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina

En los últimos meses han proliferado las voces que reclaman poner fin a los juicios por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado. Algunas de esas voces provienen de practicantes de la disciplina histórica. Y dado que también han surgido discursos que abonan lo mismo desde ambientes gubernamentales, amenazando las políticas de memoria y de justicia, nos hemos impuesto el deber de pronunciarnos. Nuestro oficio nos interpela yquienes firmamos –historiadores e historiadoras que nos desempeñamos en el ámbito académico–,nos vemos ante la obligación de fijar una clara postura en defensa de la rigurosidad y la ética de nuestra profesión .

Las posiciones que desean la absolución de los represores no solo hacen una interpretación del pasado, sino que intentan retrotraer la legislación, la jurisprudencia y el sentido común a las imperantes durante la vigencia de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final. Olvidan que esas disposiciones fueron anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Debieran tener en cuenta que se trata de una campaña para restablecer una suerte de nueva ley de punto final, incompatible con esa jurisprudencia y con los tratados internacionales que la Argentina ha reconocido con rango constitucional. Lo que está en juego no son políticas y leyes (por cierto disponibles y modificables), sino los designios de la última dictadura que condujeron a la utilización del aparato estatal para violar sistemáticamente los derechos humanos.

Quienes comparten las posiciones absolutorias de los represores olvidan las verdaderas causas que demoran la sustanciación de los juicios y que todavía no haya condenados con sentencia firme: las responsabilidades deberían atribuirlas alPoder Judicial, al que debe reclamarse por los prófugos imputados de crímenes de lesa humanidad ycuya aprehensión es responsabilidad de dicho Poder.

Quienes comparten esas ideas se olvidan de los centenares de niños apropiados, personas que aun hoy desconocen su verdadera identidad, y eluden reclamar que los particulares ylas instituciones que disponen de información sobre esos delitos la proporcionen a la Justicia y a la sociedad.

Quienes comparten esas posiciones se olvidan de reclamar que el Poder Judicial todavía tiene pendiente esclarecer lo sucedido con Jorge Julio López y juzgar y condenar a los responsables.

Quienes reclaman que se cierre la lista de imputados se olvidan de denunciar las trabas, demoras o directamente la protección que dentro del mismo Poder Judicial han obtenido los represores. Prefieren también extinguir la responsabilidad de los colaboradores civiles del terrorismo de estado.

Aquellos que cuestionan que en los juicios se valoren los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado,ignoran los cambios fundamentales de la jurisprudencia en el orden internacional cuando se han juzgado delitos de lesa humanidad. El testimonio de las víctimas de torturas, violaciones y otroscastigos es decisivo en el juzgamiento.

Quienes proponen el exculpamiento olvidan que se ha ocultado la documentación que pudiera servir como prueba. Y no podemos dejar de expresar nuestra preocupación ante decisiones recientes que apuntan a reforzar esa estrategia de ocultamiento, desarticulando los organismos cuya misión es suministrar documentación e información a la Justicia.

Quienes alientan la impunidad se olvidan que todavía esperamos que el gobierno de los Estados Unidos abra por completo sus archivos sobre el terrorismo de estado en la Argentina, así como de una vez por todas, el Vaticano y la Iglesia Católica argentina, pongan a disposición de la justicia y de la investigación histórica toda la documentación e información que poseen.

Aquellos que reclaman porque la Justicia sólo ha atendido a la represión estatal, deberían reconocer que esta ofensiva para finiquitar los juicios se produce justamente cuando están pendientes de concluirse - y aun de iniciarse en muchos casos -, los que tienen como acusados a los directivos de las empresas argentinas y extranjeras que colaboraron con la dictadura en el terrorismo de estado.

Aquellos que defienden esas posiciones se olvidan que los juicios por los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el terrorismo de estado, fueron y son una conquista histórica de la sociedad argentina y que esa conquista se debe a la lucha valiente, paciente, creativa e inclaudicable de los familiares, los sobrevivientes de la represión y los organismos de derechos humanos. Ha sido esa lucha ejemplar la que ha permitido enriquecer la cultura política de una sociedad arrasada y fragmentada a la que le ofrecieron - y le siguen ofreciendo - una dirección moral. Y los juicios, lejos de haber sido instrumentos de venganza, han constituido herramientas indispensables e insustituibles de verdad, de memoria y de justicia. Los juicios a los responsables y ejecutores de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, son un aporte decisivo a la humanidad convirtiéndose en un ejemplo mundial.

Aquellos que comparten la posiciones exculpatorias no debieran olvidar la experiencia histórica de la sociedad argentina desde 1983: en su dificultoso camino por construir una sociedad democrática, cada vez que estos juicios fueron puestos en cuestión y se avanzó contra ellos, se abrieron mayores posibilidades para desarrollar políticas represivas y antipopulares. Por eso consideramos que los discursos, y sobre todo las decisiones, que apuntan a suspenderlos, no solo envilecen el clima político, cultural y moral de nuestra sociedad, sino que suman un obstáculo adicional a las luchas que en el mismo sentido se desarrollan en otros países. No debieran olvidar tampoco la experiencia internacional de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, no pueden ignorar el consenso de que se trata de delitos imprescriptibles y que el procesamiento de los responsables no debe detenerse.

Pero además, quienes reconociéndose como historiadores, avalan o comparten esas posiciones, deberían reflexionar que si estas iniciativas llegasen a tener éxito, estarían contribuyendo al desconocimiento histórico de nuestro sangriento pasado.

El próximo 24 de marzo no será uno más. Como en cada aniversario, la sociedad argentina deberá demostrar su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. Como hace veinte años, cuando la masiva movilización popular logró romper el cerco de las políticas de impunidad y olvido y crear las condiciones históricas para anular la legislación oprobiosa que las amparaba, en este 24 de marzo es imprescindible que esa misma sociedad se manifieste en defensa de sus mejores tradiciones y levante una barrera contra los renovados intentos de ocultamiento e impunidad.

Como oficiantes de la historia sabemos de los múltiples usos políticos del pasado y que la disputa por el sentido de toda conmemoración es parte ineludible de la contienda política. Pero no nos toca sólo indagar y comprender el pasado. El debate abierto en la actualidad nos incumbe directamente. Por eso es preciso que tomemos parte activa en la acción colectiva y defendamos el derecho de nuestra sociedad a conocer su pasado, si es que deseamos preservarla dignidad y la ética de nuestra profesión.



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