Sábado, 16 de Diciembre de 2017    
 
13/07/2017 [[Sociedad]]
UNA CONSULTA POPULAR SIGNIFICATIVA PARA EL 16 DE JULIO DE 2017 EN VENEZUELA
EL DERECHO A LA ABSTENCION EN LA CONSTITUYENTE MADURISTA
por José Gregorio Delgado Herrera

José Gregorio Delgado Herrera


Ciudadano Elector



Este miércoles 5 de julio de 2017, después del ataque a la Asamblea Nacional, AN, los parlamentarios aprueban un acuerdo histórico la convocatoria un proceso de decisión soberana del pueblo venezolano, en respuesta a una iniciativa promovida desde la sociedad civil, en el convencimiento de la necesidad de una hoja de ruta para la reconstrucción de la democracia.


Desde la perspectiva de una acción popular y ciudadana este acuerdo parlamentario se sustenta en los artículos 5, 70 y 333 de la Constitución, legitimada la AN como instancia nacional que expresa la soberanía popular, activando un medio de participación ciudadana para lograr una consulta pública que facilite el ejercicio ciudadano de mecanismo para garantizar la restitución de la Constitución.


Estamos en presencia de una consulta popular significativa, en el contexto de la democracia participativa y protagónica, mediante una iniciativa legislativa que respalda una consulta ciudadana, mediante la activación de puntos soberanos para la recopilación de las manifestaciones de voluntad, que se concretan en la respuesta a las tres preguntas propuestas desde las instancias democráticas:


1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?


2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?


3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?


Esta consulta popular no pasa por el Consejo Supremo Electoral, en razón de que por su naturaleza no representa un proceso electoral o referendo, es una consulta legislativa en el marco de la competencia general atribuida a la AN, como promotora de la participación ciudadana o popular en los asuntos de su competencia y como instancia depositaria de la soberanía popular.


Esta acción de la AN se concreta en los términos del artículo 187 numeral 4° de la Constitución y ampliada por la aplicación del artículo 127 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, instrumento que se constituye en un desarrollo directo de la Constitución en las materias de la participación ciudadana en la función legislativa.


Esta consulta popular es una respuesta política del Parlamento Nacional ante una solicitud ciudadana, en consecuencia significa una oportunidad democrática para que se manifieste la voluntad popular en las materias señaladas en esta convocatoria nacional.


Esta consulta popular es una alternativa democrática activada desde la sociedad civil para hacer oír la voz del pueblo, en relación a la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, la institucionalidad de la AN y la realización de las elecciones presidenciales, una respuesta desde la política ciudadana a la situación de anarquía e ingobernabilidad que se experimenta en nuestro país.


En razón de los elementos expuestos como ciudadano y elector, hago un llamado al pueblo en general a que concrete su derecho a la participación en la consulta popular convocada para el venidero 16 de julio de 2017. Que cada uno manifieste su voluntad libre y soberana en esta consulta popular.


Es una oportunidad para manifestar la voluntad colectiva en torno a los temas políticos que se concretan en las preguntas formuladas, cada elector o electora expresará libremente su opinión en relación a las preguntas, manifestando conscientemente su voluntad mediante las alternativas propuestas y las ratificará con su firma, acudiendo a los puntos de recolección señalados por los organizadores de esta consulta popular que significa nuestro respaldo a la constitución, la democracia y la libertad de Venezuela.


En consecuencia, como ciudadano y elector, manifiesto mi voluntad de participar en este proceso consultivo popular, que cuenta con el respaldo institucional de la Asamblea Nacional y las Universidades Nacionales, que asumen el control técnico y el acompañamiento de esta consulta popular significativa para nuestro futuro republicano y democrático. Este es el momento de hacernos protagonistas de nuestra fiesta ciudadana para que el pueblo decida en el marco de la defensa a la Constitución.




EL DERECHO A LA ABSTENCION EN LA CONSTITUYENTE MADURISTA



La referencia a la abstención, entendida como “Renuncia voluntaria a hacer algo, especialmente a votar en unas elecciones” se convierte en un derecho en Venezuela, cuando la convocatoria y las condiciones de un proceso electoral constituyente, atentan contra la Constitución, la democracia y los derechos humanos.


Se comparte la defensa del voto como un derecho político propio de la ciudadanía activa, hoy se asume el derecho a la abstención, como alternativa cuando se han cerrado los caminos judiciales y legales para evitar la realización del proceso electoral de la Asamblea Constituyente “madurista”. Es un acto voluntario como votante, una práctica política ante los abusos del poder y las violaciones a la Constitución vigente que se derivan de la convocatoria presidencial anunciada y las bases comiciales presentadas para la Asamblea Nacional Constituyente, ANC.


En términos doctrinarios estamos en presencia de una Abstención activa o ideológica, considerada como un acto político de rechazo a la ilegitimidad del sistema político impuesto desde el gobierno de Nicolás Maduro. Se tiene la alternativa de emitir un voto en blanco o nulo, pero se descartada tomando en cuenta que desde la Mesa de la Unidad Democrática se propugnó la no participación en las elecciones de los constituyentes, como una postura política de protesta, ante la convocatoria irregular de este proceso constituyente “madurista”, finalmente se decide expresar el derecho a la abstención de forma razonada.


En la propuesta de no participación en la Constituyente confluyen representantes opositores y partidarios del chavismo, de allí lo que se refleja en las encuestas según estimaciones entre el 85% y el 90% de los electores no comparten la idea de una Constituyente como mecanismo de solución a la crisis compleja que se expresa en las protestas de calle y en la represión oficial a los manifestantes. Votar en la Constituyente anunciada es convalidar un fraude constitucional.


El argumento más solido en el contexto jurídico y político de la abstención se refiere a una situación de violación extensa de varias disposiciones de la Constitución, en el contexto de un discurso oficial cargado de amenazas y violencia, para los que no están de acuerdo o se oponen a esta ANC comunal y los potenciales electores. Adicionalmente, por la ilegitimidad y el cuestionamiento a los candidatos, integrantes del PSUV y sus alianzas o funcionarios públicos. Eliminando el carácter popular anunciado al proceso, sin olvidar el componente partidista y oficialista que se ha dado a la propaganda y la campaña constituyente.


A la vista de la lista de los candidatos postulados y aceptados por el CNE, sin reparación de las firmas y sin la impugnación de las candidaturas en el cronograma. Serían impugnables candidatos que se presentan, aunque, formaron parte de la comisión presidencial designada para establecer las bases comiciales constituyentes, caso de Aristóbulo Isturis y Adán Chávez, o son representación de militantes y funcionarios del PSUV, aunque, se anunció que la ANC no sería partidista. Otros factores a considerar están en la desigual representación territorial de los postulados o su imposición partidista, al margen de la voluntad popular de los electores y los sectores representados.


En el caso de Anzoátegui, se prepostularon 472 personas, de las cuales el ente comicial admitió a 188 y rechazó a 288. Bolívar y Sotillo fueron los municipios con más candidatos aceptados por el CNE con 14 cada uno, mientras que en McGregor admitieron 12. Los 18 restantes municipios que integran la entidad, tendrán menos de 10 aspirantes cada uno.


Entre los candidatos más relevantes destacan el exgobernador de Anzoátegui Aristóbulo Istúriz; el director de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Filiberto Martínez; la diputada al parlamento regional y jefa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Ingrid Cortez; el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Earle Herrera y el dirigente de Patria Para Todos (PPT), Willian Rodríguez y el exalcalde de Anaco Francisco Solórzano, identificados con el gran polo patriótico.


Para el caso de Mérida, la situación no resulta muy diferente se admiten 305 candidatos a la ANC, que prestaron juramento de lealtad a los intereses superiores del pueblo, compromiso que asumieron en plenaria de las bases y vanguardia socialista del estado. Entonces, si los candidatos son socialistas, no hay ninguna garantía de que se respete el pluralismo democrático y el debate libre de las ideas en el recinto constituyente, lo que queda claro es que hay una subordinación de los candidatos al PSUV, instancia política que postula, aunque según las bases comiciales son postulados por “iniciativa propia”. En relación al carácter sectorial, se plantea que la ANC es corporativa y que se rompe el voto universal, directo y secreto, adicionalmente la incertidumbre por la agenda y el tiempo de gestión de esta instancia “popular”, violatoria de la Constitución de 1999, demuestran porque la gran mayoría del país está en contra de la constituyente y se mantiene en protesta en las calles.


Al establecer la justificación de la abstención, un elemento que resalta es la transversalidad de las normas violadas de la propia Constitución, que llevan a los interesados a invocar los artículos 132, 233 y 350 de la misma Carta Fundamental.


En las redes y los artículos de opinión se destaca la existencia de un fraude constitucional por esta propuesta constituyente, una actuación inconstitucional y de espaldas al pueblo, señalando la violación y relación de un conjunto de normas constitucionales para establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados del poder ejecutivo, el CNE y el propio TSJ que validan la activación del proceso constituyente.


En consecuencia, el derecho a la abstención en la Constituyente madurista, se justifica y analiza como un pronunciamiento democrático, ante el abuso de poder y el fraude a la Constitución venezolana vigente, tomando en cuenta, la presión y coacción ejercida sobre los votantes, que afecta el voto libre, junto a las referencias constitucionales violadas, según la relación siguiente:


· Las relacionadas con principios constitucionales: artículos 3, 5 y 7


· Los criterios sobre los derechos humanos: artículos 19, 23, 25 y 26


· Los derechos políticos de los venezolanos: artículos 62, 63, 70 y 71


· Las pautas de la Asamblea Nacional Constituyente: artículos 347 y 348


Esta panorámica constitucional justifica los pronunciamientos de diferentes actores sociales e institucionales en contra de la pretendida ANC y finalmente, da lugar a la progresiva organización ciudadana de los llamados Comités en Defensa de la Constitución y la Democracia, como herramienta de organización y de acción para que los demócratas y los electores se manifiesten en contra del proceso constituyente madurista y colaboren en la realización de un acuerdo nacional que da lugar al plebiscito que se organiza desde los demócratas para el venidero 16 de julio de 2017, según el acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado el pasado 5 de julio, legítima representación del pueblo de Venezuela, único titular de la soberanía popular.



El reto es realizar una gran fiesta ciudadana y manifestar el NO a la Constituyente, mediante el ejercicio del derecho a la abstención, en la convocatoria gubernamental del 30 de julio, para evitar un golpe a la institucionalidad y la democracia en Venezuela, mediante un acto electoral de defensa a la Constitución, que reivindica el derecho al voto libre, universal, directo y secreto, en el marco del pleno respeto a la Constitución vigente.



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