Viernes, 25 de Mayo de 2018    
 
23/01/2018 [[Sociedad]]
LA DISCAPACIDAD EN UN MANIFIESTO REFERENCIAL
La acción de los municipios en Venezuela
por José Gregorio Delgado Herrera

José G. Delgado H.

ABOGADO

Persona con Discapacidad

El presente artículo es una reflexión personal, sobre un problema global, en consecuencia, son comentarios para la reflexión y eventualmente propiciar algunas acciones o decisiones, desde el Estado y la Sociedad, que contribuyan a cambiar la situación de la discapacidad en el mundo, o al menos en nuestra comunidad municipal, en el contexto de un proceso de integración social y de igualdad de oportunidades, donde se insiste en la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Nuestro planteamiento, surge a partir de una revisión y lectura de las explicaciones o motivaciones, que, dan cuenta de la necesidad de tener un Manifiesto Municipalista, que sea cónsono con la imagen y las realidades de los municipios latinoamericanos, y en particular para Perú, en el rescate de una ciudadanía vecinal activa y comprometida con la gestión local, junto a la existencia de municipios libres y autónomos.

En el caso venezolano, la noción de Federación de Municipios, es un sueño para la VI República, porque la V Chavista acabó con la vida municipal, como fue conocida por el legislador patrio de 1978 y se fortaleció con la Ley municipal de 1989, que permitió la elección popular de los alcaldes y las juntas parroquiales, incrementando los mecanismos de participación vecinal, vigente hasta la nueva ley en el 2005.

En nuestra experiencia democrática, funcionaba la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Municipios de Venezuela, con la llegada de la dictadura chavista, en una maniobra que transformó la elección presidencial de 1998 en una “Revolución” socialista, se fraccionan en dos asociaciones, por el lado democrático la Asociación de Municipios de Venezuela, mientras que el chavismo creo la Asociación de Bolivariana de Municipios. Y los alcaldes sufren la misma división, hasta que últimamente ni se reúnen como asociación, pues la mayoría gubernamental, se reúne es alrededor del Presidente de la República, deformando la figura del Consejo Federal de Gobierno, artículo 185 de la Constitución de 1999, enmendada en el 2009, por empeño de Hugo Rafael Chávez Frías.

Pero, volvamos a la Discapacidad y al Manifiesto, resulta que algo positivo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue la constitucionalización de dos aspectos, de nuestro interés desde la sociedad civil y el desarrollo de los derechos humanos, me refiero, en primer lugar, a los derechos y las garantías de las personas con discapacidad o necesidades especiales y en segundo término, al reconocimiento del Poder Público Municipal.

La idea de un Manifiesto Municipalista, se ha manejado en el contexto del apoyo de los Municipios a la Autonomía y la Democracia, con elementos derivados de la participación vecinal y el fortalecimiento de la gestión local.

Sabemos que el Manifiesto de la Federación los Municipios Libres del Perú, data del 13 de julio del 2001, pues, nuestra relectura del texto presentado, en la oportunidad de promover y plantear la idea del Municipio como Escuela de la Democracia, (2008), nos lleva a la conclusión de que: El Manifiesto es coherente con las pautas venezolanas del Poder Público Municipal.

Y últimamente, revisando materiales para un libro sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, nos encontramos con una aparente discrepancia constitucional, a partir de la cual surge la idea de este artículo, pues, en el texto del Manifiesto se utiliza, una excepción referida a los “discapacitados” y se argumenta por otro lado, “una incapacidad insalvable”, en los términos presentados por nuestro colega el Dr. Antonio Colomer Viadel.

Así que ya le comentaba, la posibilidad de este artículo, para asociar ambos temas y dar un aporte a la reflexión, desde la perspectiva comunitaria y jurídica, en favor de un Municipalismo del siglo XXI incluyente y participativo, en plena concordancia con la ONU.

La Discapacidad en Venezuela

Venezuela como país tiene una historia rica en las referencias a las personas con discapacidad, se tiene documentado que las primeras asociaciones de personas con discapacidad visual existen desde la década de los años 50, y las normas de seguridad social relativas a invalidez e incapacidad, vienen desde los primeros años de la década del 60, mientras que las referencias sobre la educación especial, datan de la década de los años 70, y ya para 1983 se incorporan normas sobre esta modalidad educativa en la Ley Orgánica de Educación.

Solo como información general, debemos resaltar las referencias a los “minusválidos” en las leyes de Tránsito (1986), Trabajo (1997) y hay otros términos aplicables legalmente como: “incapacitados”, según ley de 1993 y “discapacitados” en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (1998).

Con este bagaje legal, solo referencial por la diversidad de normas invocadas, incluyendo el régimen de tutela y curatela, derivados del Código Civil, que data de 1942, con una reforma en 1982, sin afectar la referencia a los “inhabilitados” o los “débiles mentales”, sin olvidar el régimen de la educación especial y los educandos con necesidades educativas especiales, en los términos de la Ley Orgánica de Educación de 1980 y su reforma de 1983, así se llega a la ANC de 1999, con una diversidad de términos legales y una ciudadanía política propia de los electores “discapacitados” y se propone una revisión general de esta dispersión legislativa[1], para abordar en el debate el proceso de constitucionalización de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad o necesidades especiales.

En este debate, se logran seis artículos con referencias particulares[2], a la discapacidad o las personas con discapacidad, desde la diversidad de manifestaciones, se redactan incluyendo, la disposición genérica del artículo 81, que se relaciona en forma directa, con las competencias municipales, artículo 178, numeral 5°.

Allí se reconocen las personas con discapacidad o necesidades especiales, como sujetos de derecho, y se dan las pautas para un desarrollo legislativo posterior a la Constitución, relacionando los derechos con la institucionalidad.

Sobre el tema, al finalizar el año 2017, elaboramos una secuencia de artículos, para aproximarnos a la relación entre Derechos Humanos, Discapacidad, Institucionalidad, ante una decisión arbitraria de la ANC, instalada en este año 2017, en abierta violación de la Constitución vigente, aunque, el Gobierno, el TSJ y los restantes poderes cooptados por el Presidente de la República, convocante de esta iniciativa la validaron. La decisión de la ANC ilegitima, se refiere a eliminar las alcaldías metropolitanas de Caracas y el Alto Apure, afectando dos instancias metropolitanas, creadas por ley con competencia para atender las materias municipales y metropolitanas, entre las cuales, se ubican los servicios municipales para las personas con discapacidad y sus familias, en concordancia con la competencia general otorgada por el artículo 178, numeral 5° de la Constitución.

En todo caso, la discapacidad se reconoce constitucionalmente, como una condición o contingencia, que puede ser atribuida o calificada en forma expresa, con incidencia en la vida social y jurídica de las personas, en los términos señalados en la Ley.

En este punto, es oportuno recordar que desde el 2007, existe vigente en nuestro país la Ley para las Personas con Discapacidad[3], allí se dan dos definiciones legales fundamentales:

La primera, corresponde a la noción de la Discapacidad, como una condición compleja del ser humano, indicando sus manifestaciones con incidencia en los derechos, cuando señala:

“Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente”. (Artículo 5)

La segunda, corresponde a la definición de las Personas con Discapacidad, como titulares de los derechos, señalando una diversidad de opciones, atendiendo a las causas de la discapacidad, sus manifestaciones, y el carácter de las barreras que imponen como desventajas y sus consecuencias colectivas y jurídicas.

“Son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás.

Se reconocen como personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, las sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante; científica, técnica y profesionalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación Inter nacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud.” (Artículo 6)

Internacionalmente, el criterio imperante en esta materia, a partir de la aprobación en la ONU en el 2006, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 2008, suscrita o adherida por un número significativo de países en el mundo, 132 para agosto del citado año. Perú lo hace en el 2007 y Venezuela se adhiere en el 2013. En el marco de este instrumento, se establece un reconocimiento formal de la universalidad del término legal correcto: Personas con Discapacidad.

Igualmente, se deja claro que el concepto de la discapacidad evoluciona en el tiempo, en consecuencia, varia por los aportes de las ciencias o las calificaciones de organismos internacionales, en cada país los términos descriptivos varían, al momento de caracterizar las discapacidades.

Se hace referencia en distintos eventos y documentos, públicos y privados, a la figura del “discapacitado”, como ya lo señalamos, aunque, tiende a confundirse con el “incapacitado”, término más asociado a la privación de ciertos derechos o una condición de limitación para ciertas actividades, que generan beneficios económicos propios de la seguridad social. Aunque se trata de condiciones o situaciones diferentes en sus características y consecuencias.

Ya lo expresaba el Dr. Colomer, en respuesta a nuestro planteamiento, cuando indica: “… evidentemente no es lo mismo tener una incapacidad insalvable .que la condición de discapacitado, en distintos grados, que pueden realizar diferentes trabajos. En todo caso, ello no afecta a la condición de ciudadano en plenitud de derechos, y además de los beneficios de una atención preferente para atender su discapacidad. En España tienen acceso preferente a algunos trabajos”. (Mensaje electrónico, 16/01/2018, destacados nuestros)

Evidentemente, hay una tendencia, a diferenciar los tipos y las condiciones propias de las discapacidades, sin embargo, al hacer referencia a los sujetos humanos, con trascendencia en el contexto jurídico, es plenamente válido el uso de la referencia a las personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos.

Un Manifiesto referencial

Nuestra inquietud, al plantear el punto de la discordancia de términos y una consideración sobre la vigencia del Manifiesto, se sustenta en este trata diferencial que se percibe en la presentación del documento y su contenido, así como en la necesidad de revisar este punto de las personas con discapacidad, a la luz de la Convención de 2006.

Está claro que el referido documento, es previo al instrumento internacional, el Manifiesto de la Federación los Municipios Libres del Perú, data del 13 de julio de 2001, en consecuencia, se impone una revisión y adecuación a la Convención, aprobada el 13 de diciembre de 2006.

En este punto vale la aclaratoria del Dr. Colomer, para entender la naturaleza de su aporte y el carácter mismo que tiene el documento, de allí nuestra consideración de tratarlo como un manifiesto referencial, tomando en cuenta su contenido general, pues el autor consultado aclara:

“En Perú fue un Manifiesto que me pidieron para la FEMULP[4] como una Declaración programática. No creo que tenga una vigencia legal positiva, al menos, con carácter general. Él Manifiesto lo he reproducido en algún libro mío. La FEMULP también le ha dado alguna difusión”. (Mensaje electrónico, 16/01/2018)

Si se entiende el Manifiesto, como una declaración programática, se reafirma el carácter referencial, aunque, no tenga una vigencia legal positiva, con carácter general, seguramente, si lo tendrá a lo interno de la mencionada Federación Municipal.

A los efectos de la presentación del Manifiesto, el Dr Colomer, efectivamente en uno de sus libros, escribe un párrafo que destacamos:

"Allí deben ser convocados los ciudadanos, todos ellos, excepto los que tengan alguna incapacidad insalvable, a intervenir en algún nivel de responsabilidad que se debe entender como un servicio comunal obligatorio."[5] (Destacado nuestro)

Ya el texto del Manifiesto, en el aspecto 2°, El Municipio libre es una Comunidad de libres, se insiste en el factor inicial para llevarlo adelante desde lo educativo - cultural:

"Debemos comenzar por la educación, la cultura y los valores. Eduquemos desde niños para la cooperación y la ayuda mutua y no para el enfrentamiento o la comparación odiosa y agresiva. Eduquemos para ser merecedores de integrarnos en esa comunidad de libres que supone una disposición ciudadana a asumir alguna disposición social, y entregar su dedicación y experiencia durante cierto tiempo a la comunidad, en una rotación de dedicaciones a la que ningún ciudadano, excepto el discapacitado, será ajeno."[6] (Destacado nuestro)

En ambos textos, se nota la intencionalidad de establecer una “excepción”, a los efectos de la participación de las personas con discapacidad en el ámbito de la gestión municipal, en el primero, en razón de una incapacidad insalvable, y en el segundo, por su condición de discapacitado, aunque, se le da una calificación de ciudadanía, pero, no es una ciudadanía plena, si consideramos la situación planteada.

En todo caso, la revisión del Manifiesto, a la luz de la Convención de la ONU, se impone como una obligación del Estado parte, en este caso Perú, en los términos de su artículo 4, y en particular, por lo establecido en el numeral 5° de la referida Convención:

“Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones”.

En consecuencia, es plenamente válida la revisión que deben hacer los municipios, para adecuarse a los derechos propios de las personas con discapacidad, derivados de las decisiones y acciones que corresponden a los Estados partes, incluyendo a Perú que es signatario de esta normativa internacional, desde el 2007, conocemos que constitucionalmente hay normas aplicables[7], allí se hace referencia a las personas “incapacitadas” o con “limitaciones”, en la legislación se requieren ajustes, pero, igualmente existe la Ley general en esta materia, que hacer referencia a las entidades municipales.

Por otro lado, la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad del 6 de enero de 1999, prevé la creación de oficinas de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad en las instancias de gobierno municipal, artículo 10, cuya conformación tiene como finalidad crear instancias descentralizadas, para la atención especializada de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el cumplimiento de esta obligación en todas las municipalidades provinciales y distritales del país. En este mismo sentido la Ley Orgánica de Municipalidades del 27 de mayo de 2003, Ley 27972, establece la obligación de crear una Oficina de Protección y Organización de los Vecinos con discapacidad[8].

A manera de cierre

A partir de estas consideraciones, se puede derivar la obligación legal de la revisión y adecuación del mencionado Manifiesto por cuenta de las propias municipalidades, y subsanar la “excepción” a la participación vecinal que ya señalamos a las personas con discapacidad.

En este contexto, en el caso de que no exista una norma específica en la legislación peruana, se puede igualmente establecer, atendiendo a la transversalidad de la discapacidad, entre todos los vecinos de las municipalidades, una norma equivalente a la competencia municipal existente en Venezuela, referida a los servicios municipales en esta materia de la discapacidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad.

En consecuencia, dejamos el texto del ya referido artículo 178, numeral 5° de la Constitución venezolana que señala:

5.- Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal. (Destacado nuestro)

Para finalizar, señalamos que un aspecto fundamental del Manifiesto Municipalista, es la plena coherencia de su texto general, con las disposiciones constitucionales venezolanas[9], lo que fortalece su carácter referencial, y justifica la revisión puntual que señalamos en materia de discapacidad.

Es muy posible que ya se conozca, el texto general del Manifiesto de la Federación los Municipios Libres del Perú, sin embargo, destacamos que se estructura en una introducción amplia, se divide en cinco partes[10] y termina con unos argumentos finales[11].



[1] Las leyes mencionadas solo son referenciales, pues téngase en cuenta, que, la primera ley general en la materia es de 1993, y se encuentran artículos dispersos, en diferentes leyes orgánicas y especiales, para regular las personas con “capacidades diferentes” o “diversidad funcional” con un enfoque complejo inicialmente asociado al enfoque de salud, pero, luego extendido a otras áreas de interés para la sociedad y las familias de estos ciudadanos de “segunda” o de capacidad legal limitada.

[2] Ver artículos 49, numeral 3°; 81, 86, 1991, 103 y 178, numeral 5° de la Constitución venezolana de 1999.

[3] Se destaca que, de los 96 artículos que desarrollan esta Ley nacional, se pueden encontrar 25 referencias a los elementos municipales, sin embargo, el texto se ejecutó con un criterio centralista y en la actualidad, se encuentra en proceso de revisión en la Asamblea Nacional para su reforma integral.

[4] FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS LIBRES DEL PERÚ

[5] Colomer Viadel, Antonio (2002) Autogestión, Democracia, y Cooperación para el Desarrollo, Una estrategia planetaria de supervivencia cooperativa. La revuelta de los municipios libres. Acción Cultural Cristiana, Salamanca, España

[6] Idem, p. 124

[7] Artículos 7, 16 y 23 de la Constitución Política del Perú.

[8] Federación Iberoamericana de Ombusman. (2010) VII Informe sobre Derechos Humanos Personas con Discapacidad. Trama Editorial. Madrid. Perú pp.390 -391.

[9] Recomendamos confrontar el texto del Manifiesto comentado con los artículos 168 al 184 y 283 de la Constitución venezolana de 1999.

[10] 1° La dimensión política de nuestros municipios libres

2° El Municipio libre es una Comunidad de libres

3° No estamos solos y solos pereceremos

4° Autonomía municipal y finanzas municipales

5° Garantías constitucionales

[11] Para ver el texto completo del Manifiesto de la Federación de Municipios Libres del Perú, se puede encontrar en: Colomer Viadel, op. cit. pp. 122 – 128 y http://femulp.org/man.htm. Consulta 14/01/2018



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