Martes, 21 de Mayo de 2019    
 
03/03/2011 [[Sociedad]]
Propuesta para controlar el pago a los políticos
Reforma salarial
por Textos destacados

Propuesta para controlar el pago a los políticos
“Por una reforma salarial diferente”
Arturo Marcondes Aznar, Adrián Garzón Ximenez, Carlos Pérez Martínez
Un grupo de estudiantes de Gestión y Administración Publica de la Universidad Politécnica de Valencia promovieron a finales del año pasado una propuesta en forma de iniciativa legislativa popular, para que se aprobara una ley que regulara las retribuciones a los políticos, en un sentido “de control más riguroso e incompatibilidades más exigentes”.
El pasado 8 de febrero el presidente del Congreso Don José Bono les contesto comunicando a la comisión promotora de esa proposición de ley de reforma salarial política, las razones por las que no procedía admitirla a trámite: por tratarse de materia de leyes orgánicas, régimen electoral general y financiación de partidos políticos, así como lo señalado en el Tribunal de Cuentas.
Más allá de estos argumentos puramente formales algunos bastante discutibles como los referentes “a la financiación de los partidos políticos” o “el tribunal de cuentas”, y con independencia de que se pueda reconducir esta propuesta a través del ejercicio del derecho de petición resulta impresionante la respuesta espontanea que ha habido en la ciudadanía cuando esta iniciativa se ha conocido a través de internet, recibiendo en poco más de un mes el escalofriante número de 233.575 firmas de respaldo a la iniciativa. Ello demuestra la sensibilidad ciudadana ante el oscurantismo, falta de transparencia y gestión de privilegios que a veces afecta en materia de pago a nuestros representantes políticos.
Por ello consideramos de interés, reproducir el texto de esta proposición de ley que mediante iniciativa legislativa popular presentaron estos estudiantes y ha sido rápidamente rechazada.
Exposición de motivos:
La Constitución conforma al régimen político español como una monarquía parlamentara y, por consiguiente, como una democracia representativa. La participación popular en el gobierno del Estado y en la gestión de la cosa pública se encauza básicamente, por tanto, a través de la elección de representantes populares en los órganos de gobierno que alcanza su máxima expresión en las elecciones legislativas, en las que el pueblo designa a sus representantes en las Cortes Generales.
Sin embargo, el número 2 del artículo 9 de la Constitución se propone intensificar la participación de los ciudadanos y grupos en la vida política. En esta línea, la Constitución prevé la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firmas como sujeto de la iniciativa legislativa. Este reconocimiento posibilita la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado pero que, no obstante, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Actualmente, hay un amplio sentir entre la sociedad y la opinión pública ciudadana que también se extiende a algunos sectores políticos sobre la necesidad de abordar una nueva regulación de las condiciones salariales de los representantes electos. Pese a que exposiciones de motivos como la de la Ley 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos insisten en la necesidad de vigilar aspectos financieros con el objetivo de garantizar la suficiencia, regularidad y transparencia de la actividad económica política, es sentir general que dicha actividad económica es antes excesiva que suficiente y turbia que transparente.
No faltan en tiempos de crisis los llamamientos a la austeridad y todo tipo de recortes sociales y reformas que pocas veces satisfacen al ciudadano. Tampoco faltan los espectáculos políticos ni la discriminación político-ciudadano.
Defendiendo que el político no debe pertenecer a una clase protegida, sino ser un ciudadano más con la única peculiaridad de estar inmerso en la representación popular, la sociedad española exige una revisión de la normativa que regula su condición económica. Para evitar que el político se aleje de los fines cívicos en busca de intereses privados, sus percepciones económicas deben ser tales que le permitan ejercer su cargo con completa libertad, sí, pero sin representar en ningún momento un impulso lucrativo.
Por ello, la ciudadanía articula la presente Ley requiriendo, en primer lugar, que el sueldo político se vincule al salario mínimo interprofesional, a la postre, reconocido públicamente como suficiente; en segundo lugar, que la pensión parlamentaria sea equiparada a la de cualquier otro trabajador; en tercer lugar lograr una mayor transparencia en lo que a cuestiones financieras se refiere.
La presente Ley persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, librar a la sociedad de una importante carga económica en lo que a manutención política se refiere. En segundo lugar, purgar el sistema político de aquellos que estén en cargos representativos con fines lucrativos y no cívicos, esto es, políticos que trabajen satisfaciendo sus intereses y no los de la ciudadanía. Vinculadas las condiciones sociales del político y el ciudadano, que el incentivo al primero sea la mejora de la situación del segundo, y sólo de este modo pueda mejorar la suya propia.

Título I: Asignación de sueldos a cargos políticos

Artículo 1:

Los representantes políticos sólo podrán percibir un sueldo, independientemente de los cargos que ocupen.

Artículo 2:

Los sueldos reformados en la presente Ley tendrán carácter permanente y estarán vinculados al sueldo interprofesional mínimo en una relación de proporcionalidad.

Artículo 3:

Los políticos podrán obtener sus sueldos del modo tradicional o a cargo de los partidos políticos a los que estén adscritos, de un modo exclusivo y excluyente, en los términos que establezca la presente Ley. Esta elección la ejercerán los beneficiarios del sueldo.

Artículo 4:

Tendrán la condición de altos cargos los representantes legislativos del congreso de los diputados, del senado y de los órganos legislativos de las diferentes Comunidades Autónomas. Los cargos restantes se considerarán cargos medios, incluyendo a los representantes políticos de las Comunidades Autónomas y los representantes municipales.
Artículo 5:
Los altos cargos que se acojan a los medios clásicos de cobro disfrutarán de un 200% del sueldo interprofesional mínimo, en 14 pagas anuales, mientras ostenten el cargo.

Artículo 6:

Los cargos medios que se acojan a los medios clásicos de cobro disfrutarán de un 150% del sueldo interprofesional mínimo a modo de paga mensual, en 14 pagas anuales, mientras ostenten el cargo.


Artículo 7:

Los gastos asociados a la correcta función de representación referidos en el Artículo 8 del reglamento del congreso serán presentados ante el Tribunal de Cuentas y publicados conforme a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.



Título II régimen de jubilación parlametaria

Artículo 8:

La jubilación parlamentaria se regirá según la Ley general de jubilación estatal, no pudiendo acogerse en ningún caso a regulación legislativa específica ni privilegio alguno respecto al ciudadano español.


Artículo 9:

Al parlamentario que no haya cumplido las bases mínimas que aseguren la jubilación, entendiendo un año de servicio de representación como año cotizado a la seguridad social, se le asignará como pensión un 60% de su sueldo como parlamentario.



Título III : de lo referente al régimen tributario de los partidos políticos

Artículo 10:

Todo partido político remitirá su contabilidad al tribunal de cuentas, en las fechas establecidas en la Ley Orgánica 3/1987, añadiendo a sus libros de cuentas las reformas establecidas en la presente Ley.

Artículo 11:

Las asignaciones económicas que los partidos políticos retribuyan a modo de pago a sus parlamentarios deberán figurar como un apartado añadido a la cuenta de gastos de sus libros de cuentas, inventariado y balances. (art. relativo 14.2 c de la Ley 8/2007)

Artículo 12:

El tribunal de cuentas, una vez analizada la contabilidad de los partidos, hará público el documento tanto en el BOE como en su página web, a fin de que el ciudadano tenga medios de acceso a los ingresos y gastos de todos los partidos políticos.



Disposición adicional:

La presente Ley, en su artículo 10, reforma el artículo 12.2 de la Ley 3/1987 estableciendo la obligatoriedad de presentación de su libro de contabilidad al tribunal de cuentas, independientemente de que reciban o no la subvención estatal.
Disposición derogatoria:
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo establecido en la presente Ley.
¡Para más información véanse las páginas web relacionadas con esta propuesta!


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