Si hay un
negocio que tiene el futuro garantizado, no es otro que el de la alimentación.
Se puede prescindir de todos los objetos que nos rodean y que supuestamente nos
hacen la vida mejor, sin embargo, llenar el estómago siempre será una
obligación. Así lo han entendido esas pocas multinacionales que controlan el
comercio de alimentos y los inversionistas que han volcado su dinero en los
mercados agrícolas.
Pero en la
búsqueda frenética de oportunidades dentro del agronegocio, se ha extendido el "acaparamiento de tierras", en el que inversores, empresarios, estados, etc.
están adquiriendo millones de hectáreas en diferentes países, sobre todo en los
africanos, desde los subsaharianos hasta los mediterráneos. Algunos buscan
especular con las tierras, otros sembrar agrocombustibles para los países ricos,
y otros aprovechar el agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego
exportarlos a sus naciones.
Sea como sea,
algunos cálculos ya establecen que en África se han tramitado proyectos por una
extensión total de 67 millones de hectáreas (la superficie conjunta de Italia y
Alemania).
[1]
Los atropellos se han sucedido sin parar y aquellos maravillosos beneficios que
gozarían los pueblos que se amoldarían a la nueva inversión agrícola, se han
quedado en papel mojado. De esta forma, las personas desalojadas de sus tierras
se cuentan por decenas de miles. Además se han reportado expulsiones violentas,
encarcelamientos, procesos judiciales contra campesinos, precariedad laboral en
los nuevos proyectos agrícolas, acaparamiento de otros recursos naturales como
el agua, deforestación de bosques, alteración de cauces en ríos, etc.
Los muchos
discursos de la FAO
La FAO,
[2]
como buena hija de Naciones Unidas, acoge todo tipo de ideas por muy
contradictorias que puedan ser entre ellas. Por ejemplo, ante la reciente
crisis alimentaria en Sudán del Sur, el responsable de este organismo en el
país africano manifestaba que
"Hay que
lograr que las familias tengan en primer lugar acceso rápido a alimentos
inocuos y nutritivos, así como a otras necesidades básicas (…) Podemos hacerlo
ayudando a la gente a retomar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro
tipo en las que basan sus medios de subsistencia".
[3] La realidad es
que si se quiere ayudar a la gente a retomar sus actividades agrícolas, habrá
que garantizar las tierras, las aguas y los recursos económicos. Por eso este
escenario propuesto por el responsable de la FAO en Sudán del Sur, choca de frente
con el masivo acaparamiento de tierras en el continente, que está ayudando a la
gente a abandonar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las
que basan sus medios de subsistencia.
Sin embargo y
a pesar de la gravedad de los hechos, la FAO también apoya sin titubeos el
acaparamiento de tierras. Junto al Banco Mundial o el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, trabaja en los "Principios para una inversión agrícola responsable".
Como se desprende del propio título, para estos organismos el acaparamiento de
tierras es una inversión que para las naciones empobrecidas deparará,
supuestamente, ciertos beneficios como puestos de trabajo, transferencia tecnológica,
infraestructuras rurales, seguridad alimentaria, etc. En general, el brazo
filantrópico y propagandístico de la nueva inversión agrícola, no ofrece nada
que no se haya escuchado mil veces para justificar la inversión extranjera en
general, y nada que no se escuchará por ejemplo hace un siglo, cuando ciertas
transnacionales fruteras transformaron estados independientes centroamericanos
en "repúblicas bananeras". A día de hoy y como se decía antes, los atropellos y
las expulsiones se imponen a las benevolencias.
Y hablando de
benevolencias, dejen que les cuente un caso. En 2009, la empresa suiza
Addax Bioenergy arrendó 20.000 hectáreas
en Sierra Leona para cultivar caña de azúcar y generar bioetanol.
[4]
Se ha denunciado que las comunidades no fueron consultadas para ver si accedían
a arrendar sus tierras y el acuerdo fue secreto entre la compañía y el consejo
de la aldea. Las cosechas de algunos campesinos fueron destruidas y la
indemnización recibida fue tres veces inferior al precio real. Los agricultores
han revelado que ahora tienen que recorrer varios kilómetros hasta llegar a las
nuevas tierras que les asignaron y se ha constatado que la empresa no está
cumpliendo sus compromisos sociales (empleo, mejora agricultura local, etc.). Estos
datos fueron recabados por miembros del Consejo de Iglesias de Sierra Leona y
por un activista de derechos humanos, que además estuvieron acompañados en el
terreno por una ONG local. El Observatorio del Derecho a la Alimentación y la
Nutrición tomó estas reseñas y las incluyó en un informe sobre acaparamiento de
tierras que publicó en 2010.
[5]
Se explica
esto porque en marzo, la FAO hizo públicas una serie de noticias sobre el "Proyecto sobre la bioenergía y criterios e indicadores para la seguridad
alimentaria" (BEFSCI, por sus siglas en inglés). Este proyecto es financiado
por el Ministerio Federal Alemán de
Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor,
y según la información contenida en la web de la FAO, pretende desarrollar
"… una serie de criterios, indicadores,
buenas prácticas y opciones políticas sobre el desarrollo de la bioenergía
moderna que promueve el desarrollo rural y la seguridad alimentaria…".
[6]
Huelga decir
que este proyecto es un espaldarazo claro al desarrollo de los agrocombustibles
y al acaparamiento de tierras. Demagógicamente relaciona el cultivo energético
con la seguridad alimentaria, obviando la tragedia de un continente, África,
que debe importar decenas de millones de toneladas de alimentos básicos. Sin ir
más lejos Sierra Leona, el país donde desarrolla sus actividades
Addax Bioenergy, ha llegado a destinar
el 24% de su PIB para importar comida.
[7]
La cuestión es
que en uno de los materiales de BEFSCI, titulado "Buenas prácticas
socio-económicas en la producción moderna de bioenergía", se menciona el caso
de
Addax Bioenergy como un ejemplo de
nitidez, participación ciudadana, solidaridad, etc. Las benevolencias de la
compañía suiza que se mencionan en este manual fueron aportadas por productores
locales, aunque sin ser contrastadas por la FAO. No hay duda de que algunos
lugareños se han podido beneficiar de los proyectos de
Addax Bioenergy, pero no se entiende que una organización de
Naciones Unidas se olvide de la otra cara de la moneda, de los otros
testimonios y de las injusticias. No se entiende que un proyecto de la FAO
utilice este controvertido ejemplo como un modelo a seguir, sin comprobar los
hechos. Incluso llegó a utilizar en sus informes una fotografía que aparece en
la web de
Addax Bioenergy, en la que
se ve a acaparados y acaparadores dándose la mano amigablemente.
[8]
Este hecho no tendría la menor importancia si se hubiera indicado el origen de
la instantánea. Pero no hacerlo y además reconocer que no se contrastó la
información, permite pensar que los datos fueron recopilados de una sola
fuente, sin valorar las graves irregularidades que algunas organizaciones han desvelado.
Las
directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra
El Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (CSA) fue reformado en 2009 para
proporcionarle más versatilidad, peso específico y capacidad de decisión para
la creación de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria. El logro
más importante de esta reforma fue el espacio de participación que se
proporcionó a las partes interesadas, especialmente a las que se ven más
afectadas por la inseguridad alimentaria.
Desde hace
tres años, se vienen discutiendo y consensuando en el seno del nuevo CSA, las
directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra. Estas
directrices pretenden salvaguardar el acceso a la tierra y a otros recursos
naturales para los sectores de la sociedad más vulnerables, y ayudarán a que
los estados que se ven afectados por el acaparamiento de tierras puedan
legislar para garantizar estos derechos.
El pasado 11
de mayo y tras muchas reuniones, las directrices fueron aprobadas por los
estados, el sector privado y los colectivos sociales que habían participado en
su elaboración dentro del CSA. Las primeras reacciones de las organizaciones
sociales involucradas -que representaban en algunos casos a millones de
campesinos y agricultores- han sido positivas porque por una parte se han
aprobado unas pautas que pueden ayudar a frenar la impunidad reinante hasta el
momento, y por otra, consolida el CSA reformado como un espacio de
participación y toma de decisiones.
No obstante, algunos
colectivos sociales también han manifestado que las directrices se quedan
cortas en muchos aspectos, siguen legitimando el acaparamiento de tierras y
pueden entenderse de manera desigual dependiendo de los actores. Todo, porque
la acción de ciertos estados y sobre todo del sector privado, obligó a
consensuar ciertas posiciones ambiguas y muy generales, y por eso al final,
tuvieron el mismo peso los intereses de aquellos que se juegan el poder comer y
trabajar, que los intereses de aquellos que si no invierten en agrocombustibles
en África lo harán en factorías chinas de alpargatas y bolígrafos. Muy
democrático sí, pero muy asimétrico también.
[1] INTERMON OXFAM: "Intermón Oxfam advierte
de que la actual compra masiva de tierra está sumiendo a miles de personas en
la pobreza", 22 de septiembre de 2011.
[2] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura.
[3] FAO: "Elevada inseguridad alimentaria en
Sudán del Sur", Juba/Roma, 8 de febrero de 2012.
[5] "Hambre y acaparamiento de tierra en Sierra Leona", en el informe "El acaparamiento de tierras y la nutrición, desafíos para la gobernanza
mundial", Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición, 2010
[7] MARTÍN, M.A.:
La
agricultura africana, Los libros de la Catarata y Casa África, Madrid,
España, 2012, pag. 83.
