Municipalización de servicios

Muchos municipios están considerando -o ya han resuelto-asumir y participar directamente en la gestión de servicios públicos.

En materia de servicios públicos, pendularmente, venimos oscilando entre monopolios estatales, desregulaciones, privatizaciones y ahora, ante `la recidiva administrativa´ -de corruptelas,  ineficiencia e inoperancia de empresas privatizadoras y de los organismos de regulación y control-, por descarte, podríamos recaer en gestiones estatales locales inapropiadas e incompetentes.

Por eso cuadra advertir que de concretarse las mismas,  no deben ser reactivas, compulsivas ni espasmódicas;  sin proyecto, sin profesionalización de la gestión, sin infraestructuras apropiadas, sin un plan director y de negocios puesto que, entonces, mediante el recurso `in extremis´ de la municipalización, sin la seguridad y especialidad imprescindibles, nos estaríamos asegurando la `crónica de nuevos fracasos anunciados´,  con daños y perjuicios irreparables.

Una antigua tradición filosófica coloca a los “fines públicos” en una jerarquía ética superior a los “intereses privados” tal como si aquéllos se identificasen con la virtud de la equidad y el bien común en tanto  éstos,   con egoísmos, especulaciones y lucros reñidos con elementales desarrollos y satisfacciones humanas.

 

 

El bien común y el interés general son el fin y el límite de toda versión estatal, de todo esquema o metodología adoptada para la prestación de servicios públicos, razón por la cual, seria saludable y preventivo, conocer en todos y cada uno de los casos, la suerte corrida por usuarios y consumidores en toda esa  `cadencia pendular´,  la probidad y responsabilidad confirmada –o no- de concesionarios privados anteriores (inversiones, programas de expansión, planes de contingencias,  tarifas justas y razonables, servicios de calidad, eficiencia y confiabilidad),  las responsabilidades intransferibles del ente o agencia de regulación y control de que se trate como las del propio estado municipal concedente en su oportunidad respecto a la racional elección, vigilancia y eventual indemnización  de cada permisionario o concesionario que, a juicio de la realidad o del estado municipal, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Esto claro,  sin perjuicio de las responsabilidades propias, funcionales y personales del poder ejecutivo, del concejo deliberante y del tribunal de cuentas local para impedir y condenar definitivamente nuevos desmedros en el patrimonio, confianza y legitimidad inherentes a cada vecino-ciudadano-usuario-consumidor pero, fundamentalmente, contribuyente; un contribuyente que ya, en su indefensión como en su recurrente y frecuente resignación sin alternativa, ha decidido no librar más  `cheques en blanco´,  definitivamente.

Así las cosas y, ante comprobadas `perfomance´ estatales y del mercado conocidas (y padecidas), parece ser nomás -atento su eficiente y útil desempeño secular verificado y verificable-  que sólo auténticas opciones asociativas cooperativas podrían garantizarnos servicios públicos urbanos y rurales locales `en nuestras manos´  y, consecuentemente, calidad, eficiencia, tarifas justas, razonables, solidarias; buen trato y confiabilidad, todo ello a partir de  una vívida autonomía e independencia propia y característica de su autogestión y `autorregulación´  inclusivas.