El malestar de la Constitución

La profundización y `naturalización` de un catálogo de problemas, dilemas y contradicciones republicanas e institucionales, se corresponden con un latente e innegable malestar constitucional.  

En efecto, si recurrentemente no se respetan los requisitos de “República” la democracia puede transformarse en una dictadura plebiscitada.   

Acabamos de verificarlo con el ejercicio del poder ejecutivo argentino en las últimas décadas, cuando tal malestar se acentuó, fundamentalmente al no respetarse las instituciones ni a los órganos de control. Con tal debilidad institucional, la democracia quedó varada transfigurándose en  “cesarismos o  autocracias reelegidas” o como denunciaba Tocqueville: “tiranía de la mayoría”

Dicho `modelo` no reconoce la pluralidad ni dirime los conflictos mediante el diálogo y la argumentación racional dado que para el cual, la no alternancia en el poder (municipal, provincial, nacional, sindical, etc.), resulta decisiva.  

El fin y el límite del Estado, es el bien común. Entonces, cómo entender e interpretar tanta  violencia estatal estructural con la corrupción, con la injusticia y el sistema penitenciario, con la (in) seguridad (Vg., de personas, bienes, cosas y fronteras según penosos índices de arrebatos callejeros, de asaltos, de secuestros; de trata y trabajo esclavo boliviano, peruano, chino, etc.,  del narcotráfico, etc.); con la inflación, con una peculiarmente arbitraria y especulativa coparticipación federal/municipal, con la híper presión tributaria sin contraprestaciones razonables y decorosas; violencia escolar; violencia por obscenas inequidades salariales (Vg., los ingresos de un maestro o médico rural comparados con los ingresos de castas legislativas, judiciales, ejecutivas, sindicales (Vg., luz y fuerza, camioneros, etc.)), etc.

Otras violencias por ausencias estatales vienen siendo soportadas en materias de nutrición, salud, educación, vivienda digna, ambiente, recursos naturales (Vg., agua potable, cloacas, luz, gas, etc.), como por el ya crónico no desarrollo humano para nuestros pueblos originarios,  para nuestros excombatientes, etc.  (“no se puede hacer política sin saber de historia argentina”), todo lo que genera injustamente demasiado dolor,  bronca, postergación y muertes, tantas de ellas invisibilizadas por una unitaria e irresponsable descobertura  periodística,  como es el caso de tantos Qom, Mapuche, etc., desaparecidos. Baste con citar sólo los últimos,  los dos niñitos salteños de la etnia Wichi que fallecieron recientemente a causa de una severa deshidratación y bajo peso, causas sólo asociadas con la desnutrición. Sobre esto los gobernantes  sostienen, unánime y cínicamente, que se trata de una mera cuestión cultural.

Hablamos de esos administradores públicos que no han cumplido ni han hecho cumplir –entre tantos compromisos constitucionales jurados, asumidos y desairados sistemáticamente- Vg.,  ni con una letra del extenso inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional (pueblos originarios),  usando y abusando desde una subespecie inexistente de nobleza medieval de hecho, en la cual, todos los ciudadanos seriamos sus esclavos cuando en realidad todos ellos son nuestros empleados.  

Si nos somos capaces de lograr que nuestros derechos constitucionales resulten operativos y de aplicación inmediata; si no somos capaces de execrar miserables intereses sectoriales corrosivos que vienen institucionalizando la mentira, el robo, el desprecio, la desigualdad, la indigencia, la exclusión y la cultura del descarte, resignaremos nuestra plena realización personal y comunitaria junto a nuestro destino de grandeza para el cual fuimos dotados natural, prodiga y privilegiadamente.  

Un pueblo estatalmente inconsulto (Vg., tarifas, desarrollo de infraestructura, destino de inversiones, desarrollos inmobiliarios, minería a cielo abierto, reverdecimientos ecológicos, etc.), ya debiera traducir todo ello en iniciativas populares para lograr que las garantías constitucionales se reflejen y conserven en capacidades concretamente eficaces y eficientes, exigiendo ardor y aplicación tanto de la forma democrática, representativa, republicana y federal, cuanto en la intensificación del sistema punitivo mediante la asimilación e incorporación de honestidad, neutralidad e independencia, experticia, pertinacia, rigor y prontitud,  para truncar todo lo que actualmente exhiben de  porético.  

Claramente el Estado no es más que el conjunto de normas jurídico-políticas creadas previamente por los ciudadanos, con el fin de auto limitar sus libertades y derechos individuales para favorecer y facilitar finalmente, la realización  del bien común y la paz social con intensidad  ética.  

Quede claro  que los poderes públicos sólo deben y tienen que actuar si son autorizados por el pueblo, o por la ley. Por lo tanto las autoridades están bajo la ley, nunca más allá de la ley, y mucho menos en contra de la ley.  

Preconclusiva y modestamente, tratamos de efectuar un aporte académico para un debate ideológico, necesario y urgente que subyace en la Argentina alrededor de cuestiones constitucionales centrales,  debate pendiente que ojala se realice con el lenguaje adecuado y la intención constructiva de arribar a consensos para el interés general y la felicidad de todos, oportunamente.

Resumiendo, desde el civismo de nuestra mirada sobre la realidad argentina, no exageraremos si concluimos advirtiendo sobre el susodicho (grave y latente) malestar constitucional.      

Roberto Fermín Bertossi

Investigador CIJS/UNC