De piquetes e impotencias.

Según datos de la consultora Diagnostico Político, en las calles porteñas los piquetes y cortes de calle crecieron un 442% sólo en los primeros 15 días de este mes. En 75 días de este año ya se realizaron 95 piquetes callejeros en las calles porteñas, 62 interrupciones de tránsito, contra apenas 14 de febrero pasado y 53 del mismo mes de 2016.

Así las cosas, la regular asistencia a los lugares de trabajo para la normal realización de las actividades cotidianas, se topa por estos días con toda clase de obstáculos, impuestos por piqueteros militantes impulsores de una violenta escalada en la conflictividad social;  ello no obstante la vigencia del artículo 194 del Código Penal y en el marco de un supuesto estado de derecho e imperio de la ley,  lo cual ha sido puesto en entredicho a estar por los fastidiosos y dañinos sucesos cotidianos, derivados de un caos organizado y fuera de control,  donde el interés general que hace al derecho de todos, viene sucumbiendo ante belicosos sujetos encapuchados como a  una impotencia estatal/judicial, todo lo cual harta e injustamente venimos soportando prolongadamente los argentinos.

Estos piqueteros vernáculos que cometen todo acto de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, quedan atrapados por las previsiones de los artículos 23, 36 y cc. de nuestra Constitución Nacional (CN.), debiendo institucionalmente activarse dichos magnos dispositivos cuando como ahora, vivimos en una conmoción que ha puesto en peligro el ejercicio de nuestra Constitución y a las propias autoridades creadas por ella. Consecuentemente podría declararse en estado de sitio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires territorio en donde se viene manifestando con mayor virulencia la perturbación del orden, quedando así suspendidas las garantías constitucionales para tales cobardes piqueteros los cuales en tal caso podrían ser arrestados y trasladados de un punto a otro de la Nación, si acaso no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.     

Obviamente, no debemos ignorar que exactamente esto último es que lo que quiere ese malón piquetero,  para espantar inversores generar inseguridad jurídica y tal.

¿Otro yerro? de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, fue su “protocolo  antipiquetes” ante posibles manifestaciones públicas, el cual estableció pautas para asegurar la normal circulación de personas, bienes y vehículos durante las protestas callejeras,  buscando garantizar una actuación sin excesos de las fuerzas de seguridad y cuyo manual prescribió: “No queremos encapuchados ni palos”… “Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos", (sic);  un protocolo abstracto, estéril e irrito a la fecha.  

Ante el rotundo y obvio fracaso de tal exabrupto institucional (aun sin reglamentar), adiestrados piqueteros desafiando y despreciando desembozadamente los guarismos en las urnas de la reciente expresión democrática electoral nacional –que ungieron unas autoridades y no otras-,  interrumpen cotidianamente la vía pública munidos de bombos y megáfonos, escombros, cubiertas y fuego, usurpando calles y espacios urbanos, aprovechándose de la libertad, de la propiedad y de los tiempos personales ajenos, usando armas no letales pero también letales. No escapan al maremágnum piqueteros bienes públicos que también son tomados y dañados por manifestantes encapuchados; automóviles y transportes públicos son incendiados; resumiendo, un perfecto desorden social,  (salvo fines de semana, feriados o  vacaciones…).  ¡Es lo que estamos viviendo! 

Obviamente ante semejantes vandalismos, se puso de manifiesto irrefutablemente, que estos entorpecimientos solo se han propuesto  impedir y estorbar el normal funcionamiento de la vida en sociedad, desafiando a la Constitución y a la justicia, provocando desmoralización, hastío y desaliento, no solo para desafiar la autoridad pública elegida por el pueblo, sino para voltearla. 

Los destratos violentos de esos piquetes organizados por autores (visibles e invisibles) junto a sus desmadres reivindicativos, no pueden negar que, en realidad, no solo se han propuesto luchar directamente contra el gobierno electo democráticamente,  sino en última instancia, ¡tomar el mismo!

Finalmente, con lo lacerante de fuerzas del orden capitulando frente a piquetes por impotencia estatal/judicial y el gravísimo silencio `oficial´ de la oposición como de gremios y sindicatos con personería jurídica, pues se subestima e ignora temerariamente que la paciencia de la familia argentina, trabajadora y contribuyente, hostigada y fatigada en su ya cuasi pírrico cumplimiento del deber, ¡también tiene su límite!       

Roberto Fermín Bertossi

Investigador CIJS/UNC