Relegitimemos nuestro poder legislativo

Roberto Fermín Bertossi

Investigador CIJS/UNC

El compromiso político y ciudadano no se centrifuga ni agota en los comicios legislativos del próximo 22 de octubre.  

 Pensamos que corresponde a la sociedad civil asumir un protagonismo responsable y ejemplar ejerciendo en plenitud su rol indelegable en pos de reorganizar y decidir mejores versiones de democracia legislativa.  

 Concomitantemente, proponer la reformulación e institucionalización de “una agenda argentina” para el mediano y largo plazo para que a través de instituciones políticas más cooperativas, sepamos darnos reglas electorales claras y simplificadas, sistemas sociales, laborales y fiscales inclusivos, infraestructuras públicas y educativas apropiadas, narcotráfico, políticas y buenas prácticas agrícolas, un ambiente sano, una regulación de la intermediación y  la renta financiera, etc.  

 Esa democracia solo alcanzará su plenitud cuando los derechos dejen de ser un amague constitucional y las desigualdades, denigrantes e irritantes realidades.  

 Afrontar la regeneración de las instituciones dotándolas de acción proactiva permanente, de autonomía, independencia, sobriedad, `dedicación y aplicación de sus miembros´, de capital reputacional, de experticia e idoneidad moral y funcional, de transparencia y credibilidad, profesionalizando sus estructuras, logística y funcionamiento, ya resulta un claro imperativo de la hora que todos deberíamos exigir y legitimar con nuestro poder y tesoro ciudadano personal:  “el voto”.  

 Para ir superando gradual y paulatinamente profundas desigualdades, crecimientos lentos, las ascuas de nuestros jubilados y científicos, etc.,  se requieren debates político-legislativos sobre la redistribución de los ingresos públicos, para recién entonces poder alcanzar crecimientos sostenidos con “rostro humano”.  

 Ello exige e implica no volver a desperdiciar décadas hiperfecundas en materia de productos básicos o commodities ni los portentosos avances científicos y tecnológicos actuales, si acaso el anhelo patrio común continúa siendo lograr  el bienestar general y un avance social sustentable, sin asimetrías ni excluidos.   

 No se yerra si se habla de ilegitimidad de ejercicio por lo enrevesado, holgazán y farandulero del poder legislativo imperante a partir de la administración Menem,  el cual -en una u otra medida- viene negando o ralentizándonos un mejor destino personal y comunitario. Explica y predice esto último la adopción e imposición de perversas privatizaciones, estatizaciones con sus corsi e ricorsi o esquemas presupuestarios que violan sistemáticamente elementales parámetros de todo contrato social, provocando e impidiendo de tal manera que los argentinos podamos reconocernos y reencontrarnos en vez de sentir que (cada día más) debemos sacrificarnos para  prepotentes o ilegítimos poderosos que vienen manipulando descaradamente instituciones políticas, social y humanamente deficientes con infinidad de perdedores.  

 Todo lo contrario, el relegitimar nuestro Congreso Nacional propuesto será para regenerarlo y replantearlo por completo, para ir recuperando gradual y paulatinamente, un crecimiento económico -sin ajustes- con perdurable dimensión humana.  

 Si seguimos pensando en constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior  y promover el bienestar general, mal podríamos desoír a los politólogos o economistas más influyentes de la actualidad como Thomas Piketty,  cuando en su última obra:  ¡Ciudadanos a las urnas!,  sostiene: `la democracia reposa sobre la confrontación permanente de ideas, el rechazo a certidumbres prefabricadas, y la renovada decisión de, sin concesiones, poner en entredicho instancias de poder y de dominación. Las cuestiones económicas son eminentemente políticas, y por ende no deben seguir siendo admitidas sólo como cuestiones puramente técnicas que deben quedar libradas a una exigua elite de expertos´  

 Por último, relegitimizar al poder legislativo requiere avanzar mancomunadamente hacia la unión política, en especial cuando se legislen cuestiones presupuestarias, fiscales, financieras o ambientales, lo cual sólo se logrará reconstituyendo y reempoderando instituciones democráticas y parlamentarias como nuevas.