¿Corrupción o Ciudadanía?

Paradójicamente, la política argentina se ha vuelto inhóspita para la ciudadanía, entendida ésta como condición necesaria que asegura a todo “ciudadano” garantías y deberes constitucionales tanto como derechos políticos, económicos y sociales.

Una corrupción sistémica, omnipresente e impune se apoderó de los derechos y de las legítimas expectativas ciudadanas propias de una democracia republicana.

La corrupción `habita´ el grueso de las instituciones, del empresariado y del sindicalismo vernáculo.

Así las cosas, la corrupción no solo mató sino que también traicionó `ciudadanía´. Es tal su gravedad -por su significado y connotaciones- que inspiraron el más duro apotegma ético-moral del propio papa Francisco: ¡Pecadores si, Corruptos, no!

Sin titubeos, lo que le falta a la ciudadanía argentina, conforma ilícitamente el patrimonio de una casta política, empresarial, sindical y profesional autóctona (vg.:, funcionarios, abogados, contadores, notarios, agentes de bolsa, CEO´s, gerentes, directivos, operadores, etc.; huérfanos de toda clemencia).

Bastaría un mero “Excel” para retratar y contrastar el devenir patrimonial de unos y “otra” en los últimos cincuenta años. He ahí los nuevos ricos corruptos, los que nos robaron la nutrición, la educación, la salud, la seguridad, la dignidad y el júbilo de nuestros viejos (jubilados y pensionados ordinarios); las viviendas dignas, la calidad y la tarifa justa y razonable de los servicios públicos esenciales y, transversalmente, toda la infraestructura que nos falta.

Desde el advenimiento de la democracia (1983`)  cuando la corrupción hizo desaparecer el Banco social  de la provincia de Córdoba pasando por la “marroquinería” de Amira Yoma o Ruitort (demorada en el año 2002 por la aduana chilena con cincuenta millones de bonos provinciales para Córdoba, LeCor), de Antonini Wilson, etc.; el monumento a la corrupción en Yacyretá, la Tragedia de 11, los bolsos de Lopecito, el “culposo” hundimiento e irresponsable búsqueda del submarino ARA San Juan, los cuadernos de tal  o la financiación espuria de las campañas políticas (en un país que vive de campaña);  urge condenar, encarcelar e inhabilitar a tanto ladrón de ciudadanía, sin prescripciones ni excarcelaciones posibles.

Estos son canallas e infames traidores a la ciudadanía, a la buena fe y a toda confianza en una política cabal. Sin escrúpulos y perfeccionando todo latrocinio, se perpetuán de generación en generación. Sin escatimar eufemismos, nos siguen mintiendo descaradamente. ¡Con la democracia se come, se cura y se educa!, ¡Síganme que no los voy a defraudar!, ¡La Banelco!, ¡La inflación es algo simple y lo más fácil de resolver!, ¡El dólar no va a llegar a $15!, ¡No vamos a devaluar!, El segundo semestre de 2016!, ¡Lo peor ya pasó!, ¡Ahora si todo  va a mejorar!...

Así las cosas, desbaratada y defraudada toda expectativa ciudadana y todo deber constitucional, resulta artero y cínicamente descalificador que aun se pretenda exigir un solo sacrificio más a la ciudadanía, sin antes encarcelar a los corruptos y recuperar hasta el último centavo de todo lo robado a la misma ciudadanía. Esto último es un prerrequisito esencial e innegociable fruto de noble memoria, de toda verdad y estricta justicia… si de derechos humanos acaso se trata.

Preconclusivamente, resulta urgente y crucial transformar nuestro ultrajado contrato social de modo tal que, finalmente, logremos la emancipación, satisfacción y bienestar general de la Ciudadanía en cuanto tal, conforme el verdadero espíritu de los merecimientos constitucionales.

Por último y en tanto “ciudadanos”, jamás habremos de admitir la `cartelización´ de nuestra dignidad, de nuestras oportunidades, de nuestro desarrollo humano como de nuestro propio futuro, adelanto y progreso, por parte de crónicas y estructurales  asociaciones ilícitas entre castas políticas, empresarias, sindicales u otras.

Roberto Fermín Bertossi

Investigador Cijs / UNC

Premio Adepa-Faca a la abogacía

Experto CoNEAU / Cooperativismo