COVID-19: APROXIMACIÓN CONSTITUCIONAL A LA CRISIS EN BRASIL

El oscurantismo del Presidente de la República de Brasil, Sr. Jair Bolsonaro, en el manejo de la crisis del COVID-19 reverberó por todo el globo[1] - o por los cuatro rincones de la Tierra plana, como es creído por el gurú intelectual del gobierno y muchos de sus discípulos-.

Como es sabido, Brasil tiene dimensiones continentales, una inmensa desigualdad social, pobreza, desempleo, carencia de hospitales y gran parte de su población vive en las calles o amontonada en viviendas precarias que ni siquiera cuentan con saneamiento básico. Todos estos factores de por sí, ya conllevarían a una enorme dificultad en la gestión de esta tragedia que significa la pandemia.

La única ventaja con la que el país contaba era haber sido afectado en un momento posterior, lo que permitiría tomar nota de las experiencias ya vividas por los demás, y utilizar el conocimiento técnico y científico que ya venía desarrollándose para el combate del COVID-19.

Todavía hay muchas preguntas importantes sobre el virus que no tienen respuesta, pero lo que ya se sabe es que, ciertamente, no se trata de una histeria colectiva y/o un simple resfriado, como pregona el Sr. Presidente. También es notorio que los países que intentaron aplicar el aislamiento vertical en un primer momento o que dejaron de adoptar medidas restrictivas de aislamiento social, vieron colapsado su sistema de salud debido a la ineficiencia de la estrategia elegida. Todo lo anterior dio lugar a la imposibilidad de aplanamiento de la curva de contagio, de tal suerte que se precisó dar marcha atrás, enfrentando una crisis mucho más grave y un período de cuarentena mayor en comparación con aquellos que han empleado tales medidas de forma más rápida, y que ahora se encuentran en proceso de desconfinamiento o, como se dice en España, “desescalada”, con la reanudación gradual de sus actividades. Hasta el momento, no se hace posible la tan necesaria prueba para toda la población, ni existe un medicamento que tenga plena eficacia comprobada por la comunidad científica, ni la tan soñada vacuna. Lo que sí es cierto es que, desafortunadamente, el empleo de medidas de aislamiento fue la estrategia que se mostró, de forma indiscutible, como la más eficiente en el control de la pandemia. 

Aquellos que aún sostenían que Brasil no sería afectado debido a que supuestamente el virus no se desarrollaría en el calor, y pese a la existencia de alguna confirmación de esa conclusión por la comunidad científica, fueron testigos del macabro escenario en la ciudad de Guayaquil, centro de la epidemia en Ecuador, en que los buitres sobrevolaban el cielo de la ciudad atraídos por los cuerpos en descomposición en las calles, pues los sistemas hospitalario y funerario también implosionaron.

A pesar de todos los hechos científicamente probados y los terribles desastres ya experimentados por diversos países, el jefe del Poder Ejecutivo de Brasil permaneció adoptando una postura negacionista, incluso participando en manifestaciones con aglomeraciones de personas por el fin del aislamiento, además, de otras execrables y abiertamente inconstitucionales, que clamaban por el cierre del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal y por el retorno de la dictadura, sin hacer adopción de ninguna de las medidas de prevención recomendadas por la OMS (uso de máscaras, ausencia de contacto físico y distancia social mínima) y que fueron repudiadas por las instituciones democráticas[2].

La solución de la crisis exige la búsqueda de la convergencia, que se logra a través del diálogo y la escucha de diferentes puntos de vista, incluyendo los de adversarios y de la comunidad científica, por encima de intereses políticos[3]. Posiciones inmovilistas, polarización política y preferencia de los intereses de grupo a los generales de la ciudadanía sólo contribuyen al agravamiento de la crisis. Desafortunadamente, fue lo que sucedió en Brasil.

En ese contexto, el Gobierno Federal celebró un contrato, sin licitación por un valor aproximado de R$ 4,8 millones - cantidad que bien podría ser destinada, por ejemplo, a la compra de respiradores y máscaras tan necesarios en el momento -,  para la difusión de la perversa campaña publicitaria “Brasil No Puede Detenerse”, que defiende el aislamiento vertical y difunde la falsa información de que el COVID-19 no significa un grave riesgo para la vida y la salud, en patente disonancia a los consensos mínimos afirmados por la OMS y la comunidad científica, convocando a la población a reanudar sus actividades en favor de la economía.

El video preliminar de la campaña[4] ya había sido transmitido en grupos de WhatsApp y en Instagram, cuando la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el partido Rede Sustentabilidade decidieron imputar el Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) ante el Supremo Tribunal Federal, sobre la base de la violación a los principios de la Administración Pública en la contratación, así como a los derechos fundamentales básicos de la vida y salud, solicitando el impedimento de la difusión de la campaña (o de cualquier otra similar).

Tras analizarlas mencionadas demandas (ADPFs, números 668 y 669), el 31/03/2020, el Ministro Relator, Roberto Barroso, concedió la medida cautelar[5] considerando que la información transmitida a través de la campaña era contraria al consenso técnico y científico, así como a los resultados de experiencias en otros países, incluso aseveró que no es recomendable la flexibilización de las medidas en países en desarrollo, precisamente porque las condiciones precarias facilitan el contagio y la propagación del virus y el sistema público de salud, que ya se muestra deficiente, tiende a presentar menor capacidad de respuesta.

De la misma forma, el Ministro destacó que no hay una efectiva dicotomía entre la salud y la economía, como preconiza la campaña, una vez que (i) las medidas restrictivas están siendo tomadas por todos los países, por lo que es cierto que, si Brasil no las adopta, puede terminar siendo visto como amenaza y sufrir aislamiento económico, y (ii) la demora en la adopción de medidas acarreará la propagación del virus, lo que llevará a la necesidad de restricciones aún mayores y por un plazo más extenso.

Además, se ha destacado que la vida y la salud de la población, corolarios de la dignidad de la persona humana, deben prevalecer siempre. 

Sobre esto, cabe señalar que el Supremo Tribunal Federal ya se había posicionado en otras oportunidades, como, por ejemplo, en la controversia que implicaba la comercialización del amianto. Junto con el lobby de las grandes empresas explotadoras de dicha fibra, al juzgar las Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADIs) números 3356, 3357, 3470 y la ADPF número 109[6], la Corte, basándose en el consenso científico sobre el potencial carcinógeno de la sustancia, consideró inconstitucional la ley federal que preveía la posibilidad de su utilización y, por consiguiente, constitucionales las leyes estatales que prohibían su comercialización. Es decir, incluso ante un aparente conflicto entre la vida y la salud frente a la economía y la empleabilidad del sector explotador del amianto, fue decidido que deben prevalecer los primeros[7].

A pesar de la suspensión de la campaña, el Jefe del Poder Ejecutivo siguió adoptando la misma conducta contraria a las medidas restrictivas, defendiendo el ya ineficaz aislamiento vertical, lo que acabó agudizando las tensiones existentes con aquellos que defendían y adoptaban medidas restrictivas en conformidad con las recomendaciones de la OMS y de la comunidad científica. Entre los opositores, destacan, principalmente, el entonces Ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, quien terminó siendo despedido, en medio de la crisis, por discrepar del posicionamiento del Sr. Presidente de la República[8], su sustituto, Nelson Teich, quien renunció también por desacuerdo con el Sr. Presidente[9], y la mayoría de los Estados y Municipios, los cuales, en el marco de sus competencias legislativas y administrativas, han adoptado normas de aislamiento social científicamente recomendadas, como, por ejemplo, la prohibición de aglomeraciones, restricción en el funcionamiento de los establecimientos comerciales, en la circulación de personas, y de las actividades culturales, imposición de aislamiento social, cuarentena, suspensión de clases, entre otras que fueron empleadas por los demás países del mundo.

Sobre estos últimos, los conflictos entre el posicionamiento la Unión, representada por el Sr. Presidente Jair Bolsonaro, y los Estados y Municipios, marcaron la política en la crisis de la pandemia en Brasil, generando una perjudicial confusión, desinformación e incertidumbre en la población, además de tensiones en el pacto federativo[10].

De modo ilustrativo, el Estado de Maranhão, al verificar la existencia de más de 1.000 casos sospechosos, adquirió 68 respiradores (equipos esenciales para el tratamiento de la enfermedad en fase grave) de una empresa situada en el Estado de Santa Catarina. Sin embargo, después de la compra, el Gobierno Federal exigió los respiradores con carácter obligatorio.

Por tal motivo, el Estado de Maranhão entabló una acción civil ante el Supremo Tribunal Federal (ACO nº 3385), argumentando que la autonomía de los entes federativos impide que uno de ellos solicite obligatoriamente bienes o patrimonio de otro ente público.

El Ministro Relator Celso de Mello concedió la medida cautelar para impedir la apropiación por parte del Gobierno Federal y determinar la entrega de los respiradores, reconociéndose la transgresión a la autonomía institucional del Maranhão, que actuaba con el objetivo de proteger la salud de su población, en el marco de la intangibilidad del vínculo federativo y equilibrio entre los entes federados. Además, se ha acordado que la requisa de bienes y servicios, en función de las previsiones constitucionales, solo se refiere a la propiedad de particulares y que únicamente puede recaer sobre bienes de los Estados y municipios en la hipótesis de decreto de estado de defensa o sitio, lo cual no ocurrió[11].

Cabe señalar que, después de intentar inútilmente obtener ayuda del Gobierno Federal, y tras el anteriormente mencionado bloqueo de la transacción por el perpetrado, el Estado de Maranhão terminó por intentar comprar los respiradores y máscaras de China, pero Alemania y los Estados Unidos lo relegaron. Por tal razón, se realizó una operación para eludir al gobierno federal y a los dos países, comprando los productos de China, con posterior remisión a Etiopía, para su envío a Sao Paulo y distribución en Maranhão.

Cuando dicha operación fue revelada, se decidió que el Servicio de Impuestos Federales iniciara un proceso contra los responsables en el Estado de Maranhão. El gobernador del Estado, el Sr. Flavio Dino, afirmó que solo utilizó dicha estrategia a causa de la negativa de ayuda del Gobierno Federal y que no hubo ilegalidad[12].

El Poder Judicial también fue instado a manifestarse en otras disputas por respiradores que involucran al Gobierno Federal y otros municipios y Estados