Defendemos la estabilidad laboral, tanto en Personal Docente e
Investigador, como de Administración y Servicios
Texto extraído de los principios de STUM, Sindicato de Trabajadores de
las Universidades Públicas de Madrid
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1. Los problemas urgentes en el diseño curricular
de la carrera de profesor universitario
a).
Los asociados en sentido propio o “asociados de verdad” (abogados, fiscales, jueces,
médicos, etc.)
La
tendencia debe ser a estabilizarlos siempre que cuenten con un desempeño
profesional acreditado en el Departamento y Área de conocimiento de que se
trate, en su calidad de receptores de sus servicios en la Facultad. Lo que debe
determinarse también es que su labor docente se circunscriba a Seminarios y
Prácticas. En ningún caso a Magistrales. Estos profesores pueden aportar unos
conocimientos prácticos muy valiosos para el ámbito universitario. Tales
conocimientos tienen su origen en su desempeño profesional fuera de las aulas.
En cambio, su debilidad en la función docente consiste en que, salvo honrosas
excepciones, carecen de la capacidad de conceptualización y sistemática que
tiene un profesor de Universidad a tiempo completo. No son, de entrada, ni
mejores ni peores. Su actividad profesional prioritaria, la que ocupa la mayor
parte de su jornada laboral, se orienta hacia actividades profesionales no
docentes. La contratación de estos profesores debe ser estudiada cuidadosamente
para que no constituya un modo velado de precarización de la profesión que
impida promociones y convocatoria de plazas a tiempo completo.
b).
Los falsos profesores asociados
Son profesores de dedicación exclusiva para los que el sistema universitario carece
de figuras contractuales para dar continuidad a su carrera académica. Es una
mala solución a un problema realmente existente. Los falsos asociados deben
desaparecer al tratarse de una figura anómala que enmascara una necesidad
contractual no cubierta en el diseño curricular de la carrera académica de
profesor universitario. Un profesor a tiempo completo no puede reducirse en el
plano contractual al esquema de plazas para dedicación docente parcial.
c).
Las bolsas de acreditados.
Las agencias de evaluación de la calidad y acreditación del profesorado como la
ANECA y las respectivas agencias autonómicas, se crearon, al menos desde un
planteamiento teórico, para mejorar la calidad de nuestro sistema
universitario y asegurar unos mínimos de solvencia académica comunes en
todo el país a la hora de poder optar a determinadas plazas de
profesorado, y evitar, así, la discrecionalidad con la que algunas
universidades contrataban profesores en el pasado. La evaluación a la que se
somete al candidato pretende que se demuestre que la productividad científica,
consecuencia de las líneas de investigación de cada profesor, es coherente y
original, está cohesionada, contribuye a ofrecer nuevas perspectivas de
investigación, tiene un desarrollo progresivo y ofrece resultados excelentes y
constantes a lo largo de los años que integran el currículo del investigador.
La
dificultad surge cuando son muchos los acreditados y muy escasas las plazas
convocadas en las diferentes universidades. Esta situación ha dado lugar a las
injustas y absurdas “bolsas de acreditados” o, como se decía en otra época,
“aprobados sin plaza”.
Se
trata, me parece, de un problema que debería afrontarse en dos fases: a). Dar
solución a los actuales “acreditados sin plaza”. La bolsa actual de acreditados
es una auténtica vergüenza y una certificación del carácter ineficaz e
ineficiente del vigente diseño de la carrera de profesor universitario. La
acreditación, en su actual configuración, es un modo de poner en liza plazas
que no existen y que nadie puede garantizar que lleguen a existir.
Lo
realmente prioritario, si lo que se pretende es ofrecer una solución al
problema, es dotar de las plazas correspondientes a los actuales acreditados
empleando el criterio derivado del aforismo latino Prior in tempore, potior
in iure. Dicho aforismo puede traducirse como “primero en el tiempo,
preferido en el derecho”, "primero en el tiempo, mejor en el Derecho"
o "es más fuerte el derecho más antiguo". Hace referencia, en
definitiva, a un principio de Derecho en virtud del cual, en el caso de existir
controversia entre partes que alegan iguales derechos sobre una cosa, prevalece
el de aquella que los generó en un momento anterior en el tiempo.
El
jurista, historiador, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro, Sebastián de
Horozco (Toledo, 1510-1580), coleccionó 3.145 refranes glosados o comentados en
décimas titulado “Teatro Universal de Proverbios” y en él reseñó el principio
jurídico anteriormente aludido en los siguientes elegantes términos (www.lavozdelderecho.com):
Quien
primero es en tiempo, ese es mejor en derecho
Para
aver de litigar
El
consejo verdadero
Es
saberse adelantar
Y
procurar de informar
De
su justicia primero
Porque
con esto después
Se
halla el camino hecho
Y
estando en si es no es
Quien
primero en tiempo es
Ese
es mejor en derecho.
El
sistema de acreditaciones lo establecieron los poderes públicos. Los
acreditados cumplieron con su parte. Algunos lectores recordarán el exitoso lema
histórico de seguridad vial “si bebes, no conduzcas”, protagonizada en 1985,
por el entrañable cantante Stevie Wonder.
Aplicado
a lo que nos ocupa, “si no hay
plazas, no acredites”. Así de claro: si la Administración, carece
de plazas que ofrecer debe, como mal menor, suspender las acreditaciones y no
permitir que excelentes profesionales malogren su futuro en un empeño prácticamente
imposible. Por consiguiente, hay que vaciar la relación de acreditados agraviados
en eterna espera que actualmente existe bajo el concepto eufemístico de “bolsas
de acreditados” (en algunos centros universitarios más que de bolsas cabe
hablar de sacos). b). El sistema de acreditación es injusto y absurdo. El
acreditado es, valga el símil, un ganador de una medalla en una carrera de
atletismo. Sin embargo, el joyero (Administración) ni siquiera se ha preocupado
por determinar cuándo empezará a fabricar la medalla que ya está ganada. Como
fácilmente puede comprenderse, en una carrera de atletismo las medallas tienen
que estar listas antes de que se inicie la competición. No se encargan cuando
la competición ha concluido.
2. Apuntes en clave de mejora
Un
análisis de las posibilidades de mejora de la situación pasa necesariamente por
la imprescindible financiación orientada a un proceso de estabilización del
profesorado acreditado. Desde luego, no ayudan a este objetivo la creación, con
motivo de la reforma del Estatuto del Personal Docente e Investigación, de las
figuras del profesorado Titular Contratado y del Catedrático Contratado. Se
favorece así una vía de carácter laboral, alternativa a la vía
funcionarial, con la pérdida de derechos que ello conlleva, y con el peligro de
construir una carrera profesional de segunda y otra de primera.
Ante
la ausencia de una política universitaria sensata y estable, debemos
formularnos una pregunta inquietante: ¿Cuántos de los acreditados actuales
hubieran emprendido la carrera hacia la acreditación de haber sabido que las
medallas no estaban encargadas ni se pensaban encargar? Sinceramente, pocos. De
hecho, las situaciones de interinidad no deberían superar el plazo de un año
natural, de fecha a fecha. La Administración debería garantizar al acreditado
la plaza conquistada en un plazo no superior a un año natural con posibilidad,
como mal menor, de abonarle mensualmente la diferencia en su nómina entre la
plaza previa y la posterior ganada en el muy exigente y proceloso proceso de
acreditación.
Todo
razonamiento sobre la problemática de los profesores acreditados sin plaza
(denominación esta, me parece, mucho más ajustada a la realidad que la de
bolsas de acreditados que peca de imprecisión evidente) debe partir, a nuestro
entender de los siguientes principios o fundamentos: a). Tienen a su favor una
razonable expectativa de acceso a la plaza del escalafón ganada. Dicha expectativa
de plaza goza de protección jurídica. b). Nadie se hubiera acreditado de haber
imaginado que, o no tendría plaza o el acceso a la misma se demoraría de modo
vergonzante. c). Un acreditado no es un mendigo ni un suplicante. Es un
acreedor (pues ha aprobado) a un derecho (una plaza de profesor superior en el
escalafón a la que ostenta) con un responsable en caso de incumplimiento
perfectamente identificado (las autoridades políticas y las universitarias).
d). No se puede ofrecer la posibilidad de ser acreditado cuando no se está
dispuesto a invertir en la promoción y creación de nuevas plazas de profesores. e). No valen las célebres “excusas de mal
pagador” tan frecuentes en algunas Comunidades Autónomas. Si no es posible invertir
en promociones y plazas no es ni coherente ni sensato poner en liza las
acreditaciones. Las limosnas no se someten a una condición previa
(acreditación) sino que se entregan al mendigo desinteresadamente, sin
condiciones. f). La acreditación no es un fin en sí mismo. Es el requisito que
debe dar acceso a la plaza en un tiempo razonable. Actualmente se manejan
plazos de demora superiores a doce años entre la acreditación y el acceso a una
plaza. No haría falta recordar que no se conoce a nadie que se haya acreditado
para algo diferente a acceder, en un plazo prudencial de tiempo, a una
convocatoria que dé acceso a la nueva plaza para la que se obtuvo la
correspondiente acreditación.
3. Condiciones de la docencia hasta que se
recupere la normalidad
La
recuperación de la normalidad, que es tanto como referirnos a la normalidad en
sentido propio, exige superar el equívoco del Presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, y su “nueva normalidad”. Los gobiernos socialistas en
España, al margen de la respetable ideología de cada uno, son expertos en
cambiar los nombres de las cosas. Lo que es cierto, y esta tendencia a
enmascarar la realidad lo es, y se comprueba en todo tipo de soportes de
comunicación no admite reproches ni sentimientos de agravio. Es este un hecho
objetivo y objetivado en el lugar que más desagrada a un político en España: la
hemeroteca. En efecto, esta operación de maquillaje lingüístico ya la
practicaron en 2008. Decía el expresidente Rodríguez Zapatero: queridos conciudadanos;
la situación actual de desaceleración y la falta de liquidez hacen necesarias
una suerte de medidas para paliar dicho crecimiento negativo. Ese “arte”, propio de trileros frustrados, de modificar
la denominación de las diferentes realidades, con la finalidad de que no
parezcan lo que realmente son, lo han vuelto a poner en práctica con la expresión
“nueva normalidad”. En efecto, es esta una de las mayores distorsiones de la
lengua castellana o española y un manifiesto desprecio a la inteligencia del
ciudadano medio. Obviamente, ir con mascarilla y oliendo a desinfectante, es
nuevo e imprescindible en estas circunstancias de crisis sanitaria, sí, pero no
es normal (ni nuevo, ni viejo), menos, al parecer, para nuestro Presidente del
Gobierno. Ahora algunas universidades se suman al lenguaje de Pedro Sánchez, y
su inseparable “nueva normalidad”, para afirmar que las comunicaciones
audiovisuales mediante el entorno digital de trabajo colaborativo, conocido
como Microsoft Teams, constituyen docencia presencial. Entonces, ¿Qué
era lo que hacíamos antes de la pandemia cuando nos dábamos la mano? Claro, eso
debería ser entonces “lo virtual”. O tocamientos impuros, bajo la apariencia de
buena educación, vaya Vd. a saber. Ahora, con motivo de la inevitable
protección de nuestra salud, nos quieren con la boquita cerrada y distancia de
seguridad. Así somos menos peligrosos, también para el poder. A modo de
ejemplo, lo de las manifestaciones en automóvil y las virtuales me produce
cierta perplejidad. No se si en adelante serán siempre así las protestas
públicas. Lo que sí se intuye es a quien benefician estos deficientes
sucedáneos del auténtico derecho de reunión y manifestación, proclamado en el
artículo 21 de la Constitución española: a quienes ejercen el poder político y
a quienes administran y gestionan sus decisiones.
En
realidad, no hay nada más satisfactorio en el ejercicio del poder que una
comunidad (social, universitaria, o de cualquier otro tipo) callada y
obediente. Esa es la verdadera “erótica del poder”: que la comunidad (ya sea
universitaria o incluso de regantes) asienta, como diría un castizo veterano,
“sin chistar”. En efecto, el político, queda complacido cuando es capaz de
generar en el destinatario de su labor quietud, complacencia y ausencia de
crítica. Siempre he pensado que en materia de universidades interesa un
ministro de derechas para que sindicatos acreditados como satélites de partidos
políticos (Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras) se animen a
defender nuestros derechos como si realmente lo fueran. Sin duda fue este, la
creación de un sindicato “sin hipotecas políticas”, uno de los motivos que
propiciaron el nacimiento de STUM (Sindicato de Trabajadores de las
Universidades de Madrid), del que me enorgullece formar parte.
El
ministro Manuel Castells explica, en una entrevista en ‘Público’ (27 de julio
de 2020), cómo se han adaptado las universidades a la emergencia sanitaria, qué
medidas se tomarán para evitar que las desigualdades crezcan y reflexiona sobre
el nuevo escenario que ha llegado para quedarse: “La universidad híbrida es ya
la regla” (¿PARA SIEMPRE?, como el diamante, ME PREGUNTO YO). La
aceptación de esa realidad es cuestión de tiempo (¿EL TIEMPO NECESARIO,
SR. MINISTRO, PARA DOBLEGAR LA VOLUNTAD DEL QUE SE RESISTA AL FINAL PROGRAMADO
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA PRESENCIAL MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA?). El aprendizaje
a la fuerza que hemos tenido que hacer, continúa el Señor Ministro, en esta
pandemia nos permite un salto adelante en el nuevo modelo pedagógico” (¿MODELO
TAMBIÉN PARA DESPUÉS DE LA PANDEMIA? ¿ES EN ESO EN LO QUE ESTÁ VD. PENSANDO,
SR. MINISTRO?).
En mi natural y justificadísima desconfianza hacia el poder me pregunto ¿Y si el actual Ministro de Universidades hubiera sido del Partido Popular? ¿Se hubiera modificado el actual estilo contemporizador, de efecto parabrisas (amago de pensamiento horizontal sin profundidad ni