Imposturas mutuales/cooperativas

Roberto Germín Bertossi 

Causa estupor el notorio y dañino apartamiento estatutario de administradores y síndicos tanto de mutuales como de cooperativas en la gestión de sus representadas, ello dada su recurrencia, su ilegalidad, impropiedad “e impunidad”

De hecho, venimos observando -ante la pasividad y complicidad por omisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cuanto  de los órganos locales de aplicación-, cómo se han comprometido inválida, inobservada pero ruinosamente tanto a cooperativas como  a mutuales con la suscripción y/o adopción de actos y hechos evidentemente extraños a sus únicos objetivos estatutarios autorizados, aún cuando los mismos hubiesen contado con la (nula) aprobación ordinaria o extraordinaria de una asamblea de sus asociados.

Tanto los directivos mutuales como los consejeros cooperativos, injusta y bastardamente hicieron y hacen responsables a sus organizaciones, también cuando hubieran actuado en infracción de la representación plural o cuando se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos, valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios.

Tan tremenda (ir)responsabilidad que ha puesto en jaque mate a innumerables personas jurídicas privadas de esta socialmente mayúscula índole y gravitación, también ya vino arrojando a  una impensable bancarrota a infinitas mutuales y cooperativas en todo el territorio argentino; todo lo cual no obstante -reiteramos- la magnitud nefasta y silenciosa de sus repercusiones humanas y socioeconómicas.

Impúne y extravagantemente esta mafia y casta con máscara de solidaridad, no lucro y desarrollo humano;  a la fecha -salvo minúsculas excepciones- no ha merecido más que alguna alusión periodística de ocasión o mención estadística negativa pero mínima y capciosa.

El decreto del facto para asociaciones mutuales 20.321/73, precisamente en su artículo 2, prescribe: “Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”;  ”únicos actos mutuales” ni más ni menos.

En tanto su similar  20.337/73, al referirse al “Acto cooperativo”, en su artículo 4, analógica y simétricamente los define: “Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales”

Responsabilidades legales administrativas, civiles y penales

(Directivos mutuales, Consejeros cooperativos, fiscalizadores, etc.)

Del decreto 20.321 aludido,  se desprende taxativamente en su artículo 15 (como en el 74 del decreto cooperativo), que “Los miembros de los Organos Directivos, así como de los Órganos de Fiscalización serán solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato y el ejercicio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses de la asociación mutual o cooperativa. También serán personalmente responsables asimismo de las multas que se apliquen a la asociación, por cualquier infracción a la presente Ley o a las resoluciones dictadas por el INAES exInstituto Nacional de Acción Mutual o Cooperativa”

Resumiendo, nuestros cotidianos y escándalosos apartamientos o desnaturalizaciones ilegales del originario objeto mutual o cooperativo -autorizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, (INAES)-; implica una flagrante violación a la “Fe Pública”, a la auténtica y genuina administración fiduciaria del consejo directivo o  consejo de administración según los casos, generando responsabilidad personal patrimonial, solidaria e ilimitada de directivos, consejeros, síndicos, comisión fiscalizadora y auditoria/s; todo eso sobre los daños ocasionados a la mutual o a la cooperativa, a sus asociados y a terceros (privados, públicos o mixtos), no sólo por preceptos legales aludidos sino según principios generales del derecho y la doctrina del ultra vires.

De nuevo, en estos casos los directivos de entidades mutuales o consejeros de cooperativas, son personal y solidariamente responsables por los actos que impliquen un notorio apartamiento de las previsiones estatutarias respectivas (y previsiones de los organismos de supervisión y control en razón de la materia, vg., del Banco Central (BCRA, de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) Procelac, etc.))

El INAES (Instituto Nacional de Asociacionismo y Economía Social) supervisa el cumplimiento de estas obligaciones, debiendo educar, prevenir, acompañar y, en su caso, sancionar a los directivos o consejeros; ello bajo apercibimientos del artículo 274 del Código Penal. Es tal la potestad de este organismo que no solamente autoriza a funcionar a una mutual o a una cooperativa sino que puede y debe retirarle tal autorización en supuestos que así lo justifiquen como los que venimos tratando.

En resumen, los directivos y/o consejeros que desvíen la mutual o la cooperativa de su objeto principal (vg. realizar actividades financieras o comerciales u otras no autorizadas), asumen ipso facto personal y patrimonialmente la responsabilidad total por las consecuencias jurídicas y económicas de tales actos. Esta responsabilidad no solamente es personal y solidaria, sino orientada a salvaguardar la identidad, finalidad y el sentido de estas organizaciones centrales de una verdadera economía solidaria civil; todo sin perjuicio de otras responsabilidades penales previstas en la Ley 27.401.

Roberto Fermín Bertossi

Experto Coneau Cooperativismo