El Profesor Parra Luna utiliza en este libro un consejo del Emperador Carlos V a su hijo Felipe II, “Tres puntos requiere la buena gobernación: ciencia, experiencia y conciencia”, que supone conocimiento, práctica y ética.

 

Esta relación patológica de economía y política en donde la segunda se subordina a la primera, es vista con profunda desconfianza por los ciudadanos y genera la mala imagen que estos tienen de los políticos, la cuestión de sus ingresos y sobre todo de la falta de transparencia en torno a estos. Hace tiempo escribí en “El Retorno de Ulises” que “hay que impedir que se abra una brecha por el acceso a privilegios sociales y económicos - debido a las expectativas de vinculación a nuevos intereses-, entre el período en que seamos representantes y lo que sea nuestra vida como un ciudadano más. Para ello debe homologarse -con un límite general- la retribución de nuestro trabajo profesional corriente con la retribución de la función representativa, y establecer un control estricto de los gastos en esa función, y garantizar la austeridad y la transparencia en las decisiones de gasto, fundadas en ingresos aportados por todos nuestros conciudadanos”[iv].

 

Una prueba de la sensibilidad de la ciudadanía, y de la desconfianza de la misma sobre estas retribuciones de los políticos y sus ganancias de todo tipo, se encuentra en una reciente iniciativa legislativa popular, emprendida por un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, para que se aprobara una ley reguladora de las retribuciones de los políticos y con un control más riguroso e incompatibilidades más exigentes. El presidente del Congreso se apresuró a contestarles que no procedía admitirla a trámite por una serie de razones formales y legalistas, pero en poco más de un mes que esta iniciativa estuvo en internet a comienzos de 2011, recibió alrededor de 240.000 firmas de ciudadanos que respaldaban tal iniciativa[v].

 

Del mismo modo son criticables los sistemas de subvenciones sin trabajar y la actitud mendicante de quienes lo esperan todo del Estado sin contribuir con algún tipo de actividad de servicio social o comunitario. Libertad y justicia distributiva no coinciden y debe realizarse un esfuerzo porque se complementen equilibradamente. Aquellos clásicos principios generales del derecho que exigían dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no hacer daño a nadie siguen siendo exigencias éticas fundamentales de la cultura política que debiera obligar a actuar a los dirigentes y también a los ciudadanos en un círculo virtuoso para el buen gobierno y el buen sentido en el poder y en el deber de gobernantes y gobernados de la comunidad política.

 

Una cuestión capital y polémica, por no estar en el pensamiento políticamente correcto, es que el ahorro popular debe fundamentalmente estar al servicio del pueblo y no ser instrumento de beneficio de empresas privadas como los bancos que retribuyen mal ese ahorro popular y se benefician exigiendo altos intereses a quienes lo prestan. Es cierto que el control de ese ahorro popular exige que sean ciudadanos con la asistencia de técnicos los que hagan un control transparente de tales recursos y para ello debiera prohibirse el acceso de los políticos no sólo durante sus mandatos sino también después, al menos durante un largo plazo, a los órganos de control de tales entidades financieras y bancarias. El tremendo desastre de la burbuja financiera y su impacto en la crisis económica justificaría más que sobradamente estas medidas profilácticas en la relación entre economía y política.

 

Este problema sobre el pretendido gigantismo y complejidad de las decisiones de las organizaciones políticas y el riesgo de que las mayorías intervengan en vez de ser espacios reservados a técnicos, expertos y profesionales, puede dar pie a otro secuestro, el de los gerentes y tecnócratas que pueden ser fácilmente sobornados por los grupos de presión económica. Los problemas de organización son comprensibles por sentido común, por la mayor parte de nosotros. El asesoramiento técnico necesario puede recabarse de los empleados de la función pública cuya estabilidad puede permitirles una cierta vacunación frente a las presiones externas. Una circulación ciudadana para asumir niveles de responsabilidad como un servicio comunal obligatorio de dirigir, para el que hubiera una preparación educativa en la escuela desde la niñez y un sentido ético de la virtud cívica de asumir responsabilidades en la comunidad, permitiría esa desconcentración del poder ante la patología de la relación entre economía y política. La sociedad democrática avanzada es aquella que ha conseguido esa difusión del poder que impida su concentración patológica no sólo política sino económica y que encuentra su fin justificativo en ese servicio al bien común. Debemos recordar lo que escribió el poeta Verlaine al definir la política como el arte de impedir a las personas ocuparse de aquello que les importa. Esta definición ha justificado todas las acusaciones de demagogia ante las exigencias de democracia participativa y de intervención del pueblo, titular de la soberanía, en la toma de decisiones de transcendencia. Hay que concluir que difícilmente puede existir democracia política sin democracia económica, sin que ello implique no tener en cuenta el mérito y el esfuerzo y su reconocimiento, pero no hasta el extremo de generar aparatos de dominación y exclusión de los demás[vi].

 

Sólo desde la independencia política, y ésta basada en la legitimidad democrática, se pueden tomar decisiones rigurosas de control para frenar abusos económicos. La lógica del mercado es un mito y tras ella están las presiones, las solicitudes encubiertas de apoyos gubernamentales a determinadas organizaciones, la exigencia de beneficios solapados y toda esa red entrelazada de intereses enmascarados bajo pretendidos fines de una lógica determinista de mejora de la competencia y la productividad al servicio del conjunto de la comunidad.

 

Resulta muy difícil aplicar estas medidas en comunidades aisladas y de ahí también la necesidad de conseguir decisiones compartidas en la comunidad internacional que supongan control de los comportamientos especulativos y reglas que frenen esa usurocracia despiadada al servicio únicamente de intereses parciales y excluyentes. Una radical modificación de los organismos internacionales que sistemáticamente están ayudando las políticas de los poderosos -tanto políticos como económicos- es imprescindible en este cambio. Hay que rescatar el espíritu del servicio a la paz que estuvo en el origen de organizaciones como Naciones Unidas, a partir del respeto a los derechos humanos que supone no sólo el respeto a la libertad sino también a la justicia y al desarrollo equilibrado y el rechazo de aquellos comportamientos económicos que lo impiden. Este es el gran desafío que nos queda para el resto del siglo XXI.