Viernes, 29 de Marzo de 2024
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25/03/2014

Demandas contra alcaldes en el contexto de la protesta ciudadana


por José Gregorio Delgado Herrera


(En la sección de Religiones hemos publicado el Manifesto de comunidades ecuménicas sobre los conflictos actuales en Venezuela que recogen otro punto de vista en relación con esta violencia).
 
 
 
 
Presente.-
Anexo a la presente copias de las sentencias recientes emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y comentarios a la decisión, aún sin publicar, de detención y destitución del Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo.
En Venezuela estamos viviendo un período de protestas y manifestaciones iniciadas en San Cristóbal, Estado Táchira por reclamos contra la inseguridad desde el movimiento estudiantil, que se extendieron a la ciudadanía y la sociedad civil, en diferentes ciudades y pueblos de Venezuela, en razón de los problemas económicos y sociales existentes, así como, los legítimos reclamos ante los muertos, al momento de hacer esta nota se reportan 30, heridos y detenidos, que en algunos casos resultan con torturas, ante la represión de cuerpos de seguridad del Estado o la violación de los derechos humanos. Sin olvidar las acciones directas de grupos armados irregulares (paramilitares) que se identifican como partidarios del gobierno o son protegidos y permitidos por los cuerpos de seguridad, mientras actúan en contra de los manifestantes o contra sus bienes, en algunos casos se identifican como infiltrados en las manifestaciones pacíficas.
En el desarrollo de los procesos electorales los más recientes se refieren a las elecciones municipales con los resultados ya reconocidos e informados a la población, si partimos de la información disponible es oportuno destacar algunos datos de interés, a los efectos de la localización de las protestas actuales, inicialmente identificadas en el Municipio San Cristóbal, cuyo alcalde en la actualidad está detenido en la prisión militar de Ramo Verde, y se han reactivado en el Municipio san Diego, cuyo alcalde está detenido y condenado a 10 meses y 15 días. Solo por refrescar los datos disponibles destaco do referencias:
Las elecciones municipales de Venezuela de 2013 se tenían previsto realizarlas el domingo 14 de abril de 2013 pero debido a la muerte del Presidente Hugo Chávez y el anuncio de nuevas elecciones presidenciales para el mismo día, el Consejo Nacional Electoral decidió posponerlas para el 8 de diciembre de 2013.3 4 En ella se eligieron a los alcaldes de los municipios de Venezuela y de los distritos especiales como los son el Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Metropolitano del Alto Apure, así como los representantes nominales y listas a los consejos Municipales y a los cabildos metropolitanos, para el período 2013-2017.
Los resultados ofrecidos por el CNE5 indican una victoria del PSUV y sus aliados en la mayoría de los municipios del país, ya que obtuvieron 240 de las 337 alcaldías (71,64%),6 además de obtener la mayoría de los concejos municipales7 y mayoría de votos a nivel nacional7 con 5.216.522 votos para la alianza oficialista lo que representa 48,69%,6 mientras que la alianza opositora MUD obtuvo 4.373.910 votos para 39,34%, mientras la disidencia del oficialismo alcanzó 561.723 (5,05%) y la de la oposición 274.634 (2,47%). El resto de los sufragios fueron obtenidos por otros partidos políticos, los cuales totalizaron 283.169 votos (2,55%) y los sufragios nulos que se registraron fueron 412.977 (3,77%).6
La oposición habría obtenido al menos 75 alcaldías, lo que supone un incremento de 33,9% frente a los 56 burgomaestres que ostentaba desde hace cuatro años,6 incluyendo varias de las más importantes del país,7 como la Alcaldía mayor de Caracas, y las ciudades de Maracaibo, Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto. También mantuvo todos sus espacios en el este de Caracas, incluyendo Chacao, Baruta, Sucre y el Hatillo.7
 
Un dato curioso los municipios de mayor población, salvo Libertador en Caracas están en manos de los alcaldes opositores, como se evidencia del cuadro siguiente:[1] véase tabla adjunta a la derecha de este informe.
 
Referencias
1.      Volver arriba↑ «"La maquinaria de Nicolás Maduro para ganar las elecciones municipales" Diario El Tiempo» (en español). Consultado el 7 de diciembre de 2013.
5.      Volver arriba↑ «DIVULGACIÓN MUNICIPALES 2013» (en español). Consultado el 10 de diciembre de 2013.
6.      ↑ Saltar a:a b c d «Psuv ganó 71,64% de municipios, pero tiene 23 alcaldías menos». Consultado el 11 de diciembre de 2013.
7.      ↑ Saltar a:a b c d «PSUV gana voto nacional y oposición triunfa en alcaldías emblemáticas». Consultado el 10 de diciembre de 2013.
COMENTARIOS PUNTUALES:
En nuestro criterio la situación de ingobernabilidad derivada de las protestas está dando un argumento al Gobierno Nacional y sus aliados para atacar a los municipios, bajo la falsa premisa de que deben evitar las “Guarimbas” o “Barricadas” que se asocian a las protestas ciudadanas, inicialmente, pensadas como protestas se conciben como mecanismos de protección ante los ataques externos en las comunidades, para atacar a los alcaldes de oposición y atentar contra la autonomía municipal.
Si el tema se relaciona con la vigencia y aplicación de los derechos constitucionales, la violencia puede ser de lado y lado, sin embargo las armas y la represión está del lado gubernamental, y los violentos armados irregularmente, se evidencian más después de los llamados gubernamentales expresados a través de los medios de comunicación social, por cierto, a nivel nacional bloqueados o amenazados para que no reporten las protestas.
En el contexto constitucional se puede considerar que hay un conflicto entre dos derechos: el derecho a la protesta o manifestación y el derecho al libre tránsito. Sin embargo, se atenta contra el derecho a la vida y los derechos asociados a la libertad de las personas, sin olvidar la violación del hogar y la integridad física y moral de las personas. La realidad es que en los municipios se repudia el abuso de autoridad y la falta de atención del gobierno a las demandas ciudadanas, no se niega que pueden haber derechos económicos o individuales que se enfrenten a las protestas, pero, todo panorama jurídico es complejo y requiere un análisis o pronunciamiento de los tribunales.
Es de presumir que los demandantes de los recursos tienen pretensiones o intereses asociados al gobierno bolivariano o son personas naturales o jurídicas, promovidas y respaldadas desde el gobierno, solo al considerar la velocidad y la premura de las decisiones de amparo en contra de los alcaldes municipales, todos de la oposición, la verdad por la poca información interna no se tiene referencia de la situación de los municipios con representación de alcaldes gubernamentales, pero, las protestas tienden a aumentar por la situación de escasez, mala salud, servicios irregulares o insatisfacción por la gestión del gobierno nacional.
Se alega incumplimiento de las competencias municipales asociadas a la violación de los derechos, pero, en nuestro país el orden público y control de las manifestaciones no es competencia de las autoridades municipales y menos aún el impedir el legítimo derecho a las protestas, y un dato curioso se insiste en la destrucción de bienes públicos, pero, la policía nacional o la guardia nacional no ha dado la debida protección a los edificios públicos, como se evidencia en el caso de los daños al MINISTERIO PÚBLICO, instalaciones del METRO, y ministerios, pero, no hay tampoco protección a las alcaldías atacadas, incluso, la gente observa que se retiran los organismos de seguridad y llegan los grupos armados irregulares, para atacar las instalaciones públicas. En todo caso, el amparo otorgado se refiere a derechos que dejan de lado los derechos de los manifestantes, en estas circunstancias, la violación de procedimientos o las faltas de defensa en los alcaldes afectados es un aspecto que llama la atención y se convierte en justificaciones para nuevas protestas.
Las sentencias que se agregan se explican por sí mismas, pero, nótese que no hay reseña de los argumentos de los presuntos violadores de los derechos constitucionales, un punto que se observa tanto el vecino actor como las empresas, parten de sus propios intereses pero no contextualizan las condiciones en las cuales se dan las protestas o barricadas.
Se ordena a los alcaldes levantar las barricadas y se otorga medidas cautelares, pero, las sentencias no analizan los elementos de los otros derechos, salvo una mención ligera a que las manifestaciones no son pacíficas o se actúa a partir de informaciones de presa para presumir la inobservancia de la orden del sentenciador.
En el caso específico del alcalde Scarano, el desacato se expresa en plena audiencia, sin aceptar las consideraciones previas alegadas o limitando el derecho a la defensa, así como, una falta de actuación por la vía penal, actuando en contra de las pautas procedimentales asociadas a la detención o la misma sentencia previa, al momento de hacer estas notas aún no se pública la sentencia, pero ya está detenido y destituido.
En el caso de los alcaldes de los Municipios Baruta y El Hatillo hay pronunciamientos que justifican su interpretación, allí no hay decisión, pero, se mantiene la amenaza, en consecuencia, la garantía de la autonomía municipal está en entredicho y se afecta a alcaldes elegidos.
En el caso del alcalde Ceballos, el desacato se interpretará como consumado, pero, se le imputan otros delitos que lo mantienen detenido, aunque, no se ha presentado a su tribunal natural en San Cristóbal.
Y que pasaría en el caso de que los manifestantes se hicieran parte en las demandas, para dejar en claro que sus derechos se refieren a exigencias ciudadanas, no atendidas, y situaciones irregulares que violan los derechos humanos, en situaciones no violentas, estos recursos de amparo carecen de todo sentido, si no toman en cuenta los elementos propios de la crisis venezolana de carácter económico, social y político.
Invito a que lean las sentencias y las valoren con un criterio propio, no quiero extender más estas consideraciones, formen su propia reflexión.
En definitiva se ataca la institucionalidad municipal, al confundir las competencias propias de los alcaldes e invocar derechos que no son imputables como violados por las autoridades locales, las protestas se generalizan y progresivamente se incorporan ciudades y pueblos a las protestas, terminarán todos los alcaldes presos?


[1] WIKIPEDIA La Enciclopedia Libre. Elecciones Municipales de Venezuela de 2013. Consulta sábado 22/03/2014.

EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 14-0194
 
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
 
Mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2014, el abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n.14.689.864 e inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 105.578, actuando en su propio nombre, intentó ante esta Sala Constitucional “DEMANDA DE PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo previsto en el artículo 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en contra de los ALCALDES DEL MUNICIPIO BARUTA Y MUNICIPIO EL HATILLO, los ciudadanos GERARDO BLYDE y DAVID SMOLANSKY”, conjuntamente con medida cautelar innominada, para cuya fundamentación denunció el incumplimiento por parte de los mencionados alcaldes del artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la violación de los derechos contenidos en los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 eiusdem.
                        El 6 de marzo de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
 
I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
 
            La parte actora alegó:
Que es habitante del Municipio El Hatillo y su residencia está ubicada en la Urbanización Cerro Verde, “(…) la cual solo tiene acceso a través del Municipio Baruta específicamente se ingresa por la Avenida la(sic) Guairita, transitando desde la Urbanización Santa Paula o desde la Urbanización El Cafetal ahora bien es el caso que desde hace mas (sic) de una semana se vive una situación de anarquía total en los Municipios El Hatillo y Baruta”. (Negrillas del demandante).
            Que “(p)equeños grupos de vecinos que habitan en estos dos Municipios se han dado a la tarea diaria de trancar las vías de transito (sic) vehicular arrojando basura, chatarra de todo tipo, troncos, arboles (sic) cortados ilegalmente, cauchos, han quitado alcantarillas, han colocado guayas para evitar el paso de motorizados, han dañado patrimonio de los Municipios, realizado grafitis, quemado vehículos los cuales han dejado col


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