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05/09/2016

Luchas por el referéndum revocatorio del Presidente en Venezuela


por José Gregorio Delgado Herrera


La ciudad de Caracas amanece un día lleno de movilizaciones, este primero de septiembre (1S), la aposición y el gobierno colocan a la gente en las calles de la ciudad para dos tomas: la toma de Caracas, con tres puntos de concentración, para llenar diferentes corredores viales, y la toma de la Av. Bolívar, con puntos de concentración previos para llenar esta arterial vial.

Según el gobierno las concentraciones opositoras suman entre 25 y 30 mil personas, y en la Av. Bolívar y sus alrededores hay una concentración popular, que hasta el momento de escribir estas líneas, 1: 40pm no señala cifras, si es por el espacio y las personas presentes, hay una duda razonable de esta cifra preliminar, a mi que me expliquen como tres corredores viales, 18 KMs aproximadamente, tienen menos gente que una Avenida principal y sus alrededores, los números no me cuadran, tomo en cuenta que la oposición estima que “entre 950.000 y 1,1 millones de personas” allí marchando.

Las concentraciones de la oposición se desenvuelven en paz, desde su inicio hasta su final y terminan con el himno nacional y el documento leído por Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la MUD, previo reconocimiento al esfuerzo realizado en las movilizaciones, sin señalar cifras.

Mientras los voceros del gobierno, José Vicente Rangel y Nicolás Maduro evocan el 11 de abril y señalan un “golpe de Estado” desmontado, el discurso oficialista, aborda una amenaza de consultar al TSJ la anulación de la inmunidad parlamentaria de todos los cargos de la AN y una demanda particular al Diputado Presidente de la AN, bajo la argumentación del golpismo y el sustento del Decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica, previo llamado de irse a las calles a hacer la Revolución, si algo le pasa a Maduro por un intento golpista. Este llamado a la paz es muy sui generis y se invoca un mecanismo inconstitucional para salir de los adversarios políticos, eliminar la inmunidad parlamentaria por Decreto.

Desde los voceros de la oposición, Jesús Torrealba y Henry Ramos Allup, se insiste en la ruta democrática y la convocatoria de eventos camino al referendo revocatorio, que se inician con un cacerolazo nacional en la misma noche de hoy, y continúan con una agenda de movilizaciones en las próximas semanas para concretar el cronograma de la consulta popular en el 2016, terminando con llamados a la paz y la acción organizada en favor de las soluciones a los problemas del país. Poco discurso y un documento para la reflexión y la acción del pueblo y del Poder Electoral, que insiste en una fecha tentativa a finales de octubre, a los efectos de recolectar el 20% de los electores señalados en el artículo 72 de la Constitución,

Es un  apretado resumen de los discursos, a partir de los avances en las noticias, que da una idea de los elementos expuestos, sin olvidar las referencias a las detenciones, señaladas por el gobierno como un desmantelamiento del golpismo, mientras que los opositores hablan de montajes y arbitrariedades o violaciones al debido proceso, en el contexto del amedrentamiento ante las tomas del 1S.

Intentar resumir como se llega a este 1S, donde en la “marea roja” se destaca la imagen de Maduro como “el puño de hierro chavista, mientras que en las movilizaciones opositoras se destacan las imágenes de varios líderes en las tribunas, como expresión del pluralismo de partidos y ejercicio de la democracia, el tema de fondo es invocar la democracia y la Constitución desde dos perspectivas distintas: para el gobierno es el resultado de los aportes de los Constituyentes, reconocidos como lideres del chavismo; para la oposición es el resultado de un texto ratificado por el pueblo mediante dos referendos populares, con los aportes de un catalogo de derechos, incluidos el derecho a las manifestaciones y el derecho al referendo revocatorio.

El punto de partida es el carácter democrático y legítimo de dos poderes electos mediante el voto popular, que en la actualidad están enfrentados, y que deben dilucidar en democracia sus diferencias, para buscar la plena satisfacción del pueblo, en un ambiente de paz, sin amenazas y mecanismos inconstitucionales..

 

El Poder Ejecutivo Nacional, nadie niega la legitimidad de origen del Presidente Nicolás Maduro, lo que se argumenta es su ilegitimidad en cuanto a los resultados de su gestión, así como, la alteración de los parámetros democráticos, con el apoyo del TSJ que bloquea las acciones de la AN, olvidando que esta instancia parlamentaria también tiene un origen democrático mediante la expresión de la voluntad popular.  En las elecciones presidenciales de 2013, el candidato opositor Henrique Capriiles obtuvo 7.363.980 votos, lo que representó el 49,12 %, según los resultados publicados por el CNE. Nicolás Maduro consiguió entonces 7.587.579, un 50,61 %, de acuerdo con los mismos datos oficiales. La participación fue en esas presidenciales del 79,68 %, con un significativo respaldo popular a ambas opciones.

 

El Poder Legislativo Nacional, sustentado en las elecciones parlamentarias del 2016, la alianza opositora tiene un triunfo mayoritario según el boletín remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos que integran la MUD obtienen 7.707.422 votos, lo que representa el 56,2 %, mientras que el chavismo logró 5.599.025 votos, un 40,8 %, con una participación electoral histórica que se indica en las parlamentarias equivalente al 74,25 %.

 

En el ambiente quedan las amenazas del Presidente Maduro a la Junta Directiva de la AN, y en particular contra Ramos Allup mediante acciones judiciales, sin olvidar los intentos de disolución de la AN que tiene una mayoría calificada a favor de la oposición, a ocho meses de la elección y su instalación el Estado Amazonas permanece sin representación parlamentaria, y en repetidas sentencias se ha bloqueado la labor parlamentaria.

 

Desde el Gobierno  se insiste en la posibilidad de “levantar la inmunidad parlamentaria” de los integrantes de la AN, acción nada democrática y que demuestra matices dictatoriales, con un barniz legal sustentado  en una consulta al TSJ. Y nos preguntamos ¿Quién defiende el voto popular manifestado en respaldo al cambio en la composición de la instancia parlamentaria en diciembre de 2016? Y todavía se insiste en que no hay “alteración del orden constitucional”, si este hecho se concreta, la lucha sigue a nivel nacional e internacional en favor de la Democracia.

 

En estas condiciones las tomas ciudadanas de este 1S establecen tanto para el Gobierno como para la Oposición, una agenda de calle que sigue teniendo como “telón de fondo” la posibilidad del Referendo Revocatorio, ocultado en el discurso oficialista y exhibido en el discurso opositor. En todo caso, al considerar estas tomas por la Democracia, en su conjunto hay una expresión concreta de una manifestación ciudadana, ocurrida sin novedades y en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, lo que queda en el ambiente es el planteamiento de dos discursos y dos visiones del uso de la Constitución como herramienta para dar poder al pueblo para que se manifieste.

Los comentaristas ya harán lo suyo, pero, resulta absurdo el criterio diferenciador a partir de lo ideológico en pretender que los manifestantes opositores son “oligarcas”, mientras que los manifestantes oficialistas representan al “pueblo”, la verdad sea dicha ambas tomas expresan una oportunidad para el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, donde todos expresan al pueblo y legítimamente representan posiciones diversas en relación a la situación actual del país.

Alguien me preguntaba por qué respaldar el referendo revocatorio como opción, sencillamente, porque allí esta el ejercicio de un derecho que permite obtener una manifestación de la voluntad popular, en una situación donde electoralmente se pide una decisión. En forma pacífica el pueblo venezolano se puede manifestar en relación a la continuidad o el cambio de un gobierno, siguiendo las pautas del artículo 72 de la Constitución. No hay que olvidar, una de las crisis actuales se refiere a actores políticos que tienen en su conjunto un respaldo popular muy semejante,, por un lado, el Presidente de la República, que consiguió 7.587.579 votos (50,61 %), y por el otro lado, la Asamblea Nacional, electa en forma mayoritaria, donde obtuvo 7.707.422 votos (56,2 %)


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