En homenaje a Mario Soares

El pasado 7 de enero falleció en Lisboa Mário Soares, destacado militante político, al que se considera padre de la democracia portuguesa, que tuvo especial dedicación en luchar por la libertad y la defensa de los derechos humanos.

En la revolución de «los claveles» de 1974, desempeñó un relevante papel. Entre ellos llevar la voz de su partido a favor de la creación de la figura del Defensor del Pueblo, bajo la portuguesa denominación de Provedor de Justiça (Felipe Boa Batista en O cidadao, o Provedor de Justiça e as entidades administrativas independentes. Edición del Provedor de Justiça, Lisboa 2002 pp. 17 y sigs) inaugurando de ese modo una nueva y revolucionaria concepción de la figura del Ombudsman que tendría enorme influencia en la Constitución española de 1978 y a través de ella, en todo el desarrollo y crecimiento de esta institución en América Latina.

Como homenaje a su memoria, y por su decisiva contribución de a concebir la idea de un defensor del pueblo como defensor de los derechos humanos, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo, se honra en recordar a este ilustre portugués, transcribiendo adjunto el texto de su disertación inaugural del VII° Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en la Asamblea de la República, en Lisboa, el 18 de noviembre de 2002, que a pesar de los quince años transcurridos, conserva vigencia.

Carlos Constela

Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman/Defensor del Pueblo

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI

Mario Soares [1]

Texto de la disertación pronunciada por el Dr. Mário Soares en el recinto de la Asamblea de la República, al dejar formalmente inaugurado el VII° Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), celebrado en la ciudad de Lisboa, Portugal, el 18 de noviembre de 2002.

Quiero comenzar por agradecer a su excelencia, el señor Proveedor de Justiça, la honrosa invitación que me hizo para participar en el VII° Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), asimismo, para pronunciar unas palabras sobre el tema genérico democracia y derechos humanos, en el siglo XXI.

Aprovecho esta feliz oportunidad para saludar, respetuosamente, a los distinguidísimos defensores y defensoras del pueblo aquí presentes, provenientes de toda Latinoamérica y de España, para desearles una excelente estadía en Portugal y un fecundo trabajo reafirmando cuánto nos honra y satisface la realización del VII° Congreso que tendrá lugar en nuestro país, con todo el simbolismo que representa inaugurarlo en esta bella sala de la Asamblea de la República, sede de la legítima democracia portuguesa.

Comienzo por señalar la complejidad del tema de la democracia y también de los derechos humanos en el siglo XXI, en el tormentoso, incierto e inseguro tiempo en que vivimos y tratándose de Iberoamérica, subcontinente que conoce una profunda crisis, importada en gran parte del exterior, tal vez la más seria y compleja crisis que se vive desde las transiciones democráticas efectuadas en los años ochenta del siglo pasado, influenciada también por el fin pacífico de las dos dictaduras ibéricas ocurridas en la segunda mitad de la década de los años setenta.

La crisis de la democracia actual -contra lo que pensábamos después del colapso del comunismo- cuando se consideraba que la democracia liberal iba a ser la regla común de todos los países del mundo, vive una situación que no escapa a ninguna sociedad democrática de nuestro tiempo, por más consolidada que aparente ser. Donde es claro que se hace sentir con mayor intensidad es en los países en vías de desarrollo, estancados por las deudas externas y por los ataques especulativos a sus monedas nacionales.

La explicación de esta crisis de la democracia -y de una cierta minimización de la teoría y de la importancia internacional de los derechos humanos, que tiene que ver también con la tentativa de marginación del sistema de las Naciones Unidas- tiene varias causas. Apuntaré algunas que me parecen importantes, en forma breve. La primera es, sin duda, la revolución informática y la corrosión que sobre todo los medios audiovisuales provocan en las democracias representativas clásicas, tales como las conocimos en el siglo pasado. Concretamente, una progresiva pérdida de importancia en los parlamentos y la dislocación en los debates centrales, de los grandes temas políticos, que se trasladan de los parlamentos para los medios, condicionando de esta forma las más serias decisiones de los Estados y de los gobiernos. Ésta es una situación que contribuye a desprestigiar a la política y a los políticos, banalizando los debates y obligándolos, necesariamente, a descender de nivel.

Hay quien piensa que las llamadas democracias mediáticas, al ampliar el debate político a vastas audiencias, constituyen una forma benéfica de democratizar la política, tornándose más efectiva en la participación de los ciudadanos. Es exacto. Sin embargo, hay que ponderar también otros aspectos perversos que son graves: la disminución del nivel de los debates, la confusión -hasta la náusea- que provoca la política, cuando vista y conocida a través de los medios, apresurada y frecuentemente deformada por la hipertrofia de cuestiones mezquinas y personales. Es una situación que de forma manifiesta afecta el prestigio de la clase política, invadiendo el propio derecho a la privacidad de los políticos y exponiéndolos a una visibilidad permanente. Por no hablar de otro problema preocupante como es la rápida concentración a la que estamos asistiendo en todas partes, de los medios de comunicación social (diarios, periódicos, semanarios, revistas, radio y televisión) concentrados en las manos de cada vez menos grupos -dos o tres por país-, generalmente entrecruzados cuando no dependientes del gran poder económico internacional. Es un fenómeno proveniente de la globalización de las economías que –no dudo en señalar- es sobremanera peligroso y condicionante no sólo para la libertad de prensa y de los ciudadanos sino también para el buen funcionamiento de las democracias.

En efecto, la globalización de las economías -a la par de la globalización de la información y del conocimiento- es otro fenómeno inevitable de nuestro tiempo, con aspectos obviamente positivos y otros muy negativos, que afecta considerablemente el funcionamiento de las democracias, internacionalizándolo. Una cuestión que interesa comprender, es que el capitalismo liberal, tal y como lo conocemos, cambia constantemente. Se desarrolló de una fase esencialmente industrial y después, financiera, estando hoy cada vez más proclive a convertirse en un capitalismo especulativo, sin rostro, sin principios éticos, con tenues vinculaciones nacionales y sin responsabilidad, sin ninguna instancia democrática.

            Muchos respetables economistas y politólogos han subrayado en los últimos años, esta gran alteración, extremadamente nefasta para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Por medio de los fondos de pensiones y de las acciones de las multinacionales, el llamado dinero sucio proveniente de la droga, el comercio ilícito de las armas, de la prostitución, del tráfico ilegal de los órganos humanos, etcétera-, se infiltra en los flujos de capital que actualmente se mueven especulativamente, de bolsa en bolsa, por todo el mundo, a la velocidad de la luz. Su objetivo es el lucro por el lucro, sin ninguna obediencia a los ordenamientos jurídicos, políticos o éticos. Es lo que algunos llaman el imperio del capital, que no se debe confundir con la superpotencia actual dominante como son los Estados Unidos, pero que en buena parte le dio origen. Es un monstruo que está a punto de escapar de su criador; para que se comprenda mejor, cuando los medios de comunicación mundial difundieron el rumor fundamentado de que las empresas financieras controladas por los grupos terroristas, próximos a Al-Qaeda, especularon con las acciones de las compañías ligadas al turismo, a la aviación civil y a los seguros, vendiéndolas a la alza antes de los actos terroristas del 11 de septiembre, volviéndolas a comprar a la baja después de los atentados, haciendo fabulosos negocios. . . En el alto nivel, la administración americana anunció que iniciaría una investigación rigurosa y a profundidad sobre los llamados «paraísos fiscales» y los off shores especulativos, pero nada más se sabía. El escándalo de las llamadas «contabilidades creativas» descubierto en multinacionales de tanta importantes como Enron, tendría que haber contribuido en aconsejar alguna prudencia en este tipo de investigaciones, para que no se abriera súbitamente la caja de Pandora. . .  

            La globalización, tal como la conocemos, es un fenómeno inevitable en el período de desenvolvimiento humano y de civilización en que nos encontramos, que no podemos eliminar e ignorar. Pero sí podemos, tal vez, imponerle reglas éticas como lo preconizó la ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson. ¿Cómo? Veo solamente una manera: a través de la presión de la opinión pública mundial, la llamada ciudadanía global, otro aspecto, éste positivo, de la globalización- y de los medios jurídicos internacionales donde los defensores y defensoras del pueblo tienen seguramente algo que decir, para modificar radicalmente el comportamiento y la acción de las instituciones financieras internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como también la Organización Mundial del Comercio), y a pronunciarse claramente y condenar el gravísimo problema de globalización desreglada, generando un debate en las Naciones Unidas, para lograr la imposición de reglas éticas, de acuerdo a los principios que fundamentan la propia Carta de las Naciones Unidas.

            La globalización desreglada está por provocar un enorme deterioro en los propios Estados Nacionales y consecuentemente en los sistemas democráticos que todavía los conducen. En este Congreso compuesto, primordialmente, por ilustres juristas iberoamericanos, no es conveniente dar nombres, porque surgen seguramente en el pensamiento de todos, con una evidencia meridiana. Los ataques especulativos dirigidos contra las monedas nacionales con el objetivo de postrarse ante las imposiciones del imperio del capital, o sus dirigentes, por más legítimos, independientes y honestos que sean, el problema asfixiante de las deudas externas -y de sus respectivos intereses-, la injusta fijación de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas determinados de acuerdo con los principales interesados, los países productores, la intención de destruir el MERCOSUR sin que la Unión Europea hubiese intervenido en lo más mínimo en su favor -como era de su interés, en particular de España y de Portugal- son algunos ejemplos manifiestos e irrecusables de la tremenda devastación globalizadora que están por sufrir los Estados iberoamericanos y sus democracias.

            Con todo -nótese- la globalización desreglada no tiene que ser negativa tan sólo para Iberoamérica. También alcanzó de forma muy negativa a África, un continente a la deriva, y a Asia, para no hablar de Medio Oriente, donde los peligros de un nuevo diseño de la región, especialmente de las áreas donde tienen o pasa el petróleo -está a la vista. Y no será la «fuga para un frente» de una guerra contra Irak que los resolverá. Muy por el contrario, las consecuencias imprevisibles de tal acción a ocurrir, serán seguramente terribles, para todos.

No podemos ignorar que desde antes de los atentados del 11 de septiembre, Japón, América del Norte y la Unión Europea (en este orden cronológico) están del brazo de una persistente recesión económica para la cual no se ve salida a la vista. Esto podría verse agravado, desde mi modesto punto de vista, si no se imponen reglas a la globalización y si no son corregidos, por los grandes centros de decisión económica mundial, los errores fatales del neoliberalismo a través de políticas económicas y sociales de tipo neokeynesiano.

            En este contexto económico político, muy complejo, que nos recuerda a los años treinta -aunque los paralelos históricos sean siempre peligrosos- es donde tenemos que encarar e intentar resolver las crisis de las democracias y la disminución que se ha sentido en el plano mundial en la defensa de los derechos humanos. De vuelta a los medios, para dar un ejemplo de lo que pretendo decir: hasta los atentados terroristas del 11 de septiembre, prácticamente no pasaba un día sin que la televisión se refiriera a la situación de Chechenia y a los graves atentados ahí cometidos por los rusos contra los derechos humanos. Con la guerra de Afganistán -y la necesidad de recurrir al apoyo de Rusia-, se dejó de hablar de la cuestión de los derechos humanos en Chechenia. ¿Será que sólo se deben reclamar o respetar los derechos humanos cuando políticamente esto les conviene, y como un arma política? Creo, por lo contrario, que los derechos humanos son universales e indivisibles y no pueden ser abolidos, utilizando el criterio de los pesos y de las medidas, según nos convenga políticamente o no.

            La lucha contra el terrorismo del fundamentalismo islámico -definida por la administración americana como una prioridad absoluta y una «guerra» larga tiene, sin embargo, características muy especiales, toda vez que ningún Estado se asumió como «enemigo» (autor o responsable de los atentados) aunque algunos de ellos hayan sido investidos como parte del «árbol del mal», expresión impropia, de sentido religioso y sin un verdadero contenido en términos del derecho internacional. Es de toda obviedad que la lucha contra el terrorismo debe ser perseguida con la mayor determinación y energía, aunque el enemigo sea incierto o esté escondido. Está fuera de cuestión otro procedimiento. Empero, debe ser conducido con conocimiento efectivo, irrefutable y con mucha responsabilidad. No puede ser conducido unilateralmente, apostando tan sólo a la fuerza militar al margen de las Naciones Unidas y sin tener en cuenta los principios fundamentales del derecho internacional, con la profundidad que han alcanzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si la administración de Bush pretende tratar el asunto como una guerra, entonces deben aplicarse a los prisioneros de Guatánamo, las convenciones de Ginebra, lo cual no ha ocurrido. Y, de cualquier manera, como personas humanas que son, aun cuando los prisioneros sean acusados de actos terroristas, dado que no están todavía condenados por sentencias judiciales, debe reconocérseles aquellos derechos que tienen todos los detenidos antes de ir a juicio, así como el nombramiento o derecho a un abogado y a la organización de la defensa, lo que tampoco parece no haber sucedido. Son casos que ofenden la formación de cualquier jurista, por más modesto que sea, lo cual no puede pasar sin reparo.

            Señor Proveedor; Señores Defensores del Pueblo:

            No quiero abusar de su paciencia. Hablé, seguramente, más de lo debido en una sesión de esta naturaleza. La verdad es que no resistí, por la alta consideración y respeto que todos me merecen, la oportunidad de expresar ante ustedes algunas reflexiones -y las angustias- que me suscita el tema para el que fui hoy convocado. Soy un demócrata que vivió más de treinta años de su vida consciente, dentro de una feroz y obsoleta dictadura; que siempre peleó por la libertad y la defensa de los derechos humanos. Soy un abogado retirado y un militante político que acompañó, con toda la atención, la evolución y las vicisitudes de las democracias del mundo. Entiendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles y en Iberoamérica en especial. Nuestra Iberoamérica, que tanto admiro por el genio creativo de sus pueblos, por su vasto multiculturalismo, por la admirable explotación de sus artes, letras y ciencias, por las excepcionales potencialidades de sus tierras y gente. La democracia es una frágil flor que debe ser cuidada permanentemente, para que se profundice y adapte a los nuevos tiempos. Es un sistema del buen gobierno, que reposa en la separación de los poderes, en el respeto a la ley, no interfiriendo el accionar de la justicia, procurando la mayor  transparencia y decencia en la administración pública, en cuidar por la transitoriedad del poder, en el desarrollo sustentable de la economía y en el equilibro social, obtenido de la concertación y el diálogo. Los tiempos que vivimos, de gran desequilibrio social, en que la zanja entre pobres y ricos (personas y Estados) se profundiza cada vez más, de gran criminalidad internacional, en que el poder económico -sea en cualquier democracia legítima- se sobrepone al poder político legitimado por el voto y lo condiciona; la lucha por la democracia adquiere, necesariamente, una dimensión internacional y es indisociable la lucha por el derecho internacional y por la paz. Los defensores del pueblo, proveedores de justicia (como les llamamos en Portugal) como mediadores entre la sociedad y el Estado, desempeñan un papel de la más alta importancia en la credibilidad de la justicia, al servicio de la población y contra los abusos del poder. Por ello se deposita tanta esperanza en la profundización de su trabajo, y en el intercambio de experiencias que resultan de Congresos como el que se realiza en Lisboa. Por ello, vuelvo a saludarlos, con el mayor respeto, formulando los mejores votos por un buen trabajo.