DECLARACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUSMAN – DEFENSORIÁS DEL PUEBLO (ILO)

La señora Procuradora para los Derechos Humanos de la República de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, hizo conocer su preocupación por presiones verbales públicas, proferidas por los abogados de un empresario salvadoreño al que persigue la Justicia de su país por la comisión de varios delitos; asimismo, que medios de comunicación locales se hicieron eco de desavenencias de índole laboral internos de la Institución, y otros comentarios que cuestionan a la figura de su titular; esta última situación, sustentada por el reclamo de derechos sindicales que la Procuradora reitera haber cumplido de conformidad a la normativa laboral que los vincula, mantiene en dificultad el ejercicio de su rol como Defensora del Pueblo salvadoreña, al ser objeto del hostigamiento de un grupo de empleados..

Además, el pasado 11 de febrero la institución nacional de derechos humanos de El Salvador, fue víctima de un atentado, cuando una persona aún no identificada ingresó violentando la estructura del edificio para tal fin, sustrayendo cuatro computadoras que contienen sensible información institucional relacionada a las áreas administrativas y de tutela, que en la misma funcionan, varias de ellas con un alto nivel de confidencialidad por el trabajo propio de la institución. En dichas instalaciones funcionan –asimismo- los Departamentos de Tecnologías de la Información y de Verificación Penitenciaria.

Este suceso, que preliminarmente la titular dejó claro no tratarse de un hecho de delincuencia común, por la línea específica en que fue perpetrado, fue registrado en su totalidad por el sistema de cámaras de seguridad ahí instaladas, lo cual ha sido facilitado a los elementos de la Policía Nacional Civil que se hicieron presentes al lugar una vez el hecho fue descubierto y que han realizado todas las diligencias preliminares de investigación que les corresponden.

Sobre este particular, el Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), se siente en el deber de señalar algunas consideraciones en torno a lo que representa esta Institución, no sólo en la historia salvadoreña, sino también en la de las Defensorías del Pueblo de América Latina, en particular, por haber evidenciado el trabajo de proyección a favor de los derechos humanos que realiza la señora Procuradora.

La Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador, fue la segunda institución de esta naturaleza en nuestra región. Resultó creada en 1991 cumpliendo de ese modo uno de los puntos puestos como condición para los acuerdos de paz que pusieron fin a una etapa sangrienta en aquel país. A tal punto había llegado la violencia y la vulneración a los derechos humanos, que desde el seno mismo de las fuerzas que luchaban por la democratización institucional de ese pueblo -como el de tantos otros y organizaciones de la sociedad civil-, se pidió y condicionó un acuerdo de paz, a la creación de esta Procuraduría. (Ver Lorena González Volio: The institution of the Ombudsman. The Latin American experience en Revista IIDH Instituto Interamericano de Derecho Humanos, San José (C. R.) enero – junio 2003 nº 37 pp. 219 y ss.).

El tiempo que corrió desde aquellos años hasta el presente, ya sea en la consolidación de los procesos de democratización como en el de fortalecimiento de las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, fue contiguo al desarrollo complejo y todavía pendiente de las instituciones democráticas. En América Latina, región de profundas desigualdades, de inestabilidad política, de violencia y de desilusiones, las instituciones, sobre todo aquellas de las que más se espera, pareciera que no llegan o que llegan tarde. Es así, entonces, que se alzan críticas y cuestionamientos que suman a los desalentados, a los que quieren destruir todo vestigio de articulación práctica y efectiva de protección de los derechos humanos.

Siendo como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, una Institución de rango constitucional, es deber de todos sostenerla y defenderla y a la vez fortalecer institucionalmente a la persona que desempeña su titularidad, en este caso la Procuradora Raquel Caballero de Guevara, sobre todo cuando las imputaciones vienen desde sectores sospechosos de estar involucrados en actos ilegales. El rol de la Procuradora debe ser independiente por tratarse de una magistratura de conciencia con solvencia legal para emitir pronunciamientos y posturas en defensa objetiva de los derechos humanos, y no puede ser atacada, desprestigiada y conminada, por personas o sectores que pretenden imponer sus agendas en defensa de sus intereses, sin importarles realmente el trabajo en pro de los ciudadanos. Eventualmente, la ley tiene previstos los mecanismos legales para someter al escrutinio de las instituciones, sus procedimientos y acciones.

Es por todo lo expuesto que el Consejo Directivo del ILO, expresa su solidaridad con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador, y con la señora Procuradora, Lic. Raquel Caballero de Guevara, a quien reconoce su rol e incidencia en la protección y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de su país, y compromete todos sus empeños para apoyar la consolidación y desarrollo de esta institución vital para garantizar la efectiva vigencia del Derecho, de la democracia y de las libertades públicas.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2018

Carlos R. Constenla (Argentina)

Presidente

Cristina Ayoub Riche (Brasil)

I Vicepresidenta

Leoncio Lara Sáenz (México)

II Vicepresidente

Ana Agostino (Uruguay)

III vicepresidenta

Juan Domingo Milos Hurtado (Chile)

Secretario General