CINCO NOTAS SOBRE LOS PACTOS DE LA MONCLOA (25 DE OCTUBRE DE 1977) EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA

“Es increíble como en tan poco tiempo -el mandato de presidente de Gobierno de Adolfo Suárez desde 1976 hasta 1981- se puede desmontar un régimen autoritario y establecer un Estado de Derecho democrático en donde las libertades sean garantizadas así como la participación plural de fuerzas políticas muy distintas, y acabar construyendo el marco constitucional en donde esa convivencia y esa concordia fuera posible, a través de un amplio consenso en donde se pudo coincidir, desde el pluralismo, para abordar aquellos Pactos de la Moncloa, respaldados por todas las fuerzas parlamentarias que permitieron un proceso de regeneración social, económica y política de un país en una situación muy grave. Y finalmente, darse la Constitución del 1978 que abordó con valentía el contencioso histórico de la descentralización y las autonomías, desde la primacía de la existencia histórica de una España constitucional irrenunciable”.

Antonio COLOMER VIADEL, Diario de Ávila, domingo 13 de abril de 2014, págs. 18-19

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“Los economistas españoles que participamos en los Pactos de la Moncloa creíamos que luchar contra la inflación no era una opción política. Se trataba de un problema de supervivencia. De ahí la importancia de controlar la inflación y de reducir sus crecidos niveles como condición inexcusable para definir una política que fundamentase una  convivencia  democrática”. Enrique FUENTES QUINTANA

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“Nunca hacemos nada solos y el ego se interpone en el camino de nuestra evolución” Tatiana ROBLES

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1.     Las primeras elecciones democráticas permitieron al gobierno de Adolfo Suárez González la legitimidad necesaria para afrontar la durísima crisis económica que se arrastraba desde años atrás. Dicha crisis fue, en gran medida, fruto de la recesión iniciada en 1973 con la subida de los precios del petróleo. Así, en octubre de 1973, los países árabes decidieron bloquear sus exportaciones de petróleo a aquellos países que habían apoyado a Israel en la llamada guerra del Yom Kipur, que había tenido lugar en ese mismo mes. Esta estrategia, unida a un férreo control de la producción, provocó un espectacular incremento del precio del barril de petróleo a lo largo de los meses siguientes y un negativo cambio de rumbo en la economía mundial. En efecto, la multiplicación por cuatro del precio entre el final de 1973 y durante todo 1974 acarreó un alto déficit comercial. De esta forma, el principal efecto negativo de la denominada crisis del petróleo sobre nuestra economía fue un incremento espectacular de la inflación.

Sin embargo, el aumento del precio del crudo en 1973 no tuvo los mismos efectos en todos los países del continente europeo. España registró una inflación del 14,20% en 1973, el doble que la de los países más poderosos de la zona como Alemania donde se alcanzó un aumento de los precios del 7,9% y Francia, donde el Índice de Precios al Consumo se situó en el 8,4%. La crisis económica fue muy profunda en España, desaparecieron numerosas empresas en todo el país, el aumento de desempleados se disparó, la industria pesada frenó su crecimiento y la agricultura también registró una sensible pérdida de  productividad.

El 8 de julio de 1977, el Vicepresidente para Asuntos Económicos y Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana (Carrión de los Condes, Palencia, 13 de diciembre de 1924 - Madrid, 6 de junio de 2007) –uno de los más destacados economistas españoles de la época- manifestaba con toda claridad: «Ha llegado la hora de la economía».

España había vivido con asombrosa madurez el cambio político. Ahora bien, debía hacer frente cuanto antes a un asunto especialmente determinante como es la economía. La situación económico-financiera era lamentable. Se carecía de una Hacienda Pública que de verdad planificara y recaudara impuestos para sostener el Estado. Los capitales se movían sin ningún control y nadie cumplía con unas obligaciones fiscales por lo demás ridículas. Se trataba de un sistema económico arcaico que resultaba impeditivo para un futuro acceso a la Unión Europea. Al tiempo, la conflictividad laboral estallaba por todas partes. 

No haber emprendido el camino de las reformas materializadas en los Pactos de la Moncloa hubiera significado poner en peligro cierto tanto el sistema institucional de nuestra democracia como el propio bienestar de la ciudadanía.

El Vicepresidente del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana, solicitó el esfuerzo y la colaboración de todos los ciudadanos, prometiendo que el Gobierno actuaría con absoluta transparencia en aras de la propia credibilidad y confianza del sistema democrático. La situación era ciertamente muy grave. El coste de la vida se había elevado en un 19% en 1976, y amenazaba con llegar a un 30% en 1977. El número de desempleados alcanzaba en 1978 el 5,7% y se elevó al 7,6% en 1978. Son cifras consideradas como alarmantes, especialmente en atención a su rápido crecimiento. El déficit exterior había pasado de 3.500 millones de dólares en 1975, a 4.200 en 1976 y llegaría a 5.000 en 1977. Existían desequilibrios profundos en el sistema económico fraguados en el pasado y problemas acuciantes cuya causa más inmediata era la crisis del petróleo, que había producido un empobrecimiento todavía no reconocido ni aceptado. Resultaba imprescindible poner freno a una inflación realmente desbocada, porque solo así se resolvería el desempleo de modo duradero al tiempo que se lograría reducir el déficit exterior. Se planteaba como algo inaplazable abordar las dificultades en su origen y articular la resolución de los problemas a corto plazo partiendo de un estudio profundo de las dificultades estructurales. Lo que se presentaba como verdaderamente inaplazable era un ajuste económico a corto plazo basado en la contención salarial, una política monetaria restrictiva, la reducción del déficit público y la adopción de un sistema de cambios flotantes para la peseta, con la consiguiente devaluación.

En todo momento, se  trató de evitar la radicalización. La patronal también tuvo que renunciar a algunas de sus principales preferencias en materia laboral. De esta forma, tuvo que ceder en asuntos como la representatividad sindical en las empresas e incluso en lo que afectaba a la financiación pública de las organizaciones sindicales.

El motor principal del conjunto de las reformas se cifraba en la creación de un sistema de planificación económica pactada en el que los límites estrictos a los incrementos salariales y otras regulaciones que afectan a la relación laboral y a la protección social se establecen mediante negociación directa con las fuerzas sociales. Con este espíritu se acometía la elaboración y firma de los Pactos de la Moncloa en 1977 (los Acuerdos se ratifican por todas las partes concretamente el 25 de octubre de ese año) por parte de los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Los Pactos contaban también con el apoyo expreso de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La labor del Profesor Fuentes Quintana en este momento de nuestra historia es de una importancia difícil de exagerar.

2.     Se reunieron  en el Palacio de la Moncloa los representantes de los diversos partidos políticos, con representación parlamentaria, con el Presidente del Gobierno y otros miembros de éste, a los efectos de conocer y examinar, como primer punto del orden del día, el programa de saneamiento y reforma económica. Se produjo un amplio y extenso debate, a partir del análisis y la identificación del origen y factores influyentes en la situación económica sobre los objetivos, instrumentos y medidas previstas en el referido programa, habiéndose aportado por los representantes de los partidos políticos presentes los motivos de discrepancia y de consenso. Se iniciaba una nueva etapa en la que el ajuste económico se convertiría en el elemento central del escenario público. El retorno al equilibrio exigía, de modo urgentísimo, poner fin a la enloquecida espiral de aumentos de precios y salarios que estaba en la base del desbordamiento inflacionario que desangraba la economía española. 

3.     Se compartía el diagnóstico de la situación económica del país, calificada como muy grave. La coincidencia en este diagnóstico debía servir como plataforma para adoptar las medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, resultaban imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica con vistas a su imprescindible relanzamiento. Todas las fuerzas políticas, tanto de ámbito territorial como nacional, tenían voluntad de alcanzar el Pacto. La cintura política, la ejemplaridad y la habilidad de Adolfo Suárez resultaron determinantes en una tan compleja empresa.

4.     Fue motivo de especial acuerdo la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis fueran soportados equitativamente por los distintos grupos sociales. Los intereses de las «clases modestas y populares» estarían especialmente protegidos; se utilizaría a fondo la política de ingresos y gastos públicos como instrumento de redistribución de la renta, y la tan esperada reforma fiscal haría que cada grupo social contribuyera al esfuerzo según sus posibilidades; los problemas se abordarían desde la «creencia firme en las ventajas de la libertad económica y de la economía de mercado», eliminando «intervencionismos ineficientes y estériles» pero sin temor a cortar «aberraciones del propio mercado»; y todo eso se haría en el contexto democrático, buscando acuerdos y transacciones porque la «oposición es parte del poder”, se afirmaba.

El texto íntegro de los Pactos de la Moncloa, de cuarenta páginas, era un plan económico de muy largo alcance (reforma fiscal, control de gasto público, política de urbanismo, suelo y vivienda, reforma de la Seguridad Social y del sistema financiero, y política energética), que precisaba, por encima de todo, estabilidad política. Con la implantación de las medidas inmediatas que se proponían, con la reforma fiscal como elemento arquitectural básico, ya se alcanzaron interesantes mejoras.

Los Pactos de la Moncloa se estructuraron en torno a dos acuerdos claramente diferenciados:

a.     El Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía

Se reconoció el despido libre para un máximo del 5% de las plantillas de las empresas y el derecho de asociación sindical. La inflación se movía en niveles hoy inimaginables: del 20% en 1976 se pasó, a mediados de 1977, al 44%. Para un mejor entendimiento del dato, el promedio de los países de la OCDE estaba en el 10%. El límite de incremento de salarios se fijó en función de la inflación prevista para el año siguiente y no en relación, como hasta ese momento, a la sufrida en el ejercicio económico anterior. Se estableció una contención de la masa monetaria y la devaluación de la peseta, fijando el valor real del mercado financiero para contener la inflación. No se olvide que en los Pactos de La Moncloa de 1977 fue determinante la posibilidad de devaluar la moneda -fijación de un tipo de cambio realista de la misma- mientras que en la actualidad, con la moneda única para Europa, no sería posible. Se articuló una reforma de la administración tributaria tomando en consideración el déficit público. Se adoptaron medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y de fuga de capitales al exterior. En materia de enseñanza, se establecía la democratización del sistema educativo y la gratuidad progresiva de la enseñanza.

b.     El Acuerdo sobre el Programa de  Actuación Jurídica y Política

Se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa (subsiste el depósito previo, pero el secuestro de publicaciones sólo puede decretarlo el juez) quedando prohibida la censura previa y dejando al poder judicial las decisiones sobre la misma; se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias; se aprobaron los derechos de reunión (se ampliaron los conceptos de reunión privada y se reguló el Registro de Partidos Políticos), de asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la violación de estos derechos; se tipificó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio (se quería acabar así con el artículo del Código Penal que castigaba el adulterio en los siguientes términos: “El adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio”) y la despenalización y regulación de la venta de anticonceptivos; se derogó la estructura del Movimiento Nacional (partido único en la Dictadura del General Francisco Franco Bahamonde) y se adoptaron otras medidas relativas a la restricción de la jurisdicción penal militar.

5.     Los firmantes de estos Pactos fueron: Adolfo Suárez González (por el Gobierno de España), Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (por UCD), Felipe González Márquez (PSOE), Santiago Carrillo Solares (PCE), Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Josep Maria Triginer Fernández (PSC), Joan Reventós i Carner (Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (PNV), Miquel Roca i Yunient (Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Los acuerdos fueron ratificados posteriormente por el Congreso y el Senado. Todos los partidos políticos presentes en la reunión coincidieron con el Gobierno en la necesidad de adoptar una serie de medidas monetarias, financieras y de empleo, predominantemente a corto plazo, que permitirían restablecer, en un período estimado de dos años, los equilibrios fundamentales de la economía española, aminorando la inflación, reduciendo el desempleo y mejorando la situación de la balanza de pagos. Con estas medidas, quedó demostrado que en España era posible el acuerdo entre fuerzas políticas ideológicamente muy distanciadas cuando se planteaban problemas esenciales para la convivencia y existían programas diseñados por excelentes economistas, como lo fue el Profesor Enrique Fuentes Quintana, y el acuerdo con sindicatos (si bien no fue posible incluir a la totalidad de las representación sindical), organizaciones empresariales y el sistema financiero. Hay muchas y buenas lecciones que cabe extraer hoy de aquellos Pactos aunque, por supuesto, reconociendo que se trata de escenarios marcadamente diferentes. La principal es de formulación clara, sencilla e irrefutable: juntos nos irá mejor. Una crisis muy grave sin acuerdo perjudica incluso, por supuesto en otra dimensión, a los económicamente poderosos. Hay que recordar que en el mundo de la empresa el éxito guarda relación directa con los niveles de consumo. No olvidemos tampoco, finalmente, que el 85% del empleo estable viene de la mano de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que son las que más sufren esta crisis. Los Pactos de la Moncloa fueron, en definitiva, y ese es su principal mérito, un gran acuerdo nacional, “entre clases sociales”, que comprometió a todos, en los ámbitos individual y colectivo, a realizar sacrificios. Por paradójico que pueda parecer, fue una etapa de gran dificultad pero enormemente productiva a la vez. Supuso, ante todo, la consolidación de las bases del sistema laboral y social de nuestra democracia. Es uno de esos casos en los que se cumple el significado, en lengua griega, de la palabra “crisis”. El término “crisis” significa, en griego, separar, decidir. Conlleva un efecto de ruptura que hace necesario el estudio, la indagación, el discernimiento y la exploración de soluciones. Por consiguiente, propicia la reflexión y sugiere una oportunidad para la renovación y para la mejora, en nuestro caso del sistema socio-económico y, en paralelo, del político, al afianzar lo que nunca se debió perder: “la cultura del pacto”. Resulta incontestable la importancia que revistieron los Acuerdos de la Moncloa a la hora de crear el consenso político y social necesario para la aplicación de las medidas de ajuste que precisaba nuestra economía.