Razones del insólito camino de Venezuela hacia la miseria

Humberto García Larralde*

Se invierte el toque de Midas

La explotación petrolera en Venezuela llevó a uno de los países más pobres y atrasados de América Latina, a convertirse en el más próspero a mediados del siglo XX. Las series estadísticas recopiladas por el economista escocés, Angus Maddison, la sitúan a inicios de ese siglo con un ingreso per cápita inferior al de Colombia, la mitad del de México, la tercera parte del de Chile y Uruguay, y cuatro veces inferior al de Argentina, el país más desarrollado de la región. Solo Perú y Brasil, entre los grandes, se encontraban con niveles de ingreso parecidos. Para finales de la II Guerra Mundial, el ingreso promedio de cada venezolano sobrepasaba al de Argentina y el de los países europeos, salvo el Reino Unido y Suiza. Esta holgura de recursos atrajo mucha inmigración del viejo continente, en particular de España, Italia y Portugal, como también, posteriormente, de países latinoamericanos. Fue una bendición para una economía en rápido crecimiento, pues aportó espíritu de emprendimiento, know-how y sentido práctico, que se expresaron en numerosos negocios y en la generación de empleo y bienestar. Esta posición privilegiada, de creciente progreso, subsistirá hasta finales de la década de los ’70.

Con financiamiento de origen petrolero, el Estado venezolano construyó autopistas, puertos, aeropuertos y dotó al país de un sistema eléctrico nacional que era envidia de la región. Ya en los años cuarenta, se pudo erradicar la malaria y pronto sucedió lo mismo con otras endemias que diezmaban a la población del campo. Los gobiernos democráticos, en particular, se forzaron porque la salud y la educación pública tuviesen la más amplia cobertura, llegando el Hospital Clínico Universitario de Caracas a ser referencia médica para la cuenca del Caribe en las décadas de los sesenta y setenta. Fue vencido el analfabetismo y se formaba una población creciente de profesionales que constituyeron la columna vertebral de nuestra modernidad: ingenieros, médicos, educadores, abogados, científicos de variadas disciplinas y muchos más. La educación pública hasta niveles universitarios, gratuita y de calidad, dio lugar a una gran movilidad social, cumpliéndose los sueños de muchas familias humildes de ver a sus hijos vestir toga y birrete. En los años ‘50 y ’60, la moneda venezolana mostró ser una de las más sólidas del mundo, exhibiendo el país una inflación menor, en promedio, que la de Estados Unidos. Sin desconocer que todavía existían deficiencias propias de un país en desarrollo, era notorio que en Venezuela había operado lo que, en otras latitudes, se hubiera caracterizado como “milagro” económico.

Esta historia de éxitos, como hoy sabemos, se truncó hacia finales de los años ’70. A pesar de intentos de gobiernos posteriores por revivir esta dinámica o, precisamente, debido en gran medida a estos esfuerzos, los venezolanos vieron esfumarse sus expectativas de mejora como perceptores de un ingreso que, hasta hace poco, había obrado cambios prodigiosos. Esta frustración tiene que ver con la naturaleza de las instituciones que se fueron forjando en el país al calor de la explotación petrolera y su imbricación con el comportamiento político, económico y social de las élites que comandaron el desarrollo nacional. Las posibilidades que ofrecía el caudal de ingresos provenientes de la exportación de crudo fueron asentando prácticas populistas cada vez más acentuadas, alimentadas por la ilusión de poder acelerar las metas del desarrollo. Fue conformándose, entonces, una cultura política fuertemente enraizada en el rentismo –el usufructo dispendioso por parte del Estado de rentas internacionales captadas por la venta de crudo de su propiedad en mercados mundiales--, que alimentó lo que muchos llaman petropopulismo. En ello se apalancó Hugo Chávez para llegar al poder y ejecutar su “revolución”. Llevó el populismo a extremos, destruyendo los avances logrados décadas atrás.

Hoy Venezuela exhibe estados de miseria impensables hace pocos lustros. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI)[1] de 2019, registra el quinto año consecutivo de incremento en la pobreza, hasta alcanzar niveles que sitúan al país como el más pobre de América Latina y el Caribe, medido en términos de ingreso. El 54,6 % de la población tenía un ingreso por debajo de la línea de pobreza de 1,9 USD al día[2], mientras que, en Haití, alcanzaba sólo a 24,2 % del total. Si bien el ingreso promedio del venezolano era ligeramente superior –2,5 dólares al día, vs. 1,8 en Haití (dólares PPA)--, la distribución del ingreso era peor, sólo superada, en la región, por Brasil. De acuerdo con una línea de pobreza más acorde con la realidad del país, 96 % de los venezolanos serían pobres. El porcentaje de hogares que manifestaron estar preocupados porque la comida no alcanza, subió al 88 % (84 % en 2018). En un 34 %, al menos un miembro de la familia estuvo sin poder comer un día. Estos porcentajes subieron todavía más en una encuesta flash hecha en mayo, 2020, en pleno impacto de la epidemia del Covid-19. Según cálculos realizados con base en metodologías internacionales reconocidas, un 70 % de los hogares estarían padeciendo de inseguridad alimentaria moderada o severa, porcentaje que sube a las tres cuartas partes, durante la pandemia.

Lo anterior es el resultado del mayor colapso económico de país moderno alguno, no provocado por una guerra, y de una hiperinflación que ya entra en su tercer año[3]. Se estima que el PIB de 2020 fue apenas la cuarta parte de la de 2013, cuando Maduro ocupó la presidencia. La destrucción de la industria petrolera (ver más adelante) y el desplome de la actividad económica interna, vació al Estado de ingresos tributarios, dejando una brecha fiscal que sólo ha podido ser cubierta con emisión monetaria del Banco Central[4]. Esta acelerada expansión de la liquidez explica la hiperinflación y el empobrecimiento brutal de todos los perceptores de ingresos fijos. Hoy el sueldo mínimo es el equivalente a un dólar mensual (¡!).

La muerte de la democracia

Al lado de las penurias económicas y sociales, el régimen de Maduro terminó por desmantelar el ordenamiento constitucional --ya bastante destruido por su predecesor, Hugo Chávez-- y arremeter contra los derechos humanos ahí reconocidos. Despojó a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, de todas sus atribuciones, con base en pronunciamientos írritos de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) partidario, constituido tramposamente por la antigua Asamblea (chavista) antes de que entregara su mandato[5]. Convocó comicios para una Asamblea Nacional Constituyente, violatorios de la normativa electoral —y, por tanto, desconocidos por la oposición y por más de 50 países—, para usurpar funciones de la AN legítima, e impidió la convocatoria a un referendo revocatorio del Presidente de la República, derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución. Reprimió brutalmente las manifestaciones de protesta, con un saldo de más 300 muertos desde que asumió el poder. Junto a otros atropellos documentados en el informe de Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU [6], se consideraron como crímenes de lesa humanidad contra la población, cuya responsabilidad llega hasta los más altos niveles del Estado. Crímenes de tal naturaleza también fueron recogidos en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ese organismo, Michele Bachelet. Recientemente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[7].  Denuncias insistentes sobre la presencia de agentes del Hezbolá en Venezuela, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano y de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), amén de las denuncias sobre la participación funcionarios en narcotráfico y lavado de dólares, ha llevado a caracterizar al régimen chavo-madurista como un Estado Forajido. Tal percepción se apuntala con la requisitoria librada por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., basada en investigaciones realizadas, durante años, por fiscales en Miami, Nueva York y otras ciudades, en contra de Nicolás Maduro y de otros catorce altos personeros del gobierno, por estar incursos en prácticas calificadas de narcoterrorismo[8].

A pesar de haber perdido toda legitimidad como gobernante y del repudio mayoritario a su gestión, Maduro armó unas elecciones fraudulentas en mayo de 2018, con partidos y dirigentes opositores inhabilitados y/o perseguidos, sin auditoría del registro electoral, ni observadores internacionales de confianza, para hacerse reelegir presidente. No obstante haber sido desconocidas, igualmente, por más de 50 países y denunciadas por la AN, prosiguió a convocar, con el mismo formato, comicios para elegir una nueva AN –cuyo período constitucional vence el 5 de enero, 2021. Los resultados de éstas también han sido desconocidos. ¿Cómo es que tal aberración logra permanecer en el poder?

El sostén militar de Nicolás Maduro

Se ha hecho notorio que el régimen chavista se sostiene gracias al apoyo, cuidadosamente cultivado, de una cúpula militar secuaz que impide, por la fuerza o por la amenaza de utilizarla, su desplazamiento. Para ello se contó con asesoría cubana para organizar sus capacidades de contrainteligencia, a fin de detectar posibles focos de disidencia, y hoy existen unos doscientos oficiales militares presos, acusados de conspirar contra la tiranía[9]. Aun así, sorprende que el descontento no sea mayor y que la Fuerza Armada Nacional (FAN) no haya depuesto a Maduro ante violaciones tan flagrantes al orden republicano o por los terribles sufrimientos que sus políticas han infligido a los venezolanos. ¿Por qué contingentes importantes, sobre todo de la Guardia Nacional, traicionan su misión, para apuntalar un régimen que obra, visiblemente, en contra de los intereses de la nación? ¿Por qué tan cruel indolencia ante la crisis humanitaria que envuelve a sus compatriotas, incluyendo a familiares y amigos?

Las políticas instrumentadas por el régimen bolivariano han abierto oportunidades de enriquecimiento fabulosas para los que ocupan el poder. Chávez y Maduro promovieron deliberadamente a militares leales a los más altos niveles de mando, marginando a aquellos que, por su apego al rol institucional que la Constitución reserva a la FAN, no eran de confiar para sus fines político-partidistas. En 2018, militares activos o jubilados ocupaban ocho gobernaciones y controlaban 12 de 32 ministerios, en particular los relacionados con la economía[10]. Según el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), estarían al frente de, al menos, 60 empresas públicas[11]. En total, entre activos y jubilados, cerca de 2.000 oficiales habrían pasado por altos cargos en la administración pública, bajo los gobiernos de Chávez y Maduro.

La participación de los militares venezolanos en actividades económicas, como directores de empresas públicas o contratistas del Estado, como jefes de despacho de ministerios económicos, como ejecutores de medidas de política o, indirectamente, como custodios de que sean cumplidas, ha sido instrumental para afianzar su lealtad. Dado el resquebrajamiento institucional del país, la discrecionalidad con que manejan estas atribuciones les depara inusitadas oportunidades de lucro. Hoy, la FAN es dueña de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras, y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), constituida para intermediar en las subastas y demás negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio--, de cuyo manejo, de paso, los militares conocen poco. Adicionalmente, están al frente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, de los puertos y aeropuertos, de las empresas públicas, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. A finales de 2016, Maduro nombró presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PdVSA) --la joya de la corona, con gran pérdida de lustre, es cierto— y a la vez, Ministro de Petróleo y Minería, a un general sin experiencia previa en el campo[12]. Mediante un decreto especial, Maduro le autorizó a hacer negocios a nombre de PDVSA sin licitación ni control alguno y sin rendir cuentas[13], en violación del ordenamiento legal vigente. A principios de agosto de 2018 exoneró a esta empresa del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal correspondiente[14]. 

Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían, en 2018, no menos del 70% de la economía venezolana[15]. Una idea de la extensión de este control lo ofrece el portal Armando.info, que cruzó datos referentes al registro nacional de contratistas, con la nómina de la alta oficialidad de la FAN, y encontró que, “al menos 785 oficiales activos” estaban al frente de empresas de construcción, servicios de seguridad, suministros médicos, alimentos, transporte, comerciales, informática y más, que contratan con el Estado[16].

Con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, los militares monopolizan la importación y distribución de alimentos y medicamentos esenciales –amén del manejo de los Mercados Municipales--, con lo cual obtienen una importante “tajada” y usufructúan los dólares provenientes de la exportación petrolera. Mientras duró el control de cambio, tal acceso les proveyó oportunidades formidables para enriquecerse a través del arbitraje de precios entre su cotización oficial y la del mercado negro[17]. Adicionalmente, custodian las fronteras y las aguas territoriales, más allá de las cuales el precio de la gasolina se multiplica por miles con relación al precio doméstico[18]. Amparados en leyes punitivas, ejercen acciones policíacas contra comerciantes, propensas a prácticas de extorsión y confiscación de sus bienes. Tales abusos se repiten con viajeros en alcabalas de carretera, puertos y aeropuertos. Por último, es notorio el señalamiento por parte de la DEA (Drug Enforcement Administration) de los EE.UU., de altos oficiales venezolanos involucrados en narcotráfico. Al comienzo, esta participación se reducía a resguardar la salida al exterior de la droga comercializada por las FARC, amparada en la alianza de Chávez con éstas, pero progresivamente fueron desplazando a los demás grupos delictivos en el manejo directo de tales operaciones, erigiéndose en el Cartel de los Soles, con lo cual se les conoce actualmente[19]. La defensa abierta y desembozada por parte de Maduro de altos oficiales señalados de estar involucrados en este tráfico y/o de estar incursos en violaciones de derechos humanos, y su frecuente premiación con altos cargos de gobierno, afianzan su complicidad con el sistema de expoliación instaurado.  

El sistema de regulaciones, controles y prohibiciones del llamado, “Socialismo del Siglo XXI”, se tradujo en enormes incentivos para la corrupción, más cuando ocurría ante la ausencia, deliberada, de transparencia y de rendición de cuentas. Encontró asidero en la existencia de fuertes intereses apertrechados en los nodos de decisión del Estado, conformando una oligarquía militar – civil, que maneja los asuntos económicos a discreción. El régimen aseguró, además, la impunidad a los perpetradores de estas corruptelas, por la anuencia de un poder judicial abyecto. Los intentos obsesivos de los gobiernos de Chávez y Maduro por indoctrinar, bajo directrices cubanas, a la Fuerza Armada, seguramente alentaron conductas represivas en algunos militares, así como su desconocimiento del orden constitucional democrático y de los derechos humanos básicos. Sin embargo, son los intereses creados en torno a la expoliación del país, los que tienen mayor fuerza explicativa.

Un Estado Patrimonialista

El desmantelamiento del Estado de Derecho en Venezuela y el arrinconamiento de los mecanismos mercantiles para la asignación de recursos y para la retribución del esfuerzo productivo, crearon las condiciones para la conformación de un Estado Patrimonialista, en la acepción dada por Max Weber (1978). Ello se amparó en justificaciones ideológicas provenientes de la izquierda, como en la tradición paternalista, presidencialista y tutelar del PetroEstado venezolano. Comenzó, bajo la presidencia de Chávez, con la conculcación de la autonomía de los demás poderes públicos, colmando al Tribunal Supremo y al Consejo Nacional Electoral con partidarios suyos y controlando directamente a la Asamblea Nacional, para convertirlos en ejecutores de sus designios. Se complementó con el acoso y/o eliminación de medios de opinión críticos; “aplanando” y diezmando al sector privado de la economía; convirtiendo a las empresas públicas (notoriamente a PdVSA) en fuente de financiamiento discrecional de sus iniciativas; y haciendo de la FAN una especie de Guardia Pretoriana cómplice.

El desmantelamiento del Estado de Derecho y su reemplazo por un cometido que no rinde cuentas ni es auditable, que decide a discreción sobre el usufructo de los recursos públicos y sobre las actividades del sector privado, que responde sólo a la voluntad de quienes comandan el Ejecutivo Nacional --sin apego al ordenamiento jurídico existente--, ha revertido el Estado venezolano a esa condición patrimonialista que caracterizó a las monarquías europeas en las primeras fases de la época moderna. Con la “reelección” fraudulenta de Maduro y, ahora, de una AN partidaria, culmina la expropiación política de la voluntad popular consagrada en la Constitución: se privatiza el usufructo del poder, haciendo del Estado venezolano el coto privado de una nueva oligarquía, pero en nombre del socialismo. Ello completó la transformación de instituciones políticas que sostenían la democracia representativa venezolana, otrora inclusivas –en la terminología de Acemoglu y Robinson (2012)—, en instituciones extractivas, al servicio de la expoliación del producto social por parte de una élite militar – civil.

Uno de los elementos a que apela esta oligarquía para encubrir la expoliación del país y evitar mayores protestas, es ocultar la información que permite evaluar, seria y objetivamente, su gestión al frente del Estado. El régimen opera a la sombra para evitar todo escrutinio de sus operaciones, muchas de ellas ilícitas. Los medios de comunicación independientes han sido acallados por diferentes medios y muchos han desaparecido. Se borra toda rendición de cuentas ante quienes deberían ser susmandantes (accountability), para esconder los desmanes de un régimen que ha causado terribles daños al país[20]. Recientemente, la asamblea constitucional espuria aprobó una Ley “antibloqueo”[21], que autoriza al gobierno a “desaplicar” el ordenamiento legal para liquidar activos nacionales y perseguir otros negocios. Garantiza la confidencialidad sobre tales transacciones --no habrá rendición de cuentas–, por lo que extiende un manto de impunidad a los infractores (nacionales o extranjeros) incursos en estos desfalcos.

Llamo régimen de expoliación a un arreglo orquestado desde el poder para el usufructo discrecional de la riqueza social, en desapego a criterios de racionalidad económica y/o a indicadores que expresen metas planificadas. El provecho del fruto económico es determinado por relaciones de fuerza, emanadas de una jerarquía de mando construida en torno a un poder político autocrático. Los militares son quienes aseguran el ejercicio de esta fuerza o la amenaza de aplicarla. La participación de los integrantes de la sociedad en el disfrute de la riqueza social, en un régimen de expoliación,no está sujeta a normas, sino a transacciones de naturaleza política, que truecan obsecuencia y lealtad a quienes ejercen el poder, por el derecho a participar en la depredación de la riqueza. El mercado, como mecanismo autónomo para la asignación de recursos y para determinar la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que empalma las presiones de demanda con las posibilidades de oferta, es sofocado con toda suerte de controles y regulaciones. Éstas son aprovechados por los poderosos para adueñarse del producto y del patrimonio social a través de prácticas de extorsión y de confiscación. Se constituyeron verdaderas mafias que, desde el Estado, destruyeron la economía con todo tipo de entresijos irregulares.

La exigencia de lealtad al proceso como requisito para ocupar cargos públicos, por encima de las competencias para el cumplimiento de sus funciones y de la Ley de Carrera Administrativa, así como de otros mecanismos que propiciaban la estabilidad y el reconocimiento de méritos del empleado público, facilitó la colonización del Estado venezolano por el chavismo. La creciente opacidad y la no rendición de cuentas fueron abriendo espacios para prácticas que colidían con el deber ser normativo. Al aumentar las medidas de intervención y de control de la economía, y al asignarse a discreción del presidente los recursos del rico estado petrolero, aparecieron inusitadas oportunidades de lucro que, en un contexto de anomia e impunidad creciente, auspiciaron la emergencia de complicidades entre militares corruptos y autodesignados “revolucionarios” quienes, buscando su propio provecho, se atrincheraron en los nodos decisorios del Estado.

Sin embargo, el Imperio es el culpable

Pero la crueldad e indolencia de esta nueva oligarquía para con los padecimientos de los venezolanos no sólo se explica por la defensa, como sea, de sus intereses pecuniarios. Se agrava por un constructo ideológico que, cual burbuja, les sirve de refugio ante la realidad. Se afianza en un imaginario ficticio que absuelve, con exclamaciones autocomplacientes que responsabilizan a otros de sus perversiones, toda crítica a sus actuaciones. La recluye en referentes moralistas (invertidos) reconfortantes, derivados de la teleología justiciera que deriva de su misión “revolucionaria”. Ello ampara a sus miembros ante un entorno adverso. La terrible tragedia que afronta la población venezolana es ahora obra del asedio “imperialista” a la llamada Revolución Bolivariana. Con su ideología, el “revolucionario” se condona a sí mismo, imbuido del consuelo de estar siempre del lado correcto de la Historia (con mayúscula).  En esta vena, el régimen hace descargar la responsabilidad del colapso económico en las sanciones impuestas por EE.UU., la UE y otras naciones, contra personeros del régimen por violación de derechos humanos y lavado de dinero, y las restricciones financieras y contra tratos de la empresa petrolera estatal, PdVSA.

Para julio, 2020, se confirmaban sanciones personales contra 195 militares y civiles, impuestas por EE.UU, la U.E., Canadá, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pueden contemplar la congelación de sus activos en esos países, prohibición de entrada y de realización ahí de transacciones, entre otras cosas. No afectan la economía de Venezuela[22].

Las sanciones financieras, sí tienen incidencia. Fueron decretadas en agosto de 2017[23]. Prohíben a personas naturales o jurídicas transar papeles de deuda pública venezolana, incluyendo los de PdVSA. En la práctica, se le vedó al régimen de Maduro la utilización del sistema financiero estadounidense para solventar sus compromisos. En 2018, fueron extendidas para incluir transacciones en criptomoneda y otras deudas de entes públicos. Fueron añadidas, además, sanciones contra personas o entes públicos (incluído el Banco Central de Venezuela -BCV), señalados de estar incursos en prácticas de corrupción.

Cabe señalar, no obstante, que ya en 2017 la República se había declarado, de hecho, en cesación de pagos (default), al no poder honrar el servicio de su deuda[24]. Es decir, ya se había “auto-aislada” de los principales circuitos financieros internacionales, dada la enorme deuda en que incurrió a partir de 2006, deuda que dilapidó y le fue imposible pagar, una vez caídos los ingresos por exportación de petróleo[25].

Las sanciones contra PdVSA, anunciadas a finales de enero, 2019, incluyeron bloqueo de sus activos e intereses en suelo estadounidense y la prohibición de personas o entes de ese país de transar con petróleo venezolano o con órdenes de compra relacionadas[26]. Cabe señalar, sin embargo, que para la fecha en que entraron en vigencia –abril de ese año—la producción petrolera era apenas la tercera parte de cuando Maduro ocupó la presidencia y Venezuela se veía obligada a importar gasolina y otros productos para cubrir la demanda interna.  Es decir, la empresa ya estaba en buena medida destruida, producto de largos años de mala administración y saqueo abierto. Desde el gobierno de Chávez, PdVSA, se le había despojado de toda autonomía para proseguir su misión corporativa (maximizar sus ingresos en el tiempo), obligándola a asumir el rol de gran financista de los programas políticos del gobierno. Sacrificó sumas exorbitantes en el subsidio del consumo interno de hidrocarburos, triplicó su personal, financió las importaciones petroleras de países amigos y gastó USD 254,2 mil millones hasta 2016[27] (último año para el cual PdVSA publicó información), para el financiamiento discrecional de misiones y de los fondos de Desarrollo Nacional (Fonden) y para el Desarrollo Económico y Social del País (Fondespa). Además, la empresa asumió pagar, con barriles de crudo, el endeudamiento de la República con China, sin que ello le fuese descontado en su declaración impositiva. Por último, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, y la anulación de la acción contralora de la Asamblea Nacional, ha permitido el saqueo literal de los fondos de la empresa. En un estudio reciente de Douglas Farah y Caitlyn Yates, consultores y profesores de la National Defense University de EE.UU., se describe cómo, a través de la contabilización ficticia de ventas, compras e inversiones, y de la ejecución de operaciones financieras diversas, se han substraído enormes sumas de PdVSA, que terminan, por vericuetos diversos para su lavado, en abultadas cuentas individuales en el extranjero[28].

La industria petrolera venezolana se ha visto exprimida a fondo para atender fines contrarios a su misión corporativa. Ha sido pasto de las mayores corruptelas de que se tengan noticia. Ha perdido, por tanto, capacidad para financiar sus operaciones y, aún menos, para desarrollar proyectos de expansión. De una capacidad de refinación instalada en Venezuela de 1,3 millones de barriles diarios, PdVSA ha tenido que importar gasolina, lubricantes y otros productos, pues no los produce en cantidades suficientes[29].  Ha tenido que endeudarse fuertemente y depender de los auxilios financieros del BCV, para sostener su gestión. Como resultado, tenemos, para 2020, una empresa prácticamente quebrada, con costos de producción por barril muy inflados, con una capacidad de producción cada vez más reducida y con nula posibilidad para responder a los desafíos y oportunidades del mercado energético mundial.

Conclusiones

Venezuela ha sido devastada por un populismo extremadamente agresivo que, en nombre de una Revolución Bolivariana –cobijada en la mitología comunista—ha destruido las instituciones de la democracia liberal, violado derechos humanos básicos de los venezolanos y asfixiado la economía con toda suerte de controles, regulaciones y confiscaciones. Este populismo se nutre de la cultura del rentismo que se afianzó con la explotación petrolera y que dio lugar al tutelaje de un Estado dotado de ingentes recursos, sobre el quehacer económico. Cuando flaqueó la renta petrolera, la insatisfacción creciente con la democracia paternalista fue pasto de una retórica de redención, inspirada en el culto a Bolívar –“Padre de la Patria” y su salvador providencial-- y en la invocación patriotera de la épica emancipadora. Chávez, con un discurso maniqueo que dividió al país entre compatriotas y traidores, se proyectó como personificación de la voluntad popular. Todo lo que se le oponía, en particular las instituciones de la democracia representativa que salvaguardaban el equilibrio entre poderes y los derechos ciudadanos, y que les ponían restricciones a sus ambiciones desmedidas de poder, fueron progresivamente avasalladas a través de la movilización de sus partidarios, estimulados por su retórica populista. La naturaleza militarista del régimen que se instauró y su apelación creciente a la represión y a la criminalización de la protesta para aplastar a sus opositores, permite caracterizar al régimen como neofascista (García,H., 2008), no obstante pretender postularse como de “izquierda revolucionaria”.

Hoy se ha asentado un régimen de fuerza, sustentado por militares corruptos, que ha entronizado una nueva oligarquía depredadora que ha acabado con la industria petrolera y con otras empresas del Estado, destruido los servicios públicos y arruinado las arcas de la República. El acoso al sector privado y el desmantelamiento del marco institucional de garantías a la propiedad y a las transacciones mercantiles han ahogado toda posibilidad de atraer inversiones productivas y desarrollar una economía competitiva. La que una vez fue la economía más próspera de América Latina, agoniza hoy como la más pobre, con más de la quinta parte de la población emigrada a otros países, en muchos casos por razones de sobrevivencia, y en un ambiente de anomia y violencia que es la antítesis del proyecto de modernización y desarrollo que animó el país durante buena parte del siglo XX.  Las evidencias y los numerosos reportes sobre violación de derechos humanos, los escándalos financieros que estallan en los medios internacionales referidos al lavado de dineros de la corrupción o del tráfico de drogas, y la relación cada vez más estrecha de Maduro con regímenes parias y con organizaciones fuera de la ley, convalidan la caracterización de los que se han apoderado del Estado venezolano como una organización criminal. Lamentablemente, su retórica antiimperialista, encuentra –todavía—simpatía en algunos círculos de una izquierda primitiva e ignorante. Le ha servido a Maduro de patente de corso para expoliar al país en nombre del “pueblo” y evitar acciones que precipiten su salida del poder.

Referencias

Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012), Por qué fracasan los países, Deusto, Barcelona.

García Larralde, Humberto (2008), El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas.

_________________(2020) Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos

Maddison, Angus, Historical Statistics of the World Economy: 1 – 2008 AD (Excel workbook).

Universidad Católica Andrés Bello (2019), Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), Caracas.

Weber, Max (1978), Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley.