Lunes, 18 de Octubre de 2021
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09/03/2021

El control de convencionalidad y los derechos políticos del Pacto de San José


por Agustín Garcia Faure


Introducción

            Con el presente trabajo trataremos de mostrar de una manera breve el mecanismo del control de convencionalidad. Para ello, haremos un recorrido por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han introducido y que con el correr de los años siguen consolidando, a este extraordinario mecanismo de control que tiene por finalidad tutelar los derechos fundamentales de las personas.

            También, y como parte del recorrido en el presente trabajo, nos detendremos en el control de convencionalidad que ha realizado la Corte IDH en materia de derechos políticos, y al respecto buscaremos algunas sentencias relacionadas con estos derechos para mostrar los estándares que el Tribunal interamericano ha elaborado y aplicado para la protección de los derechos políticos.

             

¿Qué entendemos por control de convencionalidad?

            El control de convencionalidad puede entenderse como la acción que realizan los jueces al momento de examinar si la normativa interna que ellos observan para aplicar a cada caso concreto, guarda armonía con los derechos y garantías enunciados en el Pacto de San José de Costa Rica y demás tratados de derechos humanos, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales que podrían estar siendo vulnerados por la técnica legislativa de los Estados que han suscripto el Pacto.

            Ha señalado Sagüés (2009)  que “los jueces y tribunales de los Estados firmantes del Pacto de San José de Costa Rica tienen el deber de inaplicar las reglas del derecho interno (……) opuestas al referido Pacto (…..), e incluso las opuestas a la interpretación que a las cláusulas del Pacto ha dado la Corte Interamericana.” El autor también nos enseña que este control de convencionalidad debe realizarse de oficio por parte de los jueces, sin la necesidad de que haya sido planteado por alguna de las partes en el proceso. Asimismo, nos menciona que el efecto o el resultado -si se advierte que la normativa interna es contradictoria a la esencia del Pacto de San José de Costa Rica- debe ser la declaración de inconvencionalidad y la correspondiente invalidación jurídica de la normativa controlada.

            Por su parte, advierte Trucco (2010) que “el llamado “control de convencionalidad” que, como veremos, reafirma la primacía que ostenta el derecho internacional de los derechos humanos, reclamando en los jueces nacionales, ya no solo ponderar la legalidad de una norma en cuanto su adecuación con la Constitución Nacional (control de constitucionalidad), sino ahora, analizar su conformidad con aquellos parámetros convencionales y jurisprudenciales derivados del sistema internacional. Es la expresión de los nuevos paradigmas que se van abriendo en el mundo jurídico; un “neoconstitucionalismo” o “supranacionalidad” que los Estados deben ir aceptando y reconociendo.”

            De los párrafos precedentes podemos deducir que el control de convencionalidad tiene la meta de afianzar la supremacía del Pacto y demás tratados de derechos humanos. En este sentido, nos atrevemos a señalar que el Pacto y los demás tratados –en términos del control de convencionalidad- están por encima de toda normativa interna (constitucional o inferior) que busque desplazar a las personas de sus derechos fundamentales.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control de convencionalidad

            En este apartado nos detendremos a observar algunas sentencias de la Corte IDH que han sido de utilidad para alcanzar la consolidación del término control de convencionalidad.

 

a)      Primeros antecedes de la Corte donde se hace referencia o se muestra la necesidad del control de convencionalidad:

 

  • Myrna Mack Chang vs. Guatemala[1], Corte IDH, sentencia del 25 de noviembre de 2003.

            En este caso nos encontramos con el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez quién hace visible el término control de convencionalidad. Veamos el párrafo donde se menciona por primera vez al instituto:

“27. Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio --sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto-- y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional.”

 

  • Tibi Vs. Ecuador[2], Corte IDH, sentencia del 7 de septiembre de 2004.

            Nuevamente, con su voto concurrente razonado – en el caso “Tibi”- el juez Sergio García Ramírez nos daba notables características de la noción de control de convencionalidad:

“3. En cierto sentido, la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los tribunales constitucionales. Estos examinan los actos impugnados --disposiciones de alcance general-- a la luz de las normas, los principios y los valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la “constitucionalidad”, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la “convencionalidad” de esos actos. A través del control de constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del poder público --y, eventualmente, de otros agentes sociales-- al orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El tribunal interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su soberanía.”

 

  • López Álvarez vs. Honduras[3], Corte IDH, sentencia del 1 de febrero de 2006.

            En otro voto razonado el juez Sergio García Ramírez –meses antes del dictado de “Almonacid Arellano”- nos mostraba el término “control de convencionalidad” en el siguiente contexto:

“30. Al analizar la complejidad del asunto, la Corte que verifica la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención --es decir, el órgano que practica el “control de convencionalidad”-- debe explorar las circunstancias de jure y de facto del caso. Es posible que el análisis jurídico sea relativamente sencillo, una vez establecidos los hechos acerca de los cuales se ha producido el litigio, pero éstos pueden ser extraordinariamente complejos y hallarse sujetos a pruebas difíciles, necesariamente prolongadas o de complicada, costosa, azarosa o tardía recaudación. También puede suceder lo contrario: relativa claridad y sencillez de los hechos, en contraste con problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de aquéllos: pareceres encontrados, jurisprudencia cambiante, legislación incierta, razones atendibles en sentidos diferentes o discrepantes.”

 

b)      El primer caso de la Corte y dos precedentes posteriores que reafirman el control de convencionalidad:

 

  • Almonacid Arellano vs. Chile[4], Corte IDH, sentencia del 26 de septiembre de 2006.

            Este caso fue el primero donde la Corte en una sentencia hace mención del control de convencionalidad. El Tribunal interamericano en el párrafo 124 nos señalaba lo siguiente:

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”

 

  • Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú[5], Corte IDH, sentencia del 24 de noviembre de 2006.

            La Corte en este caso del Perú -dos meses después de haber fallado en “Almonacid Arellano”- volvió a mostrar la doctrina del control de convencionalidad, y la reforzó al señalar que el poder judicial de los Estados que han firmado el Pacto deben hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad, y si es necesario de oficio. Veamos textualmente el párrafo 128 que nos hace referencia a ello:

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.”

            Por su parte, el juez de la Corte Sergio García Ramírez, en su voto razonado a la sentencia del caso “Trabajadores censados del Congreso”, nos refuerza la doctrina del control de convencionalidad al señalar que el marco normativo controlante está conformado por el Pacto y los demás tratados de derechos humanos. A continuación observemos textualmente sus palabras sobre el punto:

“2. En la especie, al referirse a un “control de convencionalidad” la Corte Interamericana ha tenido a la vista la aplicabilidad y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Sin embargo, la misma función se despliega, por idénticas razones, en lo que toca a otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los derechos humanos de los que es parte el Estado: Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera. De lo que se trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos internacionales contraídos por el Estado, que generan para éste determinados deberes y reconocen a los individuos ciertos derechos.”

 

  • Gelman vs. Uruguay[6], Corte IDH, sentencia del 24 de febrero de 2011.

            La Corte en este caso contra el Estado de Uruguay señaló que el control de convencionalidad debe realizarse por los jueces y por los órganos vinculados con la administración de justicia, una decisión que amplía a otros sujetos del Estado la misión de realizar dicho control. Leemos a continuación el párrafo 193 de la sentencia que hace mención a lo señalado en el punto:

“193. Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana228.”

 

Los derechos políticos en el Pacto de San José de Costa Rica

            De entrada podemos enumerar una serie de derechos que consideramos políticos, a saber:

  • Derecho de voto y derecho a ser votado.
  • Derecho de participar en el gobierno a través de cargos públicos y el derecho de participar a través de mecanismo como; referendos, plebiscitos o consultas.
  • Derecho de peticionar a las autoridades.
  • Derecho a asociarse y de reunirse con fines políticos.
  • Derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación política.

 

            La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica hace mención específica de los derechos políticos en su artículo 23, derechos que deben ser respetados y reconocidos por los Estados que firman el Pacto, en miras de garantizar que cada ciudadano goce del libre ejercicio de ellos.

En dicho artículo 23 nos encontramos con el enunciado de los siguientes derechos:

 

“a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

 

 Los tres incisos transcriptos nos muestran derechos humanos fundamentales, expresamente previstos en el Pacto, y necesarios para el afianzamiento de la democracia. Con respecto a ellos, sabemos que cada ciudadano tiene que gozarlos plenamente y tener las oportunidades necesarias para que su vigencia y aprovechamiento sea claramente efectiva, libre de todo obstáculo.

Ahora bien, cuando hacemos referencia al término “oportunidades” debemos imaginar todo tipo de movimiento y políticas públicas que se dirijan a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos políticos, que se garantizarán con la atención obligatoria de los Estados, a través de acciones positivas que neutralicen toda barrera que pudiera interponerse en el camino de toda persona que quisiera ejercer algunos de los derechos políticos señalados.

Los derechos políticos, por su importancia en el juego democrático, deben tener una protección dinámica y constante, para ello, es necesario que todas las autoridades de los Estados -que han suscripto el Pacto- cumplan con su obligación de realizar la técnica del control de convencionalidad en el caso concreto, sin dilaciones y con la  mayor razonabilidad posible, para que la vigencia de estos derechos humanos sea efectiva.

 

Referencia o estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos

            Los estándares interamericanos de los derechos políticos deben ser la guía complementaria para corregir o prevenir cualquier atentado contra esos derechos.             Sabemos que un buen control de convencionalidad será aquel que se realiza a la luz del Pacto, de los demás tratados de derechos humanos y de la consulta de la interpretación que ha realizado la Corte IDH de las cláusulas de la Convención.

            Los estándares interamericanos sobre los derechos políticos están presentes y han comenzado a ser parte esencial de todo dialogo político, jurisdiccional y administrativo. Creemos que son indispensables para que cada Estado pueda proteger de manera especial y sin ningún tipo de distracción a los derechos políticos.  

            La Corte IDH se ha pronunciado en la temática de derechos políticos y nos ha dejado una robusta jurisprudencia que nos servirá de referencia obligatoria para que las autoridades de los Estados realicen un efectivo control de convencionalidad.

            Observemos a continuación que ha interpretado la Corte sobre los derechos políticos:

 

  • Yatama vs. Nicaragua[7], Corte IDH, sentencia del 23 de junio de 2005.

            En Yatama la Corte hace referencia a la importancia de que los Estados generen condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ejercerse de manera efectiva, siempre, con respeto al principio de igualdad y no discriminación.

            La Corte en este caso nos muestra la dinámica del ejercicio del derecho a ser elegido, el derecho de acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad, remarcando que el respeto y la garantía del acceso a un cargo público se cumple cuando los procesos de nombramiento son razonables y objetivos. Un caso donde el Tribunal internacional ha señalado que los Estados tienen la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos y en especial a los sectores que podrían encontrase en un estado de vulnerabilidad que los despoje fácilmente del ejercicio de tales derechos. Veamos en palabras de la Corte que expresó en el caso Yatama sobre los derechos políticos (párrafos del 195 al 201):

195. Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Los hechos del presente caso se refieren principalmente a la participación política por medio de representantes libremente elegidos, cuyo ejercicio efectivo también se encuentra protegido en el artículo 50 de la Constitución de Nicaragua164.

196. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.

197. El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política.

198. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán.

199. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.

200. El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.

201. La Corte entiende que, de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales165”

 

  • Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos[8], Corte IDH, sentencia del 6 de agosto de 2008.

            En el caso (párrafos 140, 141, 142 y 143) el Tribunal internacional ha dejado en claro que los derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. También ha señalado que su vigencia es fundamental para garantizar los demás derechos humanos. Son tan importantes dichos derechos que la Convención prohíbe su suspensión y remarca la necesidad de las garantías judiciales para su protección. La Corte en este caso expresó con claridad lo siguiente:

“140. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos49.

141. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales50, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”51.

142. En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En dicho instrumento se señala que: [s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos52.

143. La Corte considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención.”

 

  • San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela[9], Corte IDH, sentencia del 8 de febrero de 2018.

            La Corte en “San Miguel Sosa” señaló que los ciudadanos también tienen derecho a participar de los asuntos públicos a través de referendos, plebiscitos o consultas. En este caso se dejó en claro que el derecho a solicitar un referendo revocatorio de un funcionario público es un derecho político, un mecanismo de democracia participativa. En este sentido, la Corte en este caso dijo lo siguiente:

“111. El artículo 23 de la Convención Americana contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. En virtud de esta disposición, las personas también tienen “el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente, mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente elegidos”179. A diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la misma no sólo establece que sus titulares gozan de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”, lo cual implica la obligación del Estado de garantizar con medidas positivas y de generar las condiciones y mecanismos óptimos para que toda persona formalmente titular de esos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos, de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación180. En este sentido, es necesaria la existencia de institucionalidad y mecanismos de carácter procedimental que permitan y aseguren el efectivo ejercicio del derecho, previniendo o contrarrestando situaciones o prácticas legales o de facto que impliquen formas de estigmatización, discriminación o represalias para quien lo ejerce.”

 

  • López Lone y otros vs. Honduras[10], Corte IDH, sentencia del 5 de octubre de 2015.

            Aquí La Corte señaló que el derecho a la manifestación política se encuentra incluido en el grupo de los derechos políticos. En este punto, nos animamos a decir que cualquier medio o manera de manifestación se reconoce como derecho político, y como tal, necesita su protección Estatal. Sobre este derecho la Corte explicó lo siguiente:

“153. En el presente caso, las cuatro presuntas víctimas, tres jueces y una magistrada de la República de Honduras, se manifestaron en contra del golpe de Estado y a favor del restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, ya sea mediante su participación en una manifestación, por vía de la interposición de acciones judiciales o denuncias, a través de una opinión manifestada en el marco de una conferencia universitaria o en conversaciones con colegas. Además, dichas personas se expresaron a través de la AJD, de la cual todos eran miembros, en tanto esta organización emitió comunicados reclamando la necesidad de restitución del Estado de Derecho (supra párr. 69). Por tanto, conforme al Derecho Internacional y las propias determinaciones de los órganos de la OEA, competentes en esta materia, las actuaciones de las presuntas víctimas gozaban de legitimidad internacional, al contrario de las emprendidas por las autoridades del gobierno de facto. Por consiguiente, este Tribunal entiende que las actividades desarrolladas por las presuntas víctimas durante esta “ruptura inconstitucional” constituían no solo un derecho sino que son parte del deber de defender la democracia290, con base en lo establecido en la Convención Americana291 y en las obligaciones de derecho internacional que el Estado de Honduras adquirió al ser parte de dicho tratado y de la Carta de la OEA, obligaciones que se expresan en instrumentos como la Carta Democrática Interamericana.”

            El Tribunal internacional en dicha sentencia continuó ajustando la amplia interpretación que debe primar a la hora del reconocimiento de los derechos políticos. En este sentido, podemos observar lo dicho por el Tribunal en el siguiente párrafo:

“160. La Corte ha reconocido la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático296. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales contraria al orden constitucional y para reclamar el retorno de la democracia. Las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible y, dependiendo de las circunstancias, pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos mencionados.”

 

Consideraciones

            Hemos visto que el control de convencionalidad es de suma importancia y que debe ser realizado de manera obligatoria -al igual que lo hace la Corte IDH- por todos los organismos que conforman los Estados que han suscripto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, todos los integrantes del Estado -en cualquier nivel- tienen la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, los demás tratados sobre derechos humanos y la interpretación que la Corte IDH ha dado sobre las cláusulas de la Convención.

            Respecto a los derechos políticos pudimos ver cómo la Corte IDH ha tenido que tutelarlos, señalando con énfasis que su ejercicio es fundamental para garantizar los demás derechos humanos. Por suerte, pudimos apreciar que la Corte ha marcado los estándares que deben ser observados por todas las autoridades de los Estados al momento de ejercer el control de convencionalidad para la tutela efectiva de los derechos políticos.

            Creemos que con un efectivo control de convencionalidad y con la observación de los estándares que ha fijado la Corte IDH en materia de derechos políticos, nuestras jóvenes democracias tendrán la oportunidad de seguir avanzando para lograr que los Estados reconozcan sin demoras los derechos humanos fundamentales de todas las personas.

   

Referencia bibliográfica

Amaya, Jorge Alejandro (2016). “Los derechos políticos”. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 6 de agosto de 2008.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia del 1 de febrero de 2006.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y otros vs. Honduras, Corte IDH, sentencia del 5 de octubre de 2015.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia del 25 de noviembre de 2003.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela, sentencia del 8 de febrero de 2018.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador, sentencia del 7 de septiembre de 2004.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia del 24 de noviembre de 2006.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005.

García Faure, Agustín; Del Barco, Ricardo. “Los derechos políticos y las comunidades indígenas. El caso Yatama y su influencia en el sistema electoral argentino”. Ius Comitialis. V. 2, n. 3, p. 7-23, junio 2019. Universidad Autónoma del Estado de México.

García Ramírez, Sergio. “El control judicial interno de convencionalidad”. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., vol. V, núm. 28, diciembre, 2011, pp.123-159 Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. Puebla, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222189007

Sagüés, Néstor Pedro (2009). “Compendio de derecho procesal constitucional”. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina.

Sagüés, Néstor Pedro. Empalmes entre el Control de Constitucionalidad y el de Convencionalidad. La “Constitución Convencionalizada”. El presente trabajo se incluye en el programa de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales del Rosario, de la Universidad Católica Argentina.

Santiago, Alfonso; Bellocchio Lucía (2018). “Historia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (1978-2018)”. Editorial La Ley. Buenos Aires, Argentina.

Trucco, F. Marcelo. “El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales”. Publicado en: Revista de Filosofía Jurídica y Social; Centro de investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía social; Facultad de Derecho; Universidad Nacional de Rosario; Nro. 33; Año 2010/2012.

 








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