AUTONOMIAS MANIRROTAS, ESTADO GIGANTE E IMPUESTOS EXCESIVOS

 

 

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como dicen los castizos, en la prensa (escrita y digital) de orientación conservadora se ha desencadenado tiempo ha un ataque frontal al Estado de las Autonomías. Ataque al que no son ajenos algunos actores políticos y algunas organizaciones empresariales. Es significativo, por ejemplo, que en el diario de difusión nacional de dicha significación y mayor circulación , a la hora de comentar el barómetro del CIS de noviembre del corriente, que contiene preguntas acerca de la Constitución y su reforma, se haga hincapié , mas en la entradilla que en el texto, en que la reforma del sistema autonómico es una prioridad para los electores, como lo es que otro periódico de la misma orientación y de algo menor difusión de bombo y platillo a una asociación empresarial que reclama la reforma en razón del riesgo de ruptura de la unidad de mercado que supone la diferenciación normativa que las autonomías producen. Una mirada al barómetro antecitado revela que quienes reclaman una reforma constitucional afectante al Estado de las Autonomías (lugar do todo derroche tiene su asiento, como todo el mundo sabe) son el 6,9 de los encuestados, porcentaje muy próximo a la mayoría absoluta como se ve. Del mismo modo uno no sabe como salir del asombro ante la amenaza de la ruptura de la unidad de mercado por unas autonomías cuyo poder financiero es en extremo débil (no hay impuestos propios significativos)…..hasta que cae en la cuenta del peso que tienen algunas grandes superficies en la citada asociación empresarial. Cosas que pasan. En el trasfondo  resulta fácilmente detectable una opinión que es añeja, pero que ha sido tradicionalmente discreta en su expresión y que ahora emerge con fuerza: las autonomías generalizadas son un fenómeno artificial protagonizado por políticos provincianos y manirrotos que resulta disfuncional. Que ninguno de los portavoces de dicha opinión diga una sola palabra de lo disfuncional que es mantener mas de ocho mil municipios, la mayoría de los cuales ni tienen ni pueden tener la capacidad y los medios para ejercer sus funciones, o de lo dañoso que es para la economía nacional tener una fiscalidad frágil que hace depender los ingresos del Estado de la coyuntura, y que en momento de crisis dispara el déficit por hundimiento de la recaudación ( en 16 meses la presión fiscal ha llegado a caer siete puntos: del 40 al 33, si se hubiera mantenido en el 40 – cinco puntos largos por debajo de la media de la UE, y algunos más por debajo de la media de la eurozona -  tendríamos en 2009 un déficit público mas o menos del 4 o 4,5 , un déficit alemán, vamos ) indica de que pié cojean los demandantes de la recentralización.

 

Al menos desde Stuart Mill sabemos que la descentralización es, de un lado, una garantía de la libertad porque lo es de la difusión del poder, y del otro una escuela de formación democrática. No pertenece al reino de la casualidad que la tradición liberal progresista aparezca en España como una corriente estrechamente asociada a las demandas de autogobierno local ( sea municipal o regional) y, en su momento, al federalismo, del mismo modo que no lo es que en nuestro caso la imposición de una organización estrictamente centralizada de poder público se inscriba en el haber del liberalismo conservador y se implantara como medio para asegurar un Estado de propietarios, por no decir de hacendados. Del mismo modo que no lo es que las experiencias autoritarias del pasado siglo hayan tenido en común, entre otros rasgos, el inclinarse por una forma rígidamente centralizada de la configuración y el ejercicio del poder público. Precisamente uno de los legados de franquismo más enérgicamente contestado en la etapa final del régimen y en la transición fue precisamente la estricta centralización impuesta al Estado. De ahí venimos.

 

La demanda recentralizadota dispara contra varios blancos, tal vez por la estrecha relación que existe entre las dianas. Lo hace contra la transición, porque de allí trae causa la odiada autonomía, de retorno apunta a la Constitución, porque la hace posible, carga contra la fiscalidad, que se reputa excesiva y contra el personal dedicado al servicio público, al que se imputa plétora y empleomanía, como colofón lo hace sobre el autogobierno territorial, culpable del déficit, la complicación y el despilfarro. No es precisamente una coincidencia el que tales imputaciones se formen y difundan en “Madrid”, porque, efectivamente, “Madrid” ha venido a perder peso merced a la generalización de la autonomía. Obsérvese que he puesto Madrid entre comillas, porque el “Madrid” en cuestión no es la ciudad rompeolas de todas las Españas, como dijo el poeta ( y muy bien, por eso empleó el plural), es un locus politicus integrado por cuadros del nivel nacional de los partidos, funcionarios de la administración central, ejecutivos y empresarios de grandes empresas con sede en la capital, intelectuales y líderes de opinión domiciliados en la ciudad, y medios de comunicación que se creen nacionales porque se elaboran allí. Un locus politicus cuya sede física se halla en el interior del circuito dibujado por la M-30. Como suele suceder no hay nada más provinciano y localista que los capitalinos, y algo de eso hay aquí. No obstante concedamos que cabe la posibilidad de que el análisis que desde tan alta sede venga a ser total o parcialmente correcto y que, por ello, reciba un cierto asentimiento del país realmente existente. Veamos si es así.

 

Por de pronto hay que advertir que no parece que la ofensiva contra la transición que ha protagonizado la derecha radical y a la que ha contribuido la izquierda fernandina ( dícese de la izquierda que está de acuerdo con el Fernando VII del decreto de 4 de mayo de 1814: que una parte del pasado sea “de ningún valor ni efecto, ni ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo”), haya tenido mucho éxito. Preguntados los ciudadanos acerca de si la transición es para ellos motivo de orgullo ( no si les parece bien, sino si están orgullosos de la misma) , la respuesta no parece dudosa: un 7,9 no contesta, un 16,1, optan por el no y un 76,0 tiene el descaro de decir que sí, que para ellos es motivo de orgullo (véase baremo del CIS de noviembre de 2010), conservar treinta y tantos años después el score que obtuvo en diciembre de 1976 la Ley para la Reforma Política no parece un mal resultado. En todo caso no es uno de los que permiten argumentar que tiene amplio respaldo el juicio peyorativo de aquella parte de nuestro inmediato pasado, aquel que produjo los polvos que son la causa de los actuales lodos.

 

No es tan favorable el juicio sobre la Constitución, cosa comprensible porque el conservadurismo obtuso de los dos principales partidos no ha permitido adaptar a las nuevas necesidades un texto ya añejo y que en algunas partes esta claramente envejecido. Aun así, si bien la mayoría reclama la reforma (a favor 54,1, en contra 24,7 no sabe / no contesta 22,0), el indicador de satisfacción sigue siendo positivo (satisfechos 44,8, poco satisfechos 31,6, nada satisfechos 7,5, sin opinión 15,0, balance: 5,7 puntos a favor), siendo el 6,9 el peso de quienes mencionan la organización autonómica como necesitada de retoques (aunque no se dice cuales ni en que sentido). Si se hace una pregunta algo más detallada sobre este último punto me temo que lo que sale no va a ser muy “madrileño” en el sentido señalado. La última vez que se preguntó sale esto:

 

(las medias del último año son, por el mismo orden, 13,18; 12,65; 42,98; 14,63; 7,38 y el 9,22 para la suma de las dos últimas.)

 

Es decir la supresión no llega a recibir el respaldo de un séptimo y el revisionismo a la baja anda por un octavo, quienes desean mantener el sistema mas o menos como está son la mayoría relativa y quienes no quieren la recentralización son casi los dos tercios del total y casi un setenta por ciento de los que opinan. Debería ser motivo de meditación el que las propuestas restrictivas de la autonomía sólo son mayores de la media en los encuestados a la derecha del centro y el máximo (casi un 30%) se de en la derecha radical, en tanto que las propuestas ampliatorias están sobre-representadas a la izquierda del centro y sean los electores de ubicación centrada quienes desproporcionadamente apuestan por la continuidad (obsérvese que el dato nos dice que algo más del setenta por cierto de la derecha radical no quiere la eliminación de las autonomías y más de la mitad no desea su reducción).

 

Un resultado así no debería extrañarnos si recordáramos que la identificación territorial de los españoles crece según descendemos en la escala de tamaño (que a la postre es lo que cabría esperar, ya lo dice la Escritura: para amar al que no ves primero debes amar a quien ves). La última vez que se preguntó salió algo parecido a esto:

 

Identificación territorial. Enero 07.

                               0-1              2-3                4-6                   7-8               9-10               NS                            NC